Cuando el Estado les falla
La desaparición de una sola persona debe ser suficiente para preocuparnos ya que significa que todas las instituciones del Estado han fallado; pero si hablamos de decenas de miles de desapariciones, la crisis ha derivado en desastre.
La desaparición de personas es un flagelo que debe tatuarse en la piel de toda nuestra nación para que no olvidemos a todos nuestros ausentes y a las familias que les buscan sin tregua.
Comprener el dolor y la desesperación de esas familias exige escucharlas externar cada uno de los sentimientos experimentados desde el momento en que supieron que sus vidas habían perdido la tranquilidad; debemos mirarlos directamente a los ojos para sentir la rabia por la indiferencia e irresponsabilidad de las autoridades.
Así pensamos quienes en el Senado de la República analizamos las distintas iniciativas para comenzar el debate, construcción y aprobación de una legislación que siente las bases para prevenir, sancionar y erradicar la desaparición de personas.
Por ello, realizamos en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco la Audiencia Pública Regional sobre la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas.
En las mesas de trabajo, familiares de desaparecidos y organizaciones de la sociedad civil demandaron no minimizar la crisis humanitaria que viven familiares de 27 mil personas desaparecidas —según cifras oficiales—, por lo que la ley no debe hablar de personas “no localizadas” sino desaparecidas.
Fueron claros al decirnos que no quieren medidas aisladas sino un sistema nacional que haga las veces de eje articulador y ejecutor de una política de búsqueda de personas, donde participen todas las dependencias de salud, seguridad y justica, apoyadas por las compañías telefónicas y el sector bancario.
Un punto de coincidencia fue el señalamiento por los malos tratos, insensibilidad e ineficacia en que han incurrido las autoridades durante los procesos de denuncia y búsqueda; lo más preocupante fue la denuncia por la complicidad y participación de cuerpos policiacos en actividades de la delincuencia organizada, como el secuestro y la desaparición de personas en falsos operativos y retenes.
Desafortunadamente, nuestro país se ha convertido en una tumba sin nombre para personas en situación de migración, por lo que sus familiares exigieron que el mecanismo de búsqueda incluya a personas centroamericanas que desaparecen en su paso por México para llegar a Estados Unidos.
Nos dijeron que en muchos casos las autoridades migratorias están vinculadas con el crimen organizado y son responsables de malos tratos; pero no sólo eso, en la ruta migratoria que atraviesa varios estados del país, hay presencia de organizaciones del crimen organizado que secuestran a los centroamericanos para trabajar de manera forzada.
La ruta hacia la dictaminación de una ley general que prevenga, sancione y erradique la desaparición forzada de personas y la desaparición de personas por parte de particulares inició con la reforma del artículo 73 constitucional y fue la respuesta a las demandas de las familias de víctimas y de la sociedad civil organizada.
Ése fue un primer paso para que el Estado respondiera efectivamente a cada una de las familias que han batallado en la búsqueda de sus seres queridos, pero la ley primero debe unificar la actuación los tres órdenes de gobierno en la búsqueda, de manera prioritaria, de las personas que han desaparecido.
También deberá promover un cambio en la atención y actuación de las policías en el momento inmediato posterior a la presentación de la denuncia por la desaparición de un ser querido, pues las primeras 24 horas son cruciales para conocer el paradero de la víctima.
Fue evidente que urge revisar a fondo la Ley de Atención a Víctimas, pues a dos años de su promulgación no ha respondido debidamente a las expectativas, pese a que la legislación considerara a las víctimas y a sus familias; deben corregírsele muchos aspectos, entre ellos, el lentísimo acceso a los recursos del Fondo de Víctimas, el cual implica una injusticia para quienes acuden a solicitar apoyos que por ley el Estado debe proporcionales.
Pero la reparación integral del daño, la reparación integral a las víctimas no solamente significa tener acceso al Fondo, significa conocer la verdad, significa que haya justicia, significa que también se castigue a los culpables.
Todas las preocupaciones, exigencias y propuestas que nos hicieron saber en la Audiencia Pública Regional sobre la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas estarán incluidas en el debate y dictaminación de la ley; ése ha sido y es nuestro compromiso.
Estamos comprometidos con la causa de las víctimas de desaparición forzada y la cometida entre particulares, y sus familias; la ciudadanía debe tener confianza en que la ley que apruebe el Congreso de la Unión responderá a las exigencias de cada personas que tiene a un ser querido desaparecido.
@angelicadelap
Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del Senado.