Eduardo Torres Maldonado | Profesor-Investigador de la UAM-Azcapotzalco | Exclusiva Siempre!

Lo que pasa en el caso Ayotzinapa es el calvario, el viacrucis, el terrible conflicto que enfrentamos los juristas y los litigantes en el país, porque en México la justicia se fabrica, se crean teatros judiciales, se fabrican pruebas, se condicionan peritos, los jueces venden los casos, la corrupción judicial llega al punto en que se venden los casos al mejor postor.

Muestra lo que pasa con la justicia todos los días, en todas las materias en México, imagínese lo que pasa en los casos cotidianos, si el caso Ayotzinapa que ha estado bajo el escrutinio internacional, porque si hay un caso que se ha hecho público en relación con México ha sido éste, hay observadores internacionales, estudios internacionales que están siguiendo lo que está pasando, opiniones de organizaciones de derechos humanos internacionales, han opinado jefes de Estado y de Gobierno de distintos países, comisiones de derechos humanos, de la Comisión Europea se han pronunciado, hay grupos de expertos nacionales, latinoamericanos, internacionales, que están dando su opinión sobre el caso y qué es lo que pasa, el expediente crece y crece y crece y crece y se va haciendo más confuso, van haciendo cada vez más complejo el caso, porque en el fondo hay una enorme injusticia, hay un teatro político que oculta la vedad de los hechos, hay una preconstrucción y una obstaculización de los hechos en los expedientes, es decir, cada vez que se investiga se enmaraña más, se hace un laberinto más grande, porque hay evidentemente muchos intereses políticos, económicos y muchas fuerzas, tanto fuerzas del orden público, fuerzas de la criminalidad organizada, como intereses de políticos, y no se diga los intereses de los partidos políticos porque en el caso Ayotzinapa converge el interés de todos los partidos político, hasta aquellos que se dicen de izquierda tiene cola que les pisen, afirma Eduardo Torres Maldonado, Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Azcapotzalco.

En opinión del jurista mexicano, el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, es un caso complejo, difícil, además de que refleja la absoluta incapacidad del sistema judicial en México para juzgar conforme a derecho, para respetar el Estado de derechos, para que haya neutralidad, objetividad, imparcialidad, administración expedita de la justicia y respeto a los derechos humanos. El caso Ayotzinapa está “revelando como en México hay una justicia para el caso especial, hay una justicia prefabricada, reitero, un caso político jurídico en donde se resuelve conforme a las consignas y las líneas que se dan, incluso, refleja también como los peritajes de distintos expertos pueden ser controvertidos creándose verdades históricas y verdades oficiales que contradicen, ya no digamos la lógica jurídica, ya no las labores de investigación científica, ya no un sentido elemental de objetividad en el análisis de un expediente judicial ¡no! aquí se contradice hasta el sentido común, cualquier persona que se ponga a estudiar el expediente, que tenga la paciencia de hacerlo, se dará cuenta de que hay enormes contradicciones, enormes soluciones y también grandes fabricaciones”.

Aun cuando el abogado penalista advierte que a él no le corresponde emitir un juicio y una sentencia porque no es juez por el caso, lo que observa son “enormes irregularidades en lo jurídico, nos revela la fragilidad, la vulnerabilidad del Estado de derecho en México y del sistema de administración de justicia, el no respeto al Estado de derecho, porque si esto pasa en un caso que está en la vitrina internacional, imagínese usted, lo que pasa en los casos comunes en donde las autoridades no están sujetas a ningún escrutinio, a realmente ningún poder”.

Además, hay que decir que “las comisiones de derechos humanos tanto estatales como la nacional operan con muchas limitaciones, y en el casos de los estados tienen también consigna política, a nivel nacional también nuestros ombudsman son personas demasiado cautas, son personajes que quieren quedar bien con el sistema, con el estatus quo, salvo algunas excepciones, pero en su mayoría los ombudsman en México tampoco cumplen con su papel de velar efectivamente por el respeto de los derechos humanos”.

En este marco del caso Iguala, el abogado, sociólogo y especialista en Derecho Constitucional, en materia de Amparo y Ciencia Política, explica a Siempre! el estado actual del sistema judicial mexicano, del cual hoy tenemos dos visiones que responde a la realidad, una que da cierto optimismo, cierta esperanza, debido a que hay una modernización del Poder Judicial Federal que nos indica que este puede cambiar para mejorar.

En este sentido, señala Torres Maldonado, hay reformas a nivel constitucional federal y a nivel constitucional local que establecieron la Sala Constitucional encargada de la justicia constitucional en los estados. Se ha trabajado en temas de justicia constitucional, es decir, mecanismos de derecho procesal constitucional que permitirían la defensa de los derechos constitucionales y que permitirán velar por la tutela más efectiva de nuestra Carta Magna.

