El 5 de junio se votará para elegir a los gobernadores que ejercerán su cargo en 12 estados del país. Nueve de ellos son administrados por el PRI; el partido cuenta con un gran apoyo de los votantes, por lo que la oposición ha decidido aliarse para ganar terreno. La coalición PAN-PRD tiene bajo su poder los 3 estados restantes, y en estas elecciones se mantiene sólida para aumentar, o por lo menos, mantener su fuerza.
Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, son gobernados por el PRI. Oaxaca, Puebla y Sinaloa fueron adquiridos por la alianza opositora en el 2010. Su objetivo este año es mantener los estados que ha logrado ganar, y colocarse en otros cinco: Durango, Hidalgo, Tamaulipas, Quintana Roo y Veracruz. La coalición ha sido aprobada en Durango, Zacatecas, Veracruz y Oaxaca.
La actividad electoral de este año será intensa; se disputan mil 635 cargos públicos. A las 12 gubernaturas se suman 149 diputaciones de representación proporcional, 239 diputaciones de mayoría relativa, y 965 ayuntamientos. De tener un resultado favorable en las urnas, el PRI tendría control de 22 estados de la República.
Queda claro que cada partido pone en práctica estrategias para, en primer lugar, mostrarse como el verdadero satisfactor de las necesidades y demandas del electorado. Además, buscan deshacerse de viejas cargas y engendrar nuevas amistades, que les permitan mantenerse en el mapa y representen resultados positivos en el mediano y largo plazo. La llegada de un nuevo partido ¿en verdad representa la alternancia? El “más de lo mismo” puede cambiar de apellido.
El ejemplo más claro es el de los contendientes por el estado de Veracruz. La actual administración, encabezada por Javier Duarte, ha dejado al estado en una agravada situación de pobreza, violencia e inseguridad. La situación ha sido aprovechada por el candidato de la coalición PAN-PRD, antes militante del PRI, Miguel Ángel Yunes Linares, para hacerse de una imagen mesiánica; a la trayectoria de Duarte, le ha añadido acusaciones por lavado de dinero. Sin embargo, Yunes también tiene esqueletos en su armario.
El año pasado, él y su familia fueron investigados por presunto enriquecimiento ilícito y peculado. Además se le acusa de desvíos millonarios cuando se desempeñó como Secretario General del ISSSTE, y de llevar a cabo actos de represión durante su mandato en la Secretaría de Gobernación. Lo más reciente: su hijo, Omar Yunes, figura en las listas de los Panama Papers por la supuesta compra de una propiedad multimillonaria en Nueva York, en la cual su padre se encuentra implicado.
Otro caso de contendientes electorales con antecedentes poco deseables, es el del candidato de la coalición PRI-PVEM-Nueva Alianza por Tamaulipas, Baltazar Hinojosa. Ha realizado ya 4 compromisos como eje de su mandato: crear una policía municipalizada, brindar educación de calidad a los jóvenes, impulsar la creación de nuevas empresas, e invertir el presupuesto estatal en los rubros que la población le exija.
Su carrera política es abundante. Ha sido delegado de Sedesol en Coahuila, Secretario Particular del Presidente del INEGI, miembro del Consejo de Administración de Banobras, y Secretario del Desarrollo Social del Gobierno de Tamaulipas. Por otra parte en el año de 2002, cuando fue candidato por Matamoros, fue acusado de recibir financiamiento del Cartel del Golfo para su candidatura. En el asunto, también se vieron involucrados los exgobernadores Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, quienes fueron acusados de lavado de dinero y narcotráfico, además de tener cargos por declaraciones fraudulentas en bancos de los Estados Unidos.
¿Qué es lo que deja ver esta situación? Los mecanismos legales son efectivos para dar o cancelar el registro a los candidatos, pero son ineficaces cuando se trata de investigar y actuar por la vía legal, contra las “linduras” de los políticos. Al parecer nada evita que un criminal con carrera política, pueda postularse para administrar un estado y sus recursos, siempre y cuando cumpla con la fecha para entregar el informe de gastos de campaña, o no exceda el presupuesto asignado, por ejemplo.
Una vez más, la ley actúa con la cultura de la sanción y no de la prevención. Una vez que se ha hecho el daño, una vez que se han dado desfalcos millonarios, e incluso asesinatos como los ocurridos en el actual gobierno de Duarte en Veracruz, con evidencia que apunta hacia él como actor intelectual, entonces sí, posiblemente se persigan los delitos cometidos.
La decisión de postular a Hinojosa fue unánime, a pesar de los antecedentes y presuntos nexos que tiene. ¿Habla esto de una apuesta del partido por su mejor candidato? ¿Están tan seguros de ganar el estado, que la elección de un candidato resulta indiferente? O ¿se trata de un acto doloso, que alude a la ignorancia que puede existir en los votantes sobre su candidato, potenciada por el glamour de los reflectores y de las promesas?
A todo mundo le gusta que le digan lo que quiere escuchar. Y ese es el pilar sobre el cual, hasta nuestros días, se fundamentan las actividades de campaña electoral. La historia de los candidatos, toma relevancia una vez que han concluido su mandato y hecho de las suyas. Debería ser antes, para evitar el mayor número de violaciones a la ley y a los derechos de la población. Se trata del objetivo fundamental de la Historia: aprender, a partir de una revisión, para no cometer los mismos errores.