Entrevista a Eduardo Bohórquez | Director ejecutivo de Transparencia Mexicana | Exclusiva Siempre!
Alguna vez un policía judicial me dijo: “la gente debe tener claro que en la cárcel están los pendejos y los pobres. Si el delincuente tiene billete, sale de inmediato”. No hay duda de que la enorme corrupción corroe las instituciones del país. Como asegura el sociólogo Roger Bartra: “la situación exige medidas drásticas que adapten las estructuras políticas a las nuevas condiciones. Está por verse si la clase política es capaz de abrirse al cambio”.
México ocupa el lugar 95 entre 168 países del índice de percepción de corrupción a escala mundial y el 11 entre los 22 países de América Latina, según Transparencia Internacional. Ante este gris panorama, en el Congreso de la Unión siguen estancadas las leyes secundarias de los Sistemas Nacional de Transparencia y Anticorrupción.
Luego de las distintas peticiones del sector privado de frenar la corrupción, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que este mal también se genera por parte de la iniciativa privada.
“Hay que decirlo: la corrupción —afirmó— no es un elemento privativo del ámbito público. Lo es también del ámbito privado y a veces van de la mano. Todos tenemos que sumar voluntades y hacer frente común en favor del Estado de derecho.”
Si bien es cierto que 68% de los países alrededor del mundo tiene un serio problema de corrupción, en América Latina es la regla. Los mejores ejemplos los podemos ver en Brasil y Guatemala, donde el expresidente Otto Pérez Molina, está en prisión por ser presunto líder de una estructura de defraudación aduanera conocida como La Línea.
Recientemente, el titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, sostuvo que la lucha contra la impunidad sí es posible en México con apoyo de la comunidad internacional.
“En general, en América Latina, con una debilidad —dijo— en el sistema de ministerios públicos y de organismos de justicia más o menos amplio, un modelo como el de la CICIG podría servir.”
Para Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, no es una buena idea que una comisión similar a la CICIG investigue casos de corrupción en el país.
Una CICIG aquí no es buena idea
“El caso guatemalteco —dijo— funcionó muy bien porque es un solo asunto, como el caso brasileño. Aquí tenemos un problema similar en cada estado, entonces no podríamos crear una constelación de CICIG para enfrentar los asuntos de exgobernadores como el de Nuevo León y Sonora. No creo en la justicia por outsourcing. Lo que tenemos que hacer es transformar nuestro sistema de procuración de justicia y hacernos cargo de la tarea.”
¿Es viable una Comisión Internacional contra la Impunidad en México?
La CICIG tuvo mucho apoyo del Departamento de Estado de Estados Unidos en términos presupuestarios, de capacitación técnica, y eso es muy importante cuando tienes a un presidente como Barack Obama, pero no sabemos quién va a estar en noviembre. No dudo de la autonomía técnica de la CICIG, pero creo que hacer justicia por outsourcing no es una buena idea.
Lo que tenemos que hacer es transformar nuestras instituciones, entender que el responsable de la lucha penal contra la corrupción es la procuradora general de la república y los procuradores de los estados. El gran nudo que tenemos entre la Auditoría Superior de la Federación y la Procuraduría General de la República es que la Auditoría informa a la procuraduría y al Ministerio Público de los asuntos que tiene que investigar, y no hacen nada.
Resolver por fuera lo que tenemos que resolver por dentro no es lo que necesita México. Lo que requerimos en este momento es asumir el problema como lo hicimos hace 15 años con el tema de transparencia. Decidimos un día crear instituciones y avanzamos.
Luego de los escándalos de corrupción como el de la casa blanca, ¿observa algún cambio en la visión de la clase política para enfrentar este grave problema?
