Entrevista a Marco Fernández | Profesor de la Escuela de Gobierno del ITESM | Exclusiva Siempre!

 

A unos días de que concluya el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, las posiciones en torno a las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se endurecen, se abre una brecha más profunda por las diferencias en temas clave y los acuerdos y los consensos entre fuerzas políticas que dejen a todas las partes contentas se ven más lejanos.

Tal parece que las leyes anticorrupción tendrán que esperar un mejor momento político, ya que la discusión técnica sobre los alcances de la participación ciudadana en el sistema, precisión en las faltas administrativas, fortalecimiento de la Auditoria Superior de la Federación, la Ley 3 de 3 y el nombramiento del nuevo fiscal son algunos de los temas que mantienen empantanado el proceso legislativo y en los cuales el PRI quizá no esté dispuesto a ceder tan fácilmente.

Para Miguel Barbosa, coordinador del PRD en el Senado, en estos momentos lo que se vive la Cámara alta es una crisis institucional en la construcción de estas leyes anticorrupción. “Se ha abandonado toda legalidad, todo cumplimiento de los acuerdos parlamentarios. PRI y Verde Ecologista se han negado a que haya un proceso deliberativo de discusión para construir la ley reglamentaria del SNA.”

En conferencia de prensa denunció que “han sido públicos los plantones, el abandono de las mesas de discusión, el deseo de controlar el proceso legislativo para que solamente se construyan documentos sin debate y basados en su visión; es lo que ha prevalecido”.

En ese mismo sentido el dirigente nacional del PRD, Agustín Basave, se pronunció: “el PRI ha mostrado ya sus cartas y ha dejado claro que está en contra del combate a la corrupción. Esto quedó claro en estos últimos días en donde con diversos pretextos y utilizando diversas estratagemas anunciando que son inconstitucionales algunas medidas. Está detrás de todo ello su verdadera intención de frenar los avances que el bloque opositor del PRD y el PAN junto con organizaciones de la sociedad han conformado, y quieren frenar eso, detenerlo a como dé lugar, es decir, quieren detener el avance en materia anticorrupción”.

 

El PRI quiere “achatar” el SNA

En estos momentos, advirtió el líder nacional de los perredistas, el tricolor podría presentar, en estos días, “un predictamen en donde de manera unilateral, junto con el Verde, por supuesto, anuncien una propuesta que sería achatar el SNA”.

En un mensaje ante la opinión pública, el pasado 25 de abril, Basave llamó al Grupo Parlamentario del PRD en el Senado para que se mantenga unido y exhortó a los senadores del PAN para que se mantengan también unidos en el frente que conformaron en contra de la corrupción, así como resistir el embate del PRI que está defendiendo intereses ilegítimos y que quiere proteger a sus gobernantes”.

Por su parte, ese mismo día, el PAN también fijó su posición ante los hechos ocurridos y afirmó que es “inalterable su agenda anticorrupción en alianza con la sociedad civil y el PRD”.

Eso es lo que hay hasta estos momentos, y el reloj legislativo avanza, el tiempo se agota y los escenarios no cambian para que las tres comisiones dictaminadoras puedan elaborar un proyecto que pueda aprobarse ya. Hay que decir también que el pasado martes se cumplió el plazo estipulado por la Constitución Política —26 de abril— para que entrara en vigor el SNA, y el 30 de abril es el último día del periodo ordinario de sesiones en el Congreso.

En entrevista exclusiva con Siempre! Marco Fernández Martínez, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), investigador de México Evalúa y uno de los integrantes del comité técnico que representa a la sociedad civil en la discusión de la ley reglamentaria en la Cámara alta, acepta que el escenario para la aprobación de las leyes anticorrupción es complicado y en su opinión no cree que “vayan a salir las siete leyes que está pidiendo la oposición, al menos no en este periodo ordinario que está por concluir, porque ni siquiera las dos leyes que le interesan mucho, la de Fiscalía Anticorrupción y la del Código Penal, han sido turnadas a comisiones para su dictaminación.

Al menos —asegura Fernández— “yo estoy consciente de que definitivamente no saldrá en ambas cámaras la aprobación de estas leyes. No sé si los tiempos darán para que por lo menos salgan en el Senado y en el caso de la Ley de Fiscalización salga en la Cámara de Diputados para entonces irse al Senado, no lo sé, pero lo veo difícil”.

Sin embargo, afirma que en el fondo él prefiere mil veces que aunque dilate “un poco más la discusión, salgan las leyes lo más sólidas posibles, para realmente cumplir con las expectativas y con las necesidades que tiene el país en esta materia y evitar la tentación de legislar porque está acabando el periodo legislativo a una velocidad en la que, por algún motivo, por las prisas se nos vayan a ir detalles importantes en esta legislación fundamental para el país”.

La gente, harta de la impunidad

Marco Fernández agrega que “ahí están las encuestas de opinión pública que constatan que la gente está harta de ver tanta impunidad, de ver que ésta se explica por malas leyes, por malas autoridades que aplican las leyes existentes y que en ese sentido la clase política, nosotros, como miembros de la sociedad civil, tenemos que dar todo el esfuerzo posible para hacer de forma profesional las mejores propuestas en esta materia y que sí tengamos una legislación que ayude, no es el único aspecto, pero que sí ayude para ir avanzando en la lucha contra este problema social como es la corrupción”.

Entre los temas sensibles en los que no se ha logrado el consenso están “el papel que la Constitución establece para la participación ciudadana, cómo operar el Sistema Nacional Anticorrupción. Al principio el gobierno federal no estaba muy de acuerdo con que los ciudadanos presidieran el SNA”.

