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En el aparato federal al parecer no hay quien entienda los conceptos más elementales de la política.
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Y el gobierno, sin entender

Empezaba el sexenio cuando el corresponsal de un periódico estadounidense dijo que el gobierno de Enrique Peña Nieto no entendía que no entendía. Al parecer continúa la falta de entendimiento, pues se considera no hay motivos para “el mal humor social”, se afirma que con su protesta los maestros “defienden sus privilegios” y que resulta incomprensible que se acuse al Estado por lo ocurrido a los muchachos de Ayotzinapa.

En una entrevista realizada al jefe del Ejecutivo por la reportera Rosa Elvira Vargas (La Jornada, 23/V/2016), queda claro que el gobierno federal no entiende que no entiende. Lo ocurrido en la noche triste de Iguala, al no ser resuelto por la autoridad municipal ni estatal, dejó la responsabilidad en manos de la federación, pues cuando fallan las instancias inferiores del Estado la responsabilidad se traslada, automática e inexorablemente, al gobierno central. Es de política elemental, pero no se entiende.

En lo que se refiere a los maestros, resulta sorprendente que no se comprenda su malestar, su irritación, cuando lo cierto es que el Congreso, por iniciativa del Ejecutivo, aprobó un paquete de reformas en materia educativa que ignoró por completo la opinión, el conocimiento, la experiencia y las condiciones laborales de los que han de aplicar cualquier cambio en este campo, que son los propios profesores.

Nadie niega que la educación es zona de desastre y que se requieren cambios de fondo, pero éstos no pueden llegar ni ser exitosos si los profesores son considerados como masa despreciable cuyas opiniones tuvieron y tienen sin cuidado al hato de senadores y diputados que aprobó mansamente una reforma punitiva, injusta y sin verdaderos fines educativos, una reforma que en forma imprudente y antisocial festeja el señor Aurelio Nuño, quien se jacta de dejar sin empleo a más de cuatro mil profesores y anuncia a todos los mentores que son intercambiables, que no importa su aptitud didáctica ni su capacidad pedagógica.

Hay la creencia de que una ley injusta y elaborada sobre las rodillas es un fetiche y que para los funcionarios no queda de otra que aplicarla a cualquier costo, con descuentos, negación de derechos laborales, despidos masivos, operaciones policiacas e incluso la intervención militar. Pero la realidad es otra cosa y es deber de los gobiernos buscar siempre el equilibrio social, la concordia y la justicia, pero en el aparato federal al parecer no hay quien entienda los conceptos más elementales de la política. No entienden que no entienden.

No, no se entiende que el mal humor social tiene su origen en esos desatinos que lejos de resolver problemas los exacerban, en esa manera estrábica de ver la realidad y considerar que la depauperada masa de los maestros “defiende privilegios” mientras que a los más ricos se les otorgan toda clase de canonjías y se les condonan impuestos, y en los tres poderes se reparte dinero en cantidades rockefellerianas, en tanto que la corrupción sigue carcomiendo las instituciones.

Es alarmante la autosatisfacción gubernamental que considera inexplicable la irritación de las mayorías con salarios de hambre, cuando tres de cada cuatro personas ocupadas están en la informalidad, cuando sesenta por ciento de las familias sobreviven con menos de siete mil pesos mensuales, cuando al recaudador de impuestos le parece normal que los capitales se trasladen —sin pagar impuestos— a los paraísos fiscales, cuando los bancos exprimen a sus deudores y pagan tasas miserables a los ahorradores… En fin, cuando existe tan terrible situación y el gobierno no lo entiende, o peor aún, no entiende que no entiende, entonces debemos prepararnos para lo peor, pues no hay esperanzas de mejorar. No con estos gobernantes.