Este lunes 11 de abril, el bloque conformado por senadores del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y organizaciones de la sociedad civil, presentaron una nueva ruta de trabajo para dictaminar las primeras cinco normas que emanan de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Ello se debe a que el esquema original proponía discutirmil artículos en un solo día.
La reunión con dichos fines, en la que también participarían 3 representantes de organizaciones civiles, fue convocada por el presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, Pablo Escudero (Partido Verde Ecologista de México); de Estudios Legislativos, Alejandro Encinas (PRD), y de Justicia, Fernando Yunes (PAN).
Escudero aseguró que “las muestras de voluntad ahí estarán y será un debate abierto y público. La reunión de este lunes será inédita en el Senado. Nunca había sucedido esto; vamos a revisar artículo por artículo. Esto es más que un parlamento abierto”. El militante del PVEM, afirmó que los ciudadanos serán tratados como pares en la discusión del dictamen, y tendrán la oportunidad de discutir las leyes y presentar sus argumentos.
En relación a ello, el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Barbosa, aseguró que el bloque coincidió en que resulta imposible dictaminar el primer paquete de la Ley Anticorrupción en una semana (del 12 al 19 de abril). El nuevo plan de trabajo incluye el compromiso de que la normatividad sea aprobada antes del 30 de abril, fecha en que concluye el periodo ordinario de sesiones.
Por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el presidente nacional del partido, Manlio Fabio Beltrones, reiteró el sólido compromiso que se mantiene con la reglamentación, además del respaldo hacia sus grupos parlamentarios “en la configuración legal e institucional de esta reforma”. También aseguró que la normatividad es parte sustantiva del proceso de transformación nacional impulsado por el gobierno en turno.
Su homólogo en el PAN, Ricardo Anaya, aclaró que el partido no se prestaría a la simulación, al aprobar leyes que no estuvieran a la altura de la reforma constitucional aprobada el año pasado. Asimismo, aludió a la necesidad de contar con una Fiscalía verdaderamente autónoma.
La discusión y aprobación de la ley, se vio rodeada de exigencias por parte de los senadores Laura Rojas Hernández (PAN) y Zoé Robledo Aburto (PRD), de llevar a cabo un proceso transparente. Además, reconocieron que debe contar con la máxima difusión posible, por lo cual se propuso la utilización de tecnología que permitiera su transmisión en línea. Ello con el fin de demostrar que no existen negociaciones por debajo del agua.
Al parecer, los partidos están interesados en llevar a cabo un proceso cristalino; generar un blindaje contra la corrupción, sin que exista el mínimo indicio de ésta o sesgo de transparencia. De ello se desprende la inclusión de la sociedad civil. Parece totalmente lógico, al ser la primera afectada por las decisiones tomadas, y la primera a quienes deben rendir cuentas.
Aunado a esto, es a quien deben presentar sus propuestas en época electoral, y es quien ejercerá el voto. Entonces, ¿se trata de un verdadero, un genuino intento por incluir a la ciudadanía en los procesos que le atañen, o se trata de una estrategia con un trasfondo (propagandístico) electoral? En términos comerciales ¿los partidos son en verdad productos nuevos, desarrollados con base en las exigencias del mercado (la población), o simplemente recibieron un cambio de imagen?