Esta la reforma de junio de 2011 en materia de derechos humanos, es decir, se incorporan ya a la Constitución los derechos humanos. Estas reformas abren por primera vez la oportunidad de litigar, de usar, los derechos humanos ya por un sistema doble, de control constitucional por un lado y por otro de control convencional, esto es muy importante porque genera un nuevo paradigma jurídico constitucional en México. Nuestro país entra en sintonía con la gran ola de cambios constitucionales en el mundo porque los derechos humanos están contemplados en los tratados internacionales conforme a los artículos 1° y 133 constitucionales que han sido firmados por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado, pasan a formar parte de lo que se conoce conforme al artículo 133 constitucional como Ley Suprema de la Unión, lo que genera desde el punto de vista formal constitucional la posibilidad de un nuevo paradigma en el sistema jurídico que permitirá teóricamente, formalmente, la mejor defensa de los derechos de los gobernados y también de las instituciones democráticas. Algunos hablan, incluso de la posibilidad de un nuevo sistema jurídico político constitucional, yo pienso que nos quedamos con un nuevo paradigma que todavía está a prueba, esa es la visión relativamente optimista, esperanzadora”.

La otra visión que también se puede tener con todo realismo, es lo que está pasando actualmente en México en materia de justicia. En un país no puede haber democracia si hay un poder judicial que en la práctica, en la cotidianidad, está dominado por la corrupción, el nepotismo, el autoritarismo y por la violencia, porque existe un problema de violencia judicial cuando se niegan los derechos que están plasmado en bellas leyes, en hermosas constituciones locales y federal, en grandes tratados internacionales. Cuando en el litigio y en los casos concretos en que tiene que llevarse a cabo la administración de justicia se niegan los derechos de los gobernados. Cuando se conculgan, decía, a través de la corrupción, el nepotismo, de un sistema de amafiamiento y violencia judicial, tenemos entonces ya un panorama que es poco optimista y poco esperanzador.

Por lo tanto, expresa el abogado y politólogo, tenemos esta gran dualidad, esta gran contradicción de, por un lado esta visión optimista y esperanzadora y por otro lado, una visión realista de cómo realmente está funcionando el Poder Judicial en México, tanto a nivel local como federal. Aquí, sin embargo podemos hacer una distinción, el Poder Judicial Federal opera con mayor nivel de transparencia, con mayor nivel de objetividad y con una mejor tutela de los derechos de los gobernados, sin duda alguna sí vemos que hay un mejor funcionamiento, pero no completamente, pues todavía hay muchas sombras del pasado, muchos jueces que pertenecen al viejo sistema político jurídico del siglo XX donde “la consigna se valía, donde se emitían sentencias, autos, resoluciones judiciales, en base a la instrucción que les daban funcionarios judiciales de mayor nivel a jueces y magistrados de menor nivel, todavía persiste un viejo aparato judicial que no se ha modernizado tampoco, sí hay todavía muchas sombras del pasado, muchos emisarios del viejo sistema político jurídico y muchos jueces que no han alcanzado a formarse de acuerdo a las nuevas reformas”.

En cuanto a los poderes judiciales locales en México, Eduardo Torres asegura que “ahí hay una verdadera bomba de tiempo, la cual explota con diferentes granadas, pequeñas bombas todo el tiempo, todos los días, en las diferentes entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México, hay un severísimo problema de confianza, de honestidad, imparcialidad, de objetividad, en la administración de justicia, porque los sistemas estatales están, en su mayor parte, conducidos y administrados bajo criterios feudales”.

El gobernador en los estados “sigue siendo un señor feudal que da línea sobre cómo resolver los litigios y conflictos que están en manos del poder judicial, hay elementos estructurales que llevan a afirmar esto, en principio nosotros vemos que el gobernador influye directamente por medios jurídicos, por medios políticos, en el nombramiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia”.

El académico de la UAM-Azcapotzalco comenta que “en la práctica política en México un gobernador tiene decisión política para definir quién será el presidente del Tribunal Superior de Justicia local, esto es de la mayor importancia porque el presidente de este órgano judicial será también el presidente del Consejo de la Judicatura Estatal, es decir, que tendrá bajo su control el funcionamiento del Poder Judicial. Además de que se hacen también camarillas, mafias, grupos de poder, en los poderes judiciales estatales, es decir, la administración de justicia responde a criterios políticos que vienen desde la cúpula del Poder Ejecutivo local, entonces la autonomía del poder judicial en los estados es no solo relativa sino que es poco significativa.

