A casi dos años de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, y el repudiado “ya me cansé” del extitular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, el caso de “los 43 de Ayotzinapa” parece tener un giro. Se presume que gente cercana a las familias de los desaparecidos, tiene nexos con el crimen organizado.
Un video que circula en internet, exhibe fragmentos de una conversación telefónica entre Mario González Contreras, padre de uno de los desaparecidos, y Vidulfo Rosales, representante de las familias y actual abogado de Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la Montaña. El fondo del asunto: González Contreras recibió amenazas por parte del grupo Guerreros Unidos, el cual opera en Arcelia, Ciudad Altamirano e Iguala, para que repartiera entre las familias afectadas 200 mil pesos que, de acuerdo con el grupo criminal, les habían sido entregados.
¿Quién se atribuye la autoría del video? El grupo de Los Rojos, una célula del crimen organizado derivada del cartel de los Beltrán Leyva (al igual que Guerreros Unidos), quienes operan principalmente en Chilpancingo y pelean el territorio de Iguala, lugar en donde también operan los Guerrero Unidos.
La “explicación” que ha dado Rosales fue que el grupo perteneciente al crimen organizado, debe referirse a recursos que supuestamente les fueron entregados por parte del sindicato del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Esto se debe a que en diciembre de 2015, los padres asistieron a un evento con dicho sindicato, el cual “se comprometió” a ayudarles con despensas y dinero. Sin embargo, el propio Rosales admite que los trabajadores de la institución se mostraron inconformes ante el hecho. ¿Por qué?
Alegan que los padres llevaron únicamente las despensas y no el dinero a la normal rural, como se había acordado. Cabe mencionar que éste último provenía de un descuento directo realizado a los empleados por parte del sindicato, sin su consentimiento. También existió descontento por parte de los padres; al parecer el dinero entregado nunca llegó a sus manos ya que, quienes asistieron al evento, aseguran que únicamente les fueron ofrecidas las despensas.
En el video, previo a la conversación, se puede apreciar un texto en el que Los Rojos cuestionan los objetivos y la legitimidad del movimiento impulsado por la desaparición de los estudiantes. “Pa que quede claro quienes son sus amistades y hasta dinero reciben los padres de los ayotzinapos y sus pinches abogaditos.” Rosales reconoce la existencia de las amenazas por parte Guerreros Unidos. La conversación entre él y González Contreras ocurrió el 2 de marzo, alrededor de las 3 de la tarde. Niega categóricamente la existencia de nexos con el crimen organizado.
Cabe preguntarse: ¿Se trata de una jugada para detener las investigaciones y cerrar el caso? ¿Buscan desvirtuar y frenar el impulso del movimiento nacido a partir de la desaparición de los estudiantes? ¿Se trata simplemente de una táctica, por parte de Los Rojos, para desprestigiar y ganar territorio a sus rivales? Lo que se puede interpretar del material de audio, es que ni Rosales ni González están seguros de que los padres hayan recibido los recursos. Y de haberlo hecho, tampoco han, hasta el momento, comprobado su procedencia.
En conferencia de prensa, llevada a cabo el 6 de abril, miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Investigadores (GIEI), órgano encargado de realizar los peritajes en el basurero de Cocula, aseguraron que se retirarán de la investigación si la PGR no cumple con las condiciones pactadas. Claudia Paz y Paz, expresó que “el grupo no va a contribuir a la confusión difundiendo aspectos preliminares sobre un problema complejo”. Ello después de que la PGR diera a conocer el pasado 1 de abril los resultados obtenidos del tercer peritaje realizado por miembros del Grupo Colegiado de Expertos en Materia de Fuego. Cabe mencionar que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), también ha realizado investigaciones en el lugar.
El GIEI fue creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para brindar asistencia técnica internacional, desde el punto de vista de los derechos humanos, en la investigación. Su involucramiento en el caso se debe a que los padres exigieron llevara la batuta en las investigaciones Si bien el GIEI ha cumplido con su trabajo, no ha estado exento de ataques.
La autoridad y capacidad de Ángela María Buitrago, miembro y reconocida abogada colombiana, para llevar a cabo la investigación han sido cuestionadas. Se le acusa de desaparecer evidencia, cuando fungía como Fiscal en la Suprema Corte de su país, que exculpaba al coronel Luis Alfonoso Plazas Vega de la condena impuesta por la desaparición forzada de dos personas.
¿Cuál ha sido el resultado hasta el momento? La hipótesis propuesta por el cuerpo de investigación de la PGR, se contradice con las versiones, elaboradas de manera independiente, por el EAAF y el GIEI. Mientras el primero asegura que al menos 17 cuerpos fueron incinerados en el basurero, la contraparte niega que hubiera existido un fuego de la magnitud necesaria para dicho efecto.
En este marco, Murillo Karam sostuvo una reunión privada con un grupo de “diputados especiales” fuera del Congreso de la Unión, con motivo del caso. Dicha reunión será sucedida por un encuentro con el responsable de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín del Rincón. Asimismo, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, declaró que en el mes de abril se termina el plazo para que el GIEI determine el paradero de los estudiantes. Sin duda alguna, cada vez más son las aristas que se descubren y es menor el tiempo del cual se dispone.