Elvira Santibáñez Margarito, de 22 años, alias La Pala, es el nombre de la mujer que aparece en el video donde aparece torturada por elementos del ejército y de la policía federal. Es originaria de Ajuchitlán del Progreso y fue detenida en un operativo conjunto en compañía de otros dos sospechosos, José Villalobos Díaz y Juan Hernández Villa, quienes son oriundos de Arcelia.

Presuntamente, los tres operaban para el cártel de La Familia Michoacana y Santibáñez Margarito fue internada en un penal federal de Nayarit, donde se encuentra sujeta a proceso, luego de ser detenida junto con sus compañeros con cuatro armas largas AK-47 y una AR-5, cargadores, cartuchos útiles, así como una motoneta, según informó Miriam Moreno de Radio Fórmula.

Entrevistado por Ciro Gómez Leyva, el director de El Diario de la Tarde de Guerrero, Julio César Zubillaga Ríos, reconoció que pobladores de la zona, identifican a La Pala, como miembro de La Familia Michoacana.

Explicó que los abusos de este grupo delictivo han provocado que la gente abandone la zona debido a los secuestros que se daban primero en contra gente de recursos económicos y posteriormente se fueron por comerciantes en pequeño y profesores, por lo que muchos mentores ya no quiere regresar a las aulas para evitar ser víctimas de los criminales.

Los pobladores se rehúsan a hablar por temor a represalias de los grupos criminales, ya que muchos forman parte de sus propias comunidades, ya que como aseguraron al diario El Sur Acapulco, “mientras esa gente esté libre, no queremos problemas”.

Tierra Caliente, se ha convertido en un conflicto permanente debido a la estela de secuestros y enfrentamientos existentes entre La Familia Michoacana y Los Guerreros Unidos, una zona que a pesar de los operativos federales que se realizan, no cesa la violencia.

Ubicada en la frontera entre Guerrero, Michoacán y el Estado de México, se le llama el Triángulo de la Brecha, ahí son frecuentes los comandos armados que tan solo en enero pasado secuestraron a 21 personas en una boda en San Miguel Totolapan, cerca de la comunidad de El Salitre y posteriormente levantaron a 5 maestros del municipio de Ajuchitlán, quienes incluso al momento del secuestro, daban clase en la escuela secundaria técnica de Santa del Águila, donde por cierto murió el director de la escuela, Joaquín Real Toledo, por complicaciones de salud.

Para lograr su rescate, se inició un operativo donde participaron elementos del Ejército, Marina, PGR, Fiscalía General de Justicia y policías ministeriales. La presión ejercida por el operativo obligó a la liberación de los miembros de los oriundos de Arcelia— aunque asesinaron a dos taxistas, según el diario El Sur de Acapulco —; y fueron encontrados posteriormente por policías ministeriales y trasladados a una agencia del Ministerio Público, donde decidieron no denunciar el hecho, por temor a represalias.

Este es el día a día de los habitantes de esas comunidades, quienes tienen recursos económicos han salido de la zona y los demás, a pesar de que saben quiénes cometen o dan información a los delincuentes sobre “los secuestrables”, desisten de denunciar porque se juegan la vida. ¿Y sus derechos humanos dónde están?