El cambio viene de la exigencia social. En realidad todos los grupos políticos han tenido su propio escándalo. El de la casa blanca es grave porque atañe a la cabeza del Estado mexicano, al jefe del Ejecutivo federal. Al mismo tiempo estaba el tema de los moches panistas. Si revisas el tema desde una perspectiva nacional, hay escándalos en Tabasco, Aguascalientes, Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, Veracruz, Oaxaca, Chiapas. Cuando tienes esta composición, no ha sido porque la propia clase política reaccione ante un escándalo, sino porque se ha percatado de que hay una exigencia social cada vez mayor. Si hay algo que destacaría de lo que vivimos con la iniciativa 3 de 3, es que 310 mil personas no firmaron una iniciativa de ley por uno de los escándalos, sino porque creen que la clase política en su conjunto es sinónimo de corrupción.
Algunos dicen que es más un asunto de voluntad política…
No creo en la voluntad política. Cuando uno pone como respuesta esa frase en un problema de tanta complejidad, la voluntad política lo que hace es sentarse a esperar. La voluntad política siempre aparece cuando hay una sociedad exigente. Sucede en Brasil con el combate a la corrupción.
La gente está en la calle pidiendo la cabeza de Dilma Rousseff y de Lula, seguramente aparecerá la voluntad política, no tengas duda. Cuando la gente se movilizó en Guatemala, la voluntad política apareció y se terminó primero con la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y después con un proceso judicial contra la vicepresidenta Roxana Baldetti.
Y en Honduras, uno de los grandes casos de corrupción alrededor de un banco, la movilización social y cívica permitió una actuación sin impunidad. Como sociedad no podemos esperar a que la voluntad política aparezca mágicamente, hay que construirla.
El Senado ha mostrado apertura
¿Por qué en México con tantos casos de corrupción no existe una reacción contundente de la sociedad? Hay indignación pero no se demuestra.
Somos una sociedad muy tolerante con la corrupción porque algunos son parte de ella. Hay una especie de pacto tácito: “yo no voy a criticar al gobierno, salvo en la sobremesa o en la comida familiar de los domingos, porque sé que evado impuestos”. Me parece que lo sorprendente de este momento es que ya llegó a tal punto la corrupción y la impunidad, como tema sistémico, que incluso aquéllos que guardaban silencio ahora comienzan a alzar la voz. Por ejemplo, el empresariado dice con más firmeza que hay un problema de Estado de derecho. Lo hizo en su momento Gerardo Gutiérrez Candiani al frente del Consejo Coordinador Empresarial, ahora lo ha hecho Juan Pablo Castañón; recientemente la Coparmex. Está tan fuera de control el tema de la corrupción que, incluso, el sector empresarial y otros actores ya se están movilizando.
¿Confía en que el Congreso tome en cuenta la iniciativa 3 de 3: legislar aspectos para una nueva cultura política, basada en una mayor apertura frente al ciudadano?
La señal que dio hace unos días el Senado de la República, en voz de su presidente, Roberto Gil, es que independientemente del proceso que siga el Instituto Nacional Electoral sobre la validación de las firmas, el Senado podría presentar la iniciativa, hacerla suya. Lo que da seguridad es que se va a incorporar en la discusión técnica. ¿Confiamos en eso?, sí; ¿confiamos en que se va a tomar toda la iniciativa?, no; porque en un proceso legislativo uno no puede asegurar que una iniciativa sea discutida y analizada. En otras palabras: el Senado ha mostrado apertura, pero como se decía en tiempos de la negociación de la Guerra Fría: “hay que confiar, pero verificar”.
¿En qué momento se encuentra la discusión de las leyes secundarias de los sistemas nacional de transparencia y anticorrupción?
Me preocupa más la Ley Federal de Transparencia, que está trabada en la Cámara de Diputados. En cambio, en el tema anticorrupción las distintas iniciativas han cobrando fuerza: la que presentó el senador Armando Ríos Piter, la del grupo parlamentario del PAN, la del PVEM-PRI. ¿Qué va a suceder en anticorrupción que no va a pasar en transparencia? En anticorrupción hay una mayor complejidad. Mientras que la Ley Federal de Transparencia sólo es una ley reglamentaria de un artículo de la Constitución, en el Sistema Nacional Anticorrupción se tocaron 14 artículos de la Carta Magna, y se espera que se tengan que modificar hasta 22 leyes. Un buen sistema anticorrupción tiene que revisar la Ley de Obras Públicas, no sólo la parte punitiva, de fiscalización y control, sino también aquellas leyes donde se genera la corrupción. Creo que será un periodo muy largo de discusión técnica, aunque hay un transitorio en la Constitución para que en mayo salgan las dos leyes generales que serían las primeras dos leyes del Sistema Nacional Anticorrupción.
