Con dos terceras partes del congreso local en su contra y la oposición –y agregados-, festejando como si fuera el mejor día de sus vidas, la presidenta de Brasil, Dilma Rouseff termina de cavar su tumba para convertirse en la primera mujer presidenta de una nación latinoamericana que es obligada a renunciar a su cargo, lo que podría concretarse en solo unas semanas más.
Esta sería la segunda ocasión en que el pueblo brasileño, o sus legisladores, toman una decisión de esta naturaleza: el 29 de diciembre de 1992, el entonces jefe de Estado, Fernando Collor de Mello, abandonó la presidencia tras ser acusado de actos de corrupción y el Senado inició el proceso de destitución; el hombre prefirió dimitir.
Y aunque la decisión final está en el Senado brasileño -de nuevo-, especialistas, críticos y políticos de todas las corrientes partidistas dan por hecho que la sucesora de Lula Da Silva tiene los días contados en la silla presidencial.
De ser así, Dilma Rousseff se convertiría en la presidenta número 19 de América Latina, que por golpes de estado, acusaciones de corrupción, protestas sociales, mediante procesos de impeachment, y hasta por incapacidad mental, son destituidos vergonzosamente de sus cargos.
Hay naciones que ya se han convertido en especialistas de estos procesos, como Ecuador y Bolivia que hasta en tres ocasiones, cada uno, han optado por el relevo obligado de sus presidentes en distintos momentos de su historia.
Le siguen con dos casos Haití, Guatemala, Venezuela y Paraguay; mientras que Brasil, Perú, Argentina y Honduras, sólo han proceso así en dos ocasiones.
Este fin de semana, en medio de protestas sociales de quienes respaldan la decisión legislativa y aquellos que quieren que Rousseff continúe en el cargo, finalmente el Congreso decidió continuar con el proceso de impeachment.
Durante 43 horas y bajo los argumentos más válidos y otros que rayaron en lo ridículamente increíbles, el grueso de los legisladores votaron a favor de la destitución política de Dilma, con 367 votos a favor y 137 en contra del procedimiento.
Dilma Rousseff no esperaba una respuesta de esa naturaleza de parte de los legisladores luego del intenso cabildeo que ella personalmente, sus asesores, secretarios de estado y hasta Lula Da Silva, habían estado realizando por semanas.
Ahora el proceso para ser destituida está en manos del Senado,cuyo presidente, Renan Calheiros, del partido de Movimiento Democrático de Brasil, es, desafortunada o afortunadamente, opositor abierto a la todavía presidenta, junto con Eduardo Cunha, líder del Congreso y el vicepresidente Michel Telmer, ambos, de acuerdo a la prensa brasieña, francos enemigos de Dilma Rousseff y promotores de su obligada salida política.
En caso de que el Senado decida apoyar la moción y votar a favor de la destitución presidencial, Dilma sería retirada del cargo por hasta 180 días, en tanto se le juzga en ambas Cámaras.
LA LISTA DE LOS DERROCADOS