No ocurrió en Panamá ni involucra a ninguna empresa de aquél país. Tampoco ha sobresalido en las noticias internacionales porque no aglutina el gigantesco listado de los primeros, pero en Chile también se desmarañó una red de corrupción, evasiones financieras, sobornos, corrupción y otros delitos igual de lindos, algunos relacionados al tema de la evasión tributaria.
Ahí el gran problema lo encontraron los fiscales y reporteros de investigación que han dedicado más de 12 meses a dar seguimiento al Chile Papers, difundiendo los resultados de sus trabajos y exponiéndose al castigo de autoridades y empresarios involucrados en el tema.
La censura les ha llegado a los periodistas chilenos que, junto con los fiscales, llevaron a cabo la investigación y dieron con una intrincada red ilegal de contribuciones a campañas electorales, sobornos y corrupción, que ha implicado a importantes empresarios, a miembros del congreso y a la familia presidencial, de acuerdo a lo que han podido manejar algunos medios locales.
Las revelaciones y la filtración de nombres y documentos,detonaron el actuar inmediato del Legislativo: los senadores aprobaron una ley mordaza que garantiza castigos de hasta 541 días de cárcel a cualquier persona, que difunda información sobre proceso judiciales en curso, como el caso de la investigación Chile Papers.
El Colegio de Periodistas en Chile ha expresado su inconformidad con el proceder de su senado, tras la clara intención de sus integrantes de restringir la libertad de prensa, más aún “en una época en que la élite gobernante pasa por momentos vergonzosos”.
Los periodistas cuestionan como nunca antes se les restringió de esa manera el manejo de la información cuando se trataba de cualquier otro caso de corrupción y delitos diversos.
Javiera Olivares, presidenta del Colegio de Periodistas en Chile, puso el dedo en el renglón cuando asentó que “los derechos de esa gente también se afectaron, pero esta ley se aprueba cuando son los poderosos quienes están bajo escrutinio”.
Desde finales del 2014, los fiscales y periodistas comenzaron a investigar y a revelar los resultados alcanzados, iniciando con el análisis de un sistema de facturas falsas, las cuales eran emitidas por una de las compañías financieras más grandes de Chile: el Grupo Penta.
De acuerdo a la investigación, dichas facturas eran usadas para desviar recursos a favor del partido de derecha Unión Demócrata Independiente (UDI), y a la vez esto se usaba para evitar el pago de impuestos.
En el Chile Papers están involucrados empresarios, como los propietarios de Sociedad Química Minera de Chile (SQM), señalada por financiar a candidatos presidenciales (la actual presidenta por ejemplo); también están involucrados legisladores, políticos, la familia de Michelle Bachelet. Son más de 190 los que, presuntamente, integran la dichosa lista negra y que son vinculados a actos de corrupción, evasión fiscal, fraude, lavado de dinero y mil detalles más. En todos lados se cuecen habas.