Ataques provenientes de estructuras oficiales
Contrario a la narrativa oficial, México está inmerso en una grave crisis humanitaria que golpea más severamente a sectores vulnerables, como el de las mujeres. Baste señalar que núcleos numerosos de la población femenina viven en extrema pobreza, lo que les impide ejercer el derecho humano a la vida digna y el derecho humano al proyecto de vida. Los megaproyectos empresariales, sobre todo los derivados de la reforma energética, agreden la cosmovisión, la identidad y los derechos humanos de las indígenas.
La violencia de género, incluida la inaudita violencia obstétrica, es una constante. Las violaciones, la esclavitud sexual, los feminicidios y los crímenes de odio contra integrantes de la comunidad lésbica son una abominable práctica. El acoso, la discriminación, las humillaciones contra quienes ejercen el maravilloso derecho humano a la maternidad y la precariedad de las condiciones laborales de las mujeres están a la orden del día.
Muchas mujeres han sido víctimas de desaparición forzada, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Las migrantes son objeto de actos barbáricos que mucho se parecen a los que se llevaban a cabo en Auschwitz, Treblinka, Dachau y otros horrendos campos de concentración. Luchadoras sociales como Nestora Salgado han sido perseguidas y encarceladas por la sola circunstancia de haber hecho suya la bandera de la justicia.
Defensoras de derechos padecen ataques que provienen de las estructuras gubernamentales, tal es el caso de Claudia Paz y Ángela Buitrago, integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, órgano creado en virtud de un acuerdo suscrito entre el Estado mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, contra las cuales se ha proyectado una tremenda embestida mediática que tiene como propósito obligarlas a que den marcha atrás en los serios señalamientos que provocaron el derrumbe estrepitoso de la “verdad histórica” apuntalada por la PGR.
Quienes fueron objeto de los crueles crímenes de Estado perpetrados el 2 de octubre de 1968, el 10 de junio de 1971 y durante la nefasta guerra sucia no han sido visibilizadas ni reconocidas como víctimas, es decir, sobre ellas gravita la indigna losa del silencio cómplice.
A las madres, esposas e hijas de los mineros de Pasta de Conchos se les ha negado el derecho a la recuperación de los restos mortales de sus seres queridos e igualmente se les ha impedido el ejercicio del elemental derecho humano a la elaboración del duelo.
A las madres de los normalistas de Ayotzinapa se les ha dado un trato a todas luces infame y, asimismo, se ha pisoteado su derecho humano a la verdad, a la justicia, a las reparaciones integrales y a la preservación de la memoria histórica de sus hijos.
La violación sistemática de los derechos de las mujeres no escapará al escrutinio de la Comisión Interamericana, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el organismo ONU Mujeres y otras instancias internacionales competentes en la materia.