Política ambiental
Desde el principio de su aplicación, el programa Hoy no Circula se ejecuta en forma inconstitucional y no da los resultados esperados por la falta de generalidad y de universalidad.
El artículo 4 constitucional, en su párrafo quinto, establece: “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.
Esta norma constitucional crea una garantía individual y un derecho humano para el gobernado; al mismo tiempo, establece una garantía social para el beneficio colectivo. Cuando los programas de protección ambiental —como el que hoy comentamos— no tienen una aplicación general y sólo se impone a los automóviles particulares, es claro que no puede tener éxito, y, además, viola la esencia de la garantía en comento.
En efecto, se ha establecido, sin la menor duda, que el parque vehicular de trasporte pesado produce el 80% de gases precursores de ozono, así como el trasporte público de pasajeros federal y local que son emisores de gases que dañan el ambiente. Por lo que, de acuerdo con la norma constitucional, existe responsabilidad de la autoridad —que no ha tenido la capacidad ni el valor— para ejecutar una auténtica política ambiental, tanto en lo federal como en lo local.
Por eso, nos parece irrisorio que el jefe de Gobierno de la Ciudad de México salga a los medios a decir: “es un hecho, porque estuvimos todos y todos estuvimos de acuerdo”. No se trata de que “esos todos” —los gobernadores de la megalópolis a los que se refiere Mancera— se pongan de acuerdo, se trata de que un programa responda a sus objetivos fundamentales y respete la Constitución. Tiene que haber proporcionalidad y equidad en el desarrollo de ese proyecto, por lo que sería absurdo que se impusieran medidas más rígidas a los particulares, sin antes haber incluido todo el trasporte que circula en la megalópolis, independientemente de que sea servicio público o no, federal o local, y aún más, se deben restringir las emisiones que realizan las miles de industrias que todos los días contaminan.
Los programas no pueden aplicarse por capricho de un día para otro, sin una base verdaderamente científica y técnica, no se trata de hacer como que se resuelven las cosas, sino resolverlas de verdad.
El artículo 10 de la Constitución establece el derecho y la garantía de la libertad de tránsito, disposición que es violada con el acuerdo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis.
La violación a este artículo es clara cuando la nueva política “hoy no circula” se aplica, sin restricciones, a todos los particulares que ven violado su derecho al libre tránsito con ésta draconiana medida.
No se puede tolerar esa visión prepotente del gobierno de la Ciudad que cambia, día con día, de criterios, según las mediciones del pulso electoral.
La megalópolis merece un ambiente limpio, pero también una explicación clara de lo que está sucediendo; de otra suerte, seguimos en el caos de la incertidumbre, los caprichos, la ineficiencia y la torpe aplicación de la política pública.