Entrevista a Samuel González Ruiz | Exasesor interregional de Drogas y del Delito-ONU | Exclusiva Siempre!

La estancia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el país aún es incierta, la polémica se ha desatado ante las diferentes posturas. Por una parte el gobierno mexicano notificó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que no se extenderá su mandato en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En respuesta, la CIDH, a través de su presidente, James Cavallaro, aseguró que corresponde a ellos la decisión de renovar o no la presencia y misión de los especialistas en el caso. Hasta donde se sabe, el plazo de permanencia vence el 30 de abril próximo.

 

Transcurrió el tiempo suficiente: Campa

De acuerdo con el gobierno mexicano, hasta el momento en torno al caso Iguala existen 13 consignados, 111 personas detenidas, más de mil 500 acciones de búsqueda, más de mil 500 dictámenes periciales de diversa índole y el desahogo de las solicitudes que planteó el GIEI en las pesquisas durante los dos periodos de mandato que han tenido.

Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, al referirse a la colaboración de los especialistas de la CIDH, enfatizó: “creemos que ha transcurrido el tiempo suficiente, un poco más de un año, porque además hubo dos meses de una etapa intermedia dictada por el GIEI; ha transcurrido más de un año y es tiempo de que presente las conclusiones y recomendaciones al Estado mexicano”.

Agregó que “el esquema de asistencia se diseño siempre como temporal, y creemos que a partir de su naturaleza es que rinde frutos, como los que hemos mencionado hasta el momento”.

Al cierre de edición —jueves 14— se informó que, tras la reunión que sostuvieron los padres de los normalistas con autoridades de la PGR, se lograron tres acuerdos entre los que destaca que la investigación seguirá esté o no el grupo de expertos del GIEI.

El segundo acuerdo es que habrá una reunión sobre el peritaje de Cocula, ya que se reconoció que se violaron los compromisos con el GIEI.

Por último, la PGR se comprometió a no revictimizar a las familias de los normalistas y antes de dar información a la luz pública la harán saber a los padres, según informó a la prensa el vocero de los padres de los normalistas, Felipe de la Cruz.

Intromisión de Cavallaro

Al ser entrevistado para Siempre!, Samuel González Ruiz, exasesor interregional de Drogas y del Delito en la ONU, asevera que el acuerdo entre el Estado mexicano y la CIDH sobre la creación de un grupo de investigadores para el caso Ayotzinapa no cuenta con un sustento legal, por lo que el gobierno mexicano puede solicitar su salida en el momento que considere conveniente.

Explica que —de acuerdo con el artículo 133 de la Constitución— los tratados que se consideran como vinculantes son los que se firman por el jefe del Ejecutivo con la debida aprobación del Congreso y ratificación del Senado de la República; sin embargo, el acuerdo del grupo de expertos independientes únicamente fue firmado por secretarios del gobierno federal y no pasó por el Congreso, por lo que el estatus del documento es el de un mero memorándum de colaboración, por lo que se rige por las reglas de acuerdos y no por los tratados.

González Ruiz considera que jurídicamente es una intromisión para la soberanía de México el que el presidente de la CIDH, James Cavallaro, pretenda decirles a ellos a quiénes corresponde decidir o no la renovación de la misión de los especialistas.

Aclara que si este grupo hubiera nacido ante la ONU o bien ante la OEA se podría ver de otra manera, porque estaría como un grupo de apoyo al país, pero de este modo “es el país el que determina cuándo se va o cuándo se queda”.

“En materia de derecho internacional la CIDH puede emitir recomendaciones sobre los derechos humanos en el país pues tienen un facultad moral, pero no tiene ninguna facultad de obligación frente al país para datos específicos”, subraya.

Destaca que ante este escenario los padres de los 43 normalistas desaparecidos pueden nombrar individualmente a cada uno de los cinco miembros del grupo como coadyuvantes, “eso sí puede pasar, nada más que no serán un grupo que tenga la representación de la Comisión Interamericana, sólo serían coadyuvantes de las víctimas”.

Respecto a los apoyos económicos que pueda recibir este grupo de ahora en adelante, González Ruiz asevera que ahora podrían convertirse en una ONG, o bien mantenerse como los expertos argentinos que están financiados por fondos provenientes del especulador George Soros.

Samuel González concluye diciendo que es una arbitrariedad y un verdadero abuso a la hospitalidad del gobierno mexicano, “Cavallaro no entiende de derechos internacionales ni la soberanía de los países, ni de cuáles son sus facultades dentro de la Comisión”.

El acuerdo, en el marco de la ley: Manuel Becerra

En contraparte, Manuel Becerra, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, afirma que no hay duda de que todo en torno al convenio del GIEI se encuentra en el marco de la ley.

Explica que es necesario entender que en primera instancia se encuentran los tratados internacionales los cuales son aprobados por el Senado de la República, después están los acuerdos interinstitucionales que celebran las diferentes instancias del gobierno en sus ámbitos de competencia con otras organizaciones internacionales del mismo nivel, y “no hay más”.

Dice que al referirnos al acuerdo entre el Estado mexicano y la CIDH sobre la creación de este grupo, estamos hablando de un acuerdo que está tratando una instancia del gobierno mexicano con un organismo internacional, en este caso, la Comisión Interamericana, “ese tipo de acuerdos derivan a su vez de un tratado internacional general que es la Convención Americana de Derechos Humanos que precisamente tiene esos órganos de control que son la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana”.

Precisa que esos órganos de control tienen como finalidad vigilar que se cumpla la misma convención, es decir, se cumplan los derechos humanos, por lo que podemos asegurar que, en primera instancia, ese tratado internacional pasó por el Senado y México al aceptar la competencia de la Corte Interamericana e indudablemente de la Convención Interamericana, lo que hace es firmar un acuerdo interinstitucional, “el cual indudablemente es obligatorio para el gobierno mexicano, esto está en el marco de un tratado internacional que es la Convención Interamericana y que México tiene que cumplirla”.

El investigador dijo que entre las obligaciones que tiene México con la Convención Americana se encuentra esclarecer este tipo de cosas que tienen esos dos órganos de control que son la Comisión y la Corte, por lo que ellos tienen incidencia en asuntos graves de violación de los derechos humanos”, destaca.

 

México debe mantener aquí al GIEI

Aplaudió la decisión, en un principio, del gobierno mexicano de tener un acercamiento con la Comisión Interamericana realizando un convenio, “un convenio que tiene una naturaleza jurídica de acuerdo interinstitucional”.

A pregunta expresa de si México debe acatar lo que diga la Comisión, el experto en asuntos internacionales señaló que el derecho internacional establece que todas las obligaciones, en estos casos de derechos humanos, deben de cumplirse de buena fe; si no se cumplen, entonces hay una condena, y recordó que México ya tiene muchas condenas de los organismos internacionales.

Además, explicó que la OEA de la cual depende todo el sistema de control “puede dictar una resolución condenando a nuestro país por no cumplir con los derechos humanos, por lo que debe haber un cumplimiento forzoso como se conoce en derecho interno”.

Consideró que el gobierno mexicano debe mantener al grupo independiente en el país hasta que termine totalmente su investigación, “esto indudablemente para que sepamos qué sucedió realmente ahí, y por otra parte por salud pública, es decir, a final de cuentas es algo que no se ha esclarecido y que en virtud de la transparencia y del respeto de los derechos humanos se debe de llegar hasta el fin con la investigación, el gobierno de México debe de abrirse y dejar que este órgano llegue hasta sus últimas consecuencias tras la investigación”.