No hay consecuencias legales
¿En México existe la idea de lo que debe ser un servidor público? Porque está presente el juicio de que es la mejor vía para enriquecerse…
Parte con lo que intentamos con la iniciativa 3 de 3 es definir 10 tipos de conductas que son corrupción, sobre todo para que el servidor público lo entienda. Al servidor público, como le exigen una forma de trabajar que la ley no lo establece, como no hemos profesionalizado el servicio público, existe la sensación de zona gris y de tolerancia. Lo que preguntas es muy importante porque definir qué sí debe ser el servicio público ayudaría a que se tomen mejores decisiones cotidianas.
Una de las sanciones más frecuentes aplicadas en el país es la amonestación verbal pública, que básicamente te conminan a cumplir con la ley frente a otros servidores públicos. ¿Cómo ayudamos a que los buenos servidores públicos se mantengan así? Que no vivan aterrorizados por malas condiciones laborales, o con la amenaza de que si “rajan” serán despedidos. La iniciativa pide protección a quien denuncie un acto de corrupción, que no existan represalias.
¿Cómo explica que México, en el más reciente índice de percepción de corrupción, ocupe el lugar 95 entre 168 países y sea superado por El Salvador o Surinam?
Hay dos tipos de explicación. La primera tiene que ver con la naturaleza de nuestro país. Las federaciones son países muy distintos a las repúblicas unitarias. El Salvador es una república unitaria, mientras que México es una federación. Esto no quiere decir que un territorio grande justifique nada, pero sí es más complejo entender el fenómeno de la corrupción, ¿por qué?, porque tienes 31 gobernadores y un jefe de gobierno con presupuestos varias veces más grandes que El Salvador, hay más oportunidades de corrupción que en esa nación.
El segundo asunto tiene que ver con que muchos de los países donde se detecta la corrupción se castiga bien, y nosotros tenemos una fórmula muy desafortunada de corrupción e impunidad juntas. No sólo conocemos más casos de corrupción por las leyes de transparencia, por la apertura gubernamental en general, sino que sabemos que no va a pasar nada. Hoy sabemos que hay más casos de corrupción pero que no hay consecuencias. Esa combinación es la que nos ubica en el lugar en donde estamos a escala internacional. No observamos consecuencias legales.
Como el caso Veracruz…
Fíjate lo interesante: el hecho de que la reacción del gobernador de Veracruz sea una reacción mediática, ilustra la gravedad del problema. Él cree que puede contener en los medios el escándalo. Sale en una fotografía con sus familiares, trata de transmitir empatía, cuando lo único que debió instruir es atender las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y actuar en consecuencia con aquéllos que traicionaron la confianza de los veracruzanos. Es increíble, me sorprende que la idea del mandatario de enfrentar el asunto es salir frente a los medios y citar índices de apertura y datos, en lugar de atender el caso de fondo. Evidencia muy bien la situación que tenemos, todos nos enteramos de que el gobernador no pudo comprobar 35 mil millones de pesos y no pasa nada.
A un año de la designación presidencial de Virgilio Andrade como secretario de la Función Pública, ¿cómo califica su labor?
Él aceptó una misión imposible, la misión de investigar a su jefe. Lo dije desde el día de su nombramiento y sigo pensando lo mismo: hubiera sido más sano para la vida de la república la creación de una comisión desde el Congreso, y así realizar una investigación independiente. Su desempeño quedará marcado por esta designación presidencial de investigar el tema del conflicto de intereses, y será muy difícil que lo bueno que se haga en la secretaría se pueda reconocer, más aún si hay funcionarios de la dependencia con poca sensibilidad política. Esta misión imposible ha marcado y marcará la administración de Andrade.