El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) no podría hacer en Estados Unidos lo que ha venido haciendo en México. No podría operar como un gobierno supranacional que busca imponer a otro reglas, condiciones, pero sobre todo verdades.
Al GIEI le molestó, así lo confesó ya, el tercer peritaje que llevó a cabo el Grupo Colegiado de Expertos en Fuego porque le echó para abajo lo que también pretendía imponer como verdad histórica.
Pero, ojo con el detalle: los integrantes del GIEI se cuidaron en conferencia de prensa de no descalificar el resultado técnico, elaborado por especialistas internacionales tan independientes y acreditados, como dicen ser ellos.
Se fueron contra la decisión que tomó la Procuraduría General de la República de dar a conocer el informe técnico sin haberlos consultado. Acusaron a la institución de haber hecho una difusión irresponsable del contenido porque eso, aseguran, “golpea la integridad psicológica de las familias” de los 43 normalistas desaparecidos.
El posicionamiento del GIEI estuvo, otra vez, cargado de un activismo propagandístico que busca además de desacreditar a las instituciones mexicanas, aparecer como víctimas de ellas.
“Durante todo este tiempo —dijeron— hemos hecho frente a acusaciones y señalamientos en contra nuestra”.
Las verdaderas víctimas no son los integrantes del GIEI, por cierto, muy bien pagados por el gobierno mexicano y los diferentes organismos para los cuales trabajan, sino los padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa y los 123 millones de mexicanos que hemos sido testigos del uso político y económico que han hecho de la desaparición y asesinato de los jóvenes.
La victimización a la que recurre el GIEI es un curarse en salud ante los nuevos indicios que demuestran su omisión y pasividad activa ante las evidencias que confirman los vínculos entre el crimen organizado y la tragedia de Iguala.
El audio que circuló en redes sociales donde el grupo delictivo de Los Rojos sostiene que los padres de familia de los 43 estudiantes y su abogado, Vidulfo Rosales, reciben dinero de Guerreros Unidos, muestra que el multihomicidio no puede entenderse ni aclararse si no se toma en cuenta la participación del narcotráfico.
Sin embargo, nunca se ha visto al GIEI interesarse en responsabilizar el crimen organizado de los hechos. Tampoco recomendar, como le correspondería hacerlo, de acuerdo al convenio que firmó, modificar las condiciones de vida en la sierra de Guerrero, para que la producción de opio deje de ser la única fuente de empleo de la población.
Lo cierto es que los integrantes del GIEI, primero, asustaron y luego chamaquearon al gobierno de México. Esta es la primera experiencia que tiene el país con una ONG que busca construir su prestigio —para así elevar los niveles de cotización— a costa de la estabilidad de un país que puede tener todos los negativos que se quiera, pero que es ingenuo en materia de perversidad internacional.
Casi todos los integrantes del GIEI proceden de naciones donde se han producido golpes de Estado. Conocen, porque ellos, sus familiares o amigos, fueron víctimas de dictaduras represoras, la forma como un Pinochet, un Videla o un Franco desaparecían y asesinaban a sus enemigos políticos.
Y llegan, tratando de trasladar a México lo que sucedió en sus lugares de origen, para justificar la aplicación de un esquema en defensa de los derechos humanos que mucho tiene que ver con un movimiento ideologizado, y muy poco, con la búsqueda objetiva y despolitizada de la verdad.
Si de ofensas se trata, el GIEI nos ha ofendido a los mexicanos. Y lo ha hecho, sobre todo, cuando fue al Parlamento Europeo a pedir que se impusieran sanciones económicas a México porque el gobierno no acepta su verdad sobre Iguala.
Sobra decir, que el GIEI fue a cabildear a favor de incrementar la pobreza y el hambre de los mexicanos. Por ese solo hecho, merecería, ya, estar fuera del país.
@PagesBeatriz