PGR tiene prisa por sacar al GIEI

Con la intención de concretar de una vez por todas el “¡ya supérenlo!”, las instituciones están dedicadas a imponer la hipótesis oficial sobre los asesinatos y desapariciones ocurridos en Iguala en septiembre de 2014. Importa poco si ni siquiera se sabe dónde fueron a parar los 43 muchachos secuestrados por la fuerza pública. Se trata de darle carpetazo al asunto y poner oídos sordos al previsible escándalo internacional.

Para empezar, la Procuraduría General de la República (PGR) ya decidió que el autobús 3278 de la empresa Flecha Roja no fue utilizado para transportar droga. Las versiones que circularon en Estados Unidos sobre el asunto eran falsas, dice la Procu, pues en realidad la droga se transporta en camiones foráneos de las firmas Vulcano y Monarca con sede en Guadalajara, o bien, agregamos, se hace en avión, lancha, bicicleta o tameme, pero no en una empresa impoluta y libre de accidentes como Flecha Roja.

En el afán de cerrar la investigación, la PGR echó mano de “expertos internacionales” (valgan las comillas) y revivió parcialmente la verdad histórica, según la cual las víctimas fueron incineradas en el basurero de Cocula, aunque ahora ya no son 43 los cremados, sino sólo 17. Y si alguien quiere saber qué pasó con los otros muchachos, que vaya mucho y le pregunte a Chucho (Murillo Karam), a ver qué inventa.

Esta prisa de la PGR, es decir, del gobierno federal, tiene la intención de sacar del escenario al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) contra el que se ha lanzado una sucia y onerosa campaña de distracción, mentiras, ofensas y descalificaciones. Se ha organizado toda una cruzada contra los expertos del GIEI, a quienes ya quieren ver fuera de México.

Como el GIEI cuenta con el aval de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues nada mejor que llenar de lodo a Emilio Álvarez Icaza, secretario general de ese organismo del que México es miembro pleno. La sucia maniobra gubernamental ha llegado al extremo de dar entrada a una demanda con Álvarez Icaza, la que por supuesto carece de consistencia y de decencia.

El gobierno mexicano está irritado por la insistencia del GIEI en interrogar a miembros de las fuerzas armadas y en inspeccionar el cuartel de Iguala para explicarse la aparente indiferencia de los militares en la noche trágica. Para el gobierno mexicano el asunto no es negociable, quizá porque ya no está en posición de dar órdenes a los uniformados, pues depende de ellos. El caso se parece mucho al de Juan María Bordaberry, aquel presidente uruguayo que en los años setenta diera un golpe de Estado con apoyo de los militares, hasta que meses después, cuando ya no lo necesitaban, simplemente lo defenestraron.