La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff se encuentra a un paso de una posible destitución, acusada de “crímenes de responsabilidad”, que la implican en un presunto abuso de poder que le permitió recibir prebendas y manipular votos para fortalecer al Partido de los Trabajadores, para permanecer en el poder. La mandataria brasileña se perfila a ser sometida a un juicio político, luego que ocho de diez magistrados de la Corte Suprema rechazaron la petición del abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, de suspender el proceso.

Específicamente, Rousseff está acusada de incurrir en maniobras ilegales para maquillar los resultados del gobierno en 2014 y 2015, modificar presupuestos mediante decretos, acumular deudas y contratar créditos con la banca pública. Asimismo, se le señala de haber recibido una gasolinera y un regalo misterioso; de hecho esto fue el detonante del escándalo que ahora asedia su desempeño presidencial.

Según sus críticos, Rousseff financió su campaña de reelección presidencial en 2014 con dinero desviado de la petrolera estatal Petrobras, así como de otras grandes obras públicas; algo que los mismos ex ejecutivos de la constructora han admitido.

Tras la decisión de la Corte Suprema, la Cámara de Diputados comenzó este viernes sesiones durante dos días en los que se determinará la apertura del juicio político a la debilitada mandataria en el Congreso.

Para que el plenario de la Cámara abra el proceso de impeachment, se necesita dos tercios de los diputados, es decir 342 votos de un total de 513, aunque según sus opositores, liderados principalmente por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), la moción por el juicio político ya cuenta con el respaldo suficiente para garantizar su éxito el domingo.

De ocurrir esto, el lunes mismo se turnaría la petición al Senado, donde se crearía una comisión de análisis que dentro de los diez días siguientes, el plenario del Senado tendría que decidir por aceptar o desechar el pedido. Para esta instancia, se requiere apenas una mayoría simple de entre los 81 senadores.

De cumplirse estas fases, Rousseff sería apartada de su cargo, por un plazo de hasta 180 días, dentro del cual el Senado deberá juzgarla con el apoyo de dos tercios, o sea, 54 de sus miembros.