Sin embargo, en declaraciones públicas a los medios de comunicación el senador Pablo Escudero, presidente de la Comisión Anticorrupción del Senado, manifestó que estaban abiertos a esa posibilidad y que incluso “una forma para poder acercar posiciones era garantizar que dentro del comité ciudadano que contempla la Constitución como parte del Sistema Nacional Anticorrupción, la coordinación de ese comité fuera rotatoria para prevenir que hubiera la tentación de que algunos de los miembros del comité se volvieran demasiado poderosos, sin contrapesos, respecto a sus compañeros”.

Hay otros puntos en los que, como todo producto humano, se busca mejorar y acercar posiciones, “hay una preocupación para precisar los tipos de faltas administrativas graves que se han propuesto y garantizar que estos tipos no vayan a omitir conductas que el día de hoy se castigan, como el acoso sexual o cosas así, por tener tipos muy reducidos en la lista de faltas administrativas graves, eso también se está discutiendo”.

De igual forma, hay discusión sobre realmente garantizar la fortaleza de la Auditoría Superior de la Federación para que “ésta haga toda la investigación y no que cuando empiece a hacer alguna investigación y de encontrar algunos cosas que están mal, se las pase a los órganos internos de control; esa parte venía en el primer documento y en el segundo documento propuesto por el Partido Verde Ecologista y el PRI; nosotros como invitados de los senadores a las mesas les señalamos los inconvenientes de una propuesta de esta naturaleza, porque realmente mermaba lo que la Constitución en la reforma del año pasado establece para precisamente hacer que la Auditoria Superior tenga facultades de investigación”.

Seguiremos dando la batalla

Fernández Martínez afirma que los integrantes del comité técnico de acompañamiento, conformado por académicos, especialistas y activistas, están conscientes de que la batalla de la versión pública de las declaraciones —fiscal, patrimonial y de interés— no será fácil, “hay un sector de la clase política que ya ha manifestado estar a favor de ella, los legisladores de la oposición, pero ahí hay resistencia de parte de PRI-gobierno, y tenemos que seguir dando la batalla para hacerles entender que lo que se busca es una versión pública de los documentos haciendo una protección de datos personales. No estamos pidiendo que se haga público el domicilio de la persona, su teléfono; obviamente eso no, pero sí pedimos como ocurre en otras democracias, no es algo que sea una ocurrencia de nosotros, sino que aprendemos de las mejores prácticas internacionales y vemos que México debe de emular esas democracias consolidadas donde tienen versiones públicas de estas declaraciones, donde la autoridad que recibe estos instrumentos tiene información homologada y tiene la capacidad de verificar la veracidad de su contenido y, en caso de encontrar mentiras, entonces hacer las acciones administrativas que procedan, como ocurre, insisto, en otras democracias, porque hoy estos instrumentos no sirven de nada porque ni son públicos ni nadie verifica la veracidad de la información, nadie está obligado; las autoridades que lo reciben, es decir, en el caso de la administración pública es la Función Pública, en el caso del Poder Legislativo es la Auditoría y en el caso del Poder Judicial es la Judicatura. Nadie verifica la veracidad de la información y mucho menos nadie ha sido procesado en caso de que haya habido alguna mentira, la gente declara lo que quiere a pesar de que hay formatos para ello y porque sabe que la consecuencia de alguna mentira es prácticamente nula porque nadie checa la información y mucho menos castiga la mentira”.

Necesitamos una legislación robusta

En estos temas “hay que realmente luchar con todo para que queden en la legislación con el fin de ir mejorando el marco jurídico para combatir la corrupción, en el entendido deque no es solamente con estos instrumentos como se acabará la corrupción. Un primer momento es tener la legislación secundaria más robusta posible en esta materia, se tendrá que complementar, además de las leyes que se están discutiendo ahorita, con otras leyes como la ley de archivos, la ley de obra pública, etc., y después viene el desafío más importante que es la transformación de las instituciones encargadas de la aplicación de este marco jurídico, porque podríamos tener las leyes más sofisticadas y mejor intencionadas del mundo, pero si las autoridades encargadas de su aplicación no son nombradas con base en el mérito, no se les garantiza la buena preparación técnica, no se les protege con salarios buenos, con las herramientas para hacer su trabajo y materia de investigación y sigue persistiendo una visión patrimonialista del Estado mexicano, en donde se contrata a la gente con base en sus filiaciones políticas, de nada servirá o de muy poco habrá servido este esfuerzo de cambio del marco jurídico, y de eso estamos conscientes, los legisladores también están conscientes de este desafío completo que implica el cambio de la política de combate a la corrupción, porque eso obviamente tendrá un impacto directo sobre el sistema político mexicano”.

En este contexto, el investigador de México Evalúa asegura que el escenario se ve muy complicado para la aprobación de las leyes anticorrupción “ojalá que me equivoque y que de repente haya acercamientos muy rápidos en la materia, que hay hasta ahorita diferencias, que permitan la aprobación de estas leyes al menos en la Cámara de Senadores lo más rápido posible, pero los tiempos no dan para que se pueda aprobar todo el conjunto en ambas cámaras, eso sí es definitivo, y que bueno que sea así, para poder legislar bien, no aprisa, y con bases firmes; no estamos ya para tener una legislación light, no es el tiempo de curitas, sino es el tiempo de una cirugía mayor en el marco jurídico en el combate a la corrupción”.

Por lo tanto, “sí daremos toda la batalla para que realmente logremos las mejores leyes y exorcicemos cualquier posibilidad de tener alguna legislación que no cumpla con las expectativas y con la necesidad que tiene el país en esta materia”.