El grupo Mossack Fonseca es una empresa que ofrece servicios legales y fiduciarios de forma global. Fundado en 1977, tiene jurisdicciones en Reino Unido, Malta, Hong Kong, Chipre, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Panamá, Anguila Británica, Seychelles, Samoa, Nevada y Wyoming (Estados Unidos). Desde mayo de 2010, es el primer y único bufete en Panamá que cuenta con la certificación ISO 90001, además de la certificación de calidad del sistema global de gestión por parte de SGS.
Su bufete está compuesto por abogados especializados que cubren todas las áreas de práctica y dominan los asuntos relacionados con naves, migración, contratos y propiedad intelectual, así como derecho mercantil en general. También brinda asistencia a clientes que desean reubicarse físicamente en Panamá tramitando todos los requisitos necesarios desde los asuntos migratorios, hasta el establecimiento de sus negocios.
Por su parte Mossfon Trust Corporation (Fiduciaria Mossfon, S.A.), es una compañía fiduciaria regulada desde 1993 por la Superintendencia de Bancos de Panamá, que ofrece soluciones en materia de fideicomiso, protección de activos, planificación tributaria y hereditaria, administración de fundaciones de interés privado, asistencia en la apertura de cuentas bancarias, planificación patrimonial y servicios corporativos, entre otros.
El pasado domingo 3 de abril, más de 100 fuentes de información alrededor del mundo, coordinadas por el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), publicaron información acerca de los Panama Papers, una colección de alrededor de 11.5 millones de documentos filtrados que exponen un sistema mundial de evasión de impuestos y sanciones, y lavado de dinero. Los documentos incluyen más de 4.8 millones de e-mails, 3 millones de entradas pertenecientes a bases de datos, y 2.1 millones de PDF´s de la firma panameña Mossack Fonseca, la cual parece especializarse en crear compañías ficticias que sus clientes han utilizado para ocultar propiedades y recursos.
Hace poco más de un año, una fuente anónima contactó al diario alemán Süeddeutsche Zeitung y ofreció una muestra de documentos propiedad de la firma panameña. No pidió remuneración alguna; lo que quería era hacer públicos los crímenes. Durante los meses siguientes, el diario recopiló alrededor de 2.6 terabytes de información, la cual compartió con el ICIJ, permitiendo que reporteros de 80 países revisaran los documentos y condujeran una investigación que por fin vio la luz.
Como tal las compañías offshore no son ilegales; utilizarlas para ocultar propiedades de las autoridades tributarias y encubrir criminales, lo es. El esquema de funcionamiento es el siguiente: una persona, a través de un intermediario de confianza, paga a Mossack Fonseca para crear una compañía ficticia —un negocio en el papel, pero en la realidad, un depósito para exorbitantes cantidades de dinero—. La firma se encarga de establecer la compañía en un país, básicamente un paraíso fiscal, en donde los verdaderos dueños pueden mantenerse anónimos y las autoridades de su lugar de origen, quienes desconocen la existencia de la compañía, no pueden cobrarles impuestos.
De esta forma, el dueño de la compañía tiene libre acceso a la totalidad del dinero. Ahora bien, en caso de descubrirse su existencia, no podrá ser rastreada hasta el dueño original, ya que técnicamente es propiedad del intermediario señalado por Mossack. Para hacer circular el dinero, la compañía finge realizar negocios; los Panama Papers muestran miles de transacciones falsas, pagos millonarios por “consultas”, y pagos de “compensaciones” derivados de transacciones canceladas.
La lista de clientes de la firma es variada; incluye narcotraficantes, deportistas, reyes, presidentes, primeros ministros, políticos, oficiales de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), artistas, y dueños de medios de comunicación. La encabezan el Presidente de Rusia Vladimir Putin; el miembro del Comité de Ética Independiente de la FIFA Pedro Damiani; el Primer Ministro de Islandia Sigmundur Gunnlaugsson; el Presidente de Argentina Mauricio Macri; el ex futbolista Michel Platini; el rey de Arabia Saudita Salmán bin Abdulaziz; el cineasta Pedro Almodóvar; el ex Primer Ministro de Irak Ayad Allawi; y la hermana de Juan Carlos I, Pilar de Borbón.
Entre los implicados, también se cuentan miembros del mundo político y empresarial mexicano:
Juan Armando Hinojosa Cantú: Dueño de la empresa HIGA, también conocido por la construcción de la “Casa Blanca”, propiedad de la Primera Dama Angélica Rivera. De acuerdo con información obtenida de Mossack, Hinojosa trasladó más de 100 millones de dólares provenientes de paraísos fiscales en el Caribe a Nueva Zelanda.
Ricardo Salinas Pliego: Presidente de Tv Azteca y titular de Banco Azteca y Fundación Azteca. De acuerdo con la investigación, hizo uso de una empresa offshore para adquirir obras de arte en las Islas Vírgenes Británicas, y un yate en las Islas Caimán.
Guillermo Cañedo White: Empresario, ex ejecutivo de Grupo Televisa y ex Vicepresidente de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y Caribe de Fútbol (Concacaf). Está bajo investigación por supuestos actos de corrupción durante su mandato en Concacaf (2007-2012), periodo en el que contactó a la firma.
Omar Yunes Márquez: Empresario veracruzano, hijo del actual candidato a la gubernatura de Veracruz por parte del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Ángel Yunes Linares. Según la investigación realizada por el ICIJ, Yunes Márquez creó un fideicomiso en Nueva Zelanda en el que él y su esposa eran los beneficiarios.
Emilio Lozoya: Ex presidente de Petróleos Mexicanos (PEMEX), intentó asociarse con Mossack en 2011, para crear una sociedad desde Dubai.
Por su parte, Mossack se deslindó de los presuntos crímenes cometidos por algunos de sus clientes. Ramón Fonseca Mora, socio de la firma, asegura que la compañía tiene 40 años de ejercicio legal. Asimismo, señaló que el 99% de sus clientes son intermediarios que revenden los productos de Mossack Fonseca a sus clientes finales, quienes son los implicados en el caso. “En esta trama, han intentado hacer ver que los clientes finales, los actos finales, fueron fraguados por nosotros, lo cual es sumamente injusto y, diría yo, hasta ilegal” expresó.
Ante el panorama actual, la primera baja es la del Primer Ministro de Islandia, cuya renuncia fuera exigida por su predecesora Johanna Sigurdardottir, luego de adquirir la compañía Wintris en diciembre de 2007, para ocultar millones de dólares invertidos en los más grandes bancos de su país.
En 2015 su gobierno realizó un acuerdo con los acreedores de los bancos, quienes estaban rodeados por una crisis financiera global. Los documentos de Mossack revelaron que la familia de Gunnlaugsson tenía un gran interés personal en el resultado para los acreedores. El primer ministro y su esposa, dueños 50-50, utilizaron la compañía para invertir millones de dólares en dinero heredado de acuerdo con un documento firmado en 2015 por la señora Palsdottir, hija de un adinerado concesionario de Toyota.