Con mayoría de 9 a 2, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó reajustar la multa impuesta al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por la adquisición ilegal de promocionales de sus legisladores en radio y televisión, con lo se acordó la reducción de la sanción original que era de 322 millones a 215 millones de pesos.
Lo anterior al acatar la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ordenó al INE individualizar la multa contra el PVEM, partido que recibió en forma ilegal spots en radio y televisión, lo cual violentó la equidad del proceso electoral 2014-2015.
El representante del PRD ante el INE, Pablo Gómez, cuestionó la nueva decisión y señaló que la sanción se encuentra por debajo de lo que realmente el PVEM obtuvo como beneficio, dijo que entre la determinación del TEPJF y la mala valoración del monto involucrado, la multa se reduzca a 215 millones de pesos, cuando la suma del gasto real en la compra de esos spots asciende a 2 mil millones de pesos.
Al justificar el nuevo monto de la sanción y aunque hubo cuestionamientos a los argumentos de la sentencia, los consejeros destacaron que el PVEM recibió recursos de un poder público, lo que está prohibido por la legislación y por tanto, el partido se benefició de forma indebida, por ello, se aprobó la multa de 215 millones de pesos tal como venía en el proyecto.
Luego de calificar la falta como “grave especial”, el consejero presidente de la Comisión de Fiscalización, Ciro Murayama Rendón, aseguró que “la calificación de la falta como grave especial no obedece al dolo que la Sala ordenó eliminar, sino a la afectación de dichos principios constitucionales y a la trascendencia de la conducta ilícita”.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, mantuvo su molestia por el mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues, dijo, existe una “vulneración” al modelo de comunicación político electoral y aseveró que la sanción corresponde a una acción desvirtuada de los legisladores que de repente, tras las restricciones a la compra de spots a los partidos políticos, les surgió una motivación compulsiva de rendir informes de labores en medios electrónicos.