Siendo así, “hay más de treinta bombas de tiempo activadas y en cada bomba de tiempo hay diferentes granadas que están explotando todos los días, hay guerras de alta, mediana y baja intensidad todo el tiempo, una corrupción galopante extraordinaria, la corrupción sigue siendo un sistema que no se ha podido combatir, y aquí hablo de todas las entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México, aunque hay por supuesto estados en los cuales el feudalismo político que se ejerce en ellos tiene con mano de hierro atenazado al Poder Judicial”.

En los estados en los que mayor gravedad se observa en los poderes judiciales locales están Quintana Roo, Michoacán, Guerrero, Veracruz, en donde tenemos una Sala Constitucional local que ha hecho trabajos interesantes esto hay que reconocerlo, pero “sí en los estados de mayor conflictividad social persiste el viejo sistema político jurídico mexicano donde tenemos muchos dinosaurios en el poder judicial local, en donde se resuelve por consigna, donde la corrupción es el aceite que mueve el engranaje todos los días, donde jueces y magistrados se unen para emitir sentencias en un sentido que obedece a la consigna que les han dado, el panorama local realmente es un panorama, yo diría, de desastre judicial.

El constitucionalista explica que los gobernadores salientes se preocupan de que queden en la presidencia del tribunal personas que les cubran las espaldas por si surgen litigios en su contra por abusos en el poder, el tema del abuso de poder por parte de grupos del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, del Poder Legislativo que forman camarillas, cofradías, mafias en los estados, es realmente un gran problema, no existe un control federal sobre estas camarillas, mafias, grupos, asociaciones, que se conforman cada periodo gubernamental y que realmente entran a depredar la economía, la política y la sociedad de los estados.

Por eso, en los diferentes estados de México se tiene sociedades civiles agotas, cansadas, diezmadas, vulneradas, la gente está llegando al absoluto hartazgo social. Morelos no es la excepción, ahí se tiene un problema, es una bomba como en Quintana Roo, pero estos temas suelen no sacarse a la luz, porque se piensa que el Poder Judicial es un poder que es más neutral, más objetivo, más imparcial, cuando ya en la práctica, quienes somos tanto investigadores, estudiosos como litigantes en el mundo judicial en México, sabemos perfectamente que hay una crisis del Poder Judicial en México.

Reitera Eduardo Torres que “no hay un control federal, no hay un control que pueda garantizarle a las poblaciones, a las sociedades civiles de los estados, que serán respetados sus derechos, de fraudes, despojos, homicidios, cohechos, en fin, irresponsabilidades de servidores públicos que se enriquecen de la noche a la mañana, en un solo periodo gubernamental, quedan sin sanción, sin castigo, sin control alguno. El clima es muy grave, si bien a nivel federal podemos decir que hay jueces de distrito y hay tribunales colegiados de circuitos y que las salas de la Suprema Corte trabajan con un cierto elitismo jurídico, pero que defiende más los derechos de los gobernados, los derechos de la sociedad y velan por la supremacía de la constitución, lo que si podemos ver es que la crisis del Poder Judicial es general, pero agravada por supuesto en los estados”.

Lo que hay –dice el abogado Torres- en los estados es un “estado de facto, un estado de cohecho, el Estado de derecho casi no existe, es la ley de la selva, los jueces federales muchas veces se están, digamos portando muy suaves con los jueces locales porque tienen temor de represalias, tiene temor de que sean cambiados de demarcación territorial y tienen temor también del crimen de cuello blanco. El crimen de cuello blanco que está protagonizado por élites locales normalmente no está perseguido ni sancionado por los códigos locales, pero ocurre cuando las élites se están apoderando del patrimonio de la población”.

También está otro gran tema, el número de fraudes que está existiendo, no hablemos de la inseguridad solamente, porque ésta tiene que ver con todos los delitos violentos, que el más grave que el homicidio, es la desaparición, el secuestro, la trata de personas, todo eso es muy grave en los estados, pero pensemos en los delitos que tienen que ver con el patrimonio de los ciudadanos. Si una persona come un fraude contra ella, comete un despojo, hay acciones de abuso de poder que merman también sus capacidades, por ejemplo un presidente municipal decidió aumentar impuestos y no se le sanciona, no se le controla, a él quién lo controla, quién está a cargo. Realmente tenemos un país que ya no existe, un país que se está desmoronando porque el Estado de derecho no se respeta y no lo hacen respetar sus principales guardianes, quien tiene la última llave del control político jurídico en un Estado de derecho es el Poder Judicial, pero que pasa cuándo no podemos confiar en los jueces, es realmente una crisis del Estado de derecho y donde hablamos de la ley de la selva, de un estado de cohecho, y tenemos este antagonismo, este dualismo dialéctico entre hermosas constituciones, bellas leyes, grandes reformas legislativas, pero que no corresponden a la realidad”.