Esquizofrenia gubernamental
Hace unos días, tuvieron lugar tres confrontaciones que no tienen precedente en la historia de las relaciones diplomáticas de nuestro país. El primer diferendo tiene que ver con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Sus integrantes señalaron que al haber difundido unilateralmente los resultados del más reciente peritaje practicado en el basurero de Cocula, la Procuraduría General de la República rompió el pacto de confidencialidad previsto en el acuerdo suscrito con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por tal razón decidieron no seguir trabajando con la dependencia en ese tema específico.
La protesta alcanzó un inédito nivel cuando los expertos internacionales manifestaron que la “alta instancia del Estado mexicano” que tomó esa determinación provocó el quiebre de la confianza, mostró una enorme irresponsabilidad y evidenció muy poca sensibilidad por el derecho a la verdad de los familiares de los normalistas desaparecidos en la trágica noche de Iguala.
El segundo encontronazo involucró al secretario de Gobernación, quien salió a medios y declaró que el mandato del GIEI, con vencimiento al 30 de abril del 2016, no será prorrogado. La reacción del presidente de la CIDH no se dejó esperar y aseveró que la decisión es exclusiva e indelegable de la CIDH.
El tercer round ocurrió en la sede de la ombudsman hemisférico. La negativa a la aceptación de la existencia de violaciones graves a los derechos humanos que hizo valer el representante de la cancillería, llevó al comisionado Enrique Gil Botero a aseverar que esa postura quebranta el principio de realidad y es una de las primeras manifestaciones de la esquizofrenia.
Luego de esa inusitada reprimenda, otro comisionado, Paulo Vannuchi, en tono por demás enérgico denunció el “fuerte ataque de autoridades mexicanas” a la labor del GIEI y el daño irreparable causado a la imagen del secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza.
Tales sucesos vienen a corroborar la percepción de que en las altas esferas ha germinado la semilla de la paranoia, la intolerancia y el autoritarismo. Sólo a la luz de ese delicado contexto es factible entender que se esté alentando la aprobación de una ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, referente a la suspensión de los derechos humanos, a sabiendas de que se trata de una brutal regresión jurídica y política que niega el Estado constitucional de derecho y va a contracorriente del sentido común pues: I) se pretende subsanar la violación generalizada de derechos humanos mediante su supresión a diestra y siniestra, II) en vez de regresar al ejército a los cuarteles, se legitimará su presencia indefinida en las calles, III) la anormalidad en que vivimos, perfectamente tipificable como un conflicto armado interno, se transformará en una mega-anormalidad, rayana en el Estado de sitio.
Lograr que la línea dura, el estancamiento mental y la esquizofrenia gubernamental sean sólo una amarga pesadilla y no una permanente realidad, es sin duda un colosal reto ciudadano.