“En México deberían unirse para encontrar respuestas”
Hace unos días, Hillary Clinton hizo una muy importante declaración en torno al caso Ayotzinapa: “Es algo indignante. Si yo estuviese en el gobierno mexicano, no descansaría hasta descubrir lo que pasó con esos 42 [sic] jóvenes. Su secuestro fue una terrible violación de la ley. Es algo por lo que todos en México deberían unirse, para encontrar respuestas”.
Este pronunciamiento fue sin lugar a dudas una dura crítica a la actitud asumida por el gobierno de Peña Nieto, la cual ha sido totalmente opuesta al propósito de discernir la verdad en torno a la trágica desaparición forzada de los 43 normalistas durante la aciaga noche de Iguala.
El aserto anterior es el corolario ineludible del encadenamiento lógico de cinco circunstancias relevantes: I) la pretensión de imponer una verdad histórica que no fue tal, sino una genuina patraña ideada con el fin de justificar un intento fallido de darle carpetazo al expediente penal, II) la negativa radical, promovida enérgicamente desde las instalaciones de Lomas de Sotelo, a la realización de las entrevistas a los militares del 27 batallón de infantería, III) el relanzamiento de una nueva versión de la verdad histórica, según la cual 17 estudiantes habrían sido incinerados en el basurero “El Papayo” de Cocula, IV) el despliegue de una infame campaña de linchamiento mediático de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales, principalmente Claudia Paz y Ángela Buitrago, V) la ejecución de grotescos actos de provocación que condujeron a la ruptura de relaciones con el Grupo y a la conclusión de sus labores.
Acto seguido, la precandidata presidencial del partido demócrata aseguró que si hubiera algo que ella o el gobierno de su país pudieran hacer para esclarecer el paradero de los estudiantes, no vacilaría en ofrecerlo. Su buena voluntad merece ser transportada a la realidad. La vía para ello está literalmente al alcance de la mano: basta activar los resortes del Departamento de Estado y la luz habrá de hacerse en forma automática.
En efecto, las autoridades norteamericanas tienen información precisa acerca de lo que está sucediendo en el país, de ahí que sea enteramente sensato pensar que también saben qué fue lo que realmente ocurrió con los normalistas, máxime que sus agencias de seguridad operan abiertamente a lo largo y ancho del territorio nacional.
Así se colige de la decisión de recortar en un 15% los recursos de la Iniciativa Mérida adoptada por el congreso estadounidense en octubre de 2015, bajo el argumento de que en los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa se cometieron violaciones graves a los derechos humanos; y del señalamiento consignado en un reciente informe de la Casa Blanca en el sentido de que militares están involucrados en ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones.
Hay que tomarle la palabra a Hillary Clinton y pedirle que exija a su gobierno que haga públicos los archivos donde consta la verdad sobre este horrendo crimen de lesa humanidad.