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Debería preocuparse también por la corrupción y los actos de pederastia que se han presentado en el interior de su pulcra organización.
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No es una institución tolerante y abierta

 

México es un país preeminentemente católico; por más de 500 años la Iglesia católica ha sido una indiscutible guía en los asuntos de orden espiritual de los mexicanos. Sin embargo, su jurisdicción va más allá. Al ser toda una institución con figuras de autoridad consolidadas, las opiniones que emite acerca de asuntos que no deberían competerle ocasionan gran revuelo en la sociedad y, como sucede ahora con la propuesta del Ejecutivo para legalizar la unión entre personas del mismo sexo, distorsiona la realidad porque afecta a sus intereses y contradice los mandatos divinos en los cuales fundamenta su postura.

 

La controversia

El debate sobre la legalización del aborto en 2007 fue uno de los asuntos en los que la Iglesia ejerció su influencia y, de manera inevitable, entorpeció y dilató la resolución emanada de la Asamblea Legislativa, al oponerse tajantemente, sin importarle la situación en la cual se solicitara la práctica. Esto puso de manifiesto la influencia política con la que cuenta, de la cual se sirve para ejercer presión.

La propuesta presentada por Enrique Peña Nieto involucra la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en toda la república; actualmente sólo ocho estados lo permiten: Campeche, Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Nayarit, Quintana Roo y Sonora. El dotar de un carácter legal este tipo de uniones involucra el pleno reconocimiento de sus derechos como ciudadanos.

La publicación del domingo 24 de abril en el semanario Desde la Fe: Semanario Católico de Información y Formación, refleja la oposición del Episcopado Mexicano a la propuesta del Ejecutivo. “Lo primero que se debe decir es que ha sido la fe cristiana la que en la cultura occidental ha dado lugar al concepto de persona, su dignidad y respeto. Por lo mismo, la Iglesia es la primera en defender todo lo que atañe a su dignidad y derechos”.

Desde el principio, es bastante clara en cuanto al poder que se atribuye para opinar y sentenciar. No solamente se considera parte del conjunto de voces que deben tomarse en cuenta, sino que también se ve a sí misma como la principal autoridad en el tema. Más que esto, justifica y siembra la idea de que sus acciones están dirigidas por las mejores intenciones, y tienen como fin velar por el bienestar.

El argumento con el cual sustenta su crítica a la propuesta es su aparente irrelevancia en el contexto nacional, además de señalar el proceso como una legislación sobre “falsos derechos”, y una respuesta a la presión internacional. Para la Iglesia, los temas que en verdad importan, sobre los cuales se tiene que trabajar, son la pobreza, la corrupción, el narcotráfico, la violencia, la inseguridad y la desigualdad social. Nadie discute su relevancia pero, ¿en verdad le interesa resolver temas de “mayor importancia” o simplemente quiere desviar la atención para bloquear un proceso que la contradice como “defensora del verdadero matrimonio”?

En ese tenor, debería preocuparse también por la corrupción y los actos de pederastia que se han presentado en el interior de su pulcra organización, los cuales representan una violación a la dignidad, además de constituir un delito. Casos que demuestran la existencia de un malestar global, y la presencia de toda una estructura que permite actuar de manera impune: el sonado caso de Marcial Maciel, líder de los Legionarios de Cristo, y aquéllos retratados en filmes como El club, El bosque de Karadima y Spotlight. ¿Acaso no también son prácticas como éstas las que tienen al país de rodillas?

El punto aquí es que todos los temas antes mencionados tienen la misma relevancia, porque su desahogo contribuye a la construcción de un verdadero Estado de derecho y el bienestar social. Sin duda alguna, todos ellos representan intereses y situaciones que afectan la dinámica nacional, desde la inseguridad hasta el asunto del matrimonio, y por ende deben formar parte de la agenda de gobernantes y gobernados.

Otra de las “preocupaciones” que se hacen manifiestas en la publicación es que “se introduzca en la educación de los niños la destructiva y perversa ideología de género, que deforma la realidad antropológica y socava los valores fundamentales…” Es evidente que la Iglesia busca mantener el statu quo, la ideología que hasta nuestros días ha permanecido y evitar que, con la guía adecuada, se tenga una apertura hacia otras perspectivas que, contrarias a su cerrazón, obedecen a los cambios experimentados por la sociedad.

Lo más alarmante en este aspecto es el creer que los hijos de las familias serán “envenenados con esta malsana ideología”. ¿Por qué ver la apertura de horizontes como un envenenamiento? Lo que da a entender es que prefiere las cosas como están, y la única lectura de la realidad que se vive es aquélla que propaga y concuerda con sus principios. Si le fuera posible volvería a los tiempos previos a la reforma protestante, en donde la gente debía tomar tal y como recibía la palabra de Dios, sin oportunidad de realizar una interpretación propia. ¿Por qué no también, de paso, reinstaurar el Tribunal de la Santa Inquisición? El máxime del actuar impune e infundado.

Si bien la Iglesia quiere mostrarse como una institución abierta, que respeta y tolera, su discurso resulta bastante contradictorio. Por una parte, habla de sus esfuerzos y acciones por no discriminar e incluir a los homosexuales en la vida eclesial. Sin embargo, su postura sobre el matrimonio, retomada del papa Francisco, es definitiva: “no existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia”. ¿De qué habla esto? De la existencia de una autoridad incuestionable, de la cual provienen verdaderos dogmas.

Otras células alineadas, como la Arquidiócesis de Yucatán, aseguran que la propuesta es un camino hacia la “depravación” y que la decisión de los diputados debe en verdad ser representativa, al tomar en cuenta todas las opiniones. Las voces que en verdad deben escucharse ya han sido escuchadas, de ahí el origen de la propuesta. Es más bien la voz de los sectores conservadores quienes, en lugar de sentar las bases para que se dé una mayor apertura y tolerancia, quieren frenar el proceso, ¿porque contradice el orden biológico “fundamental” o el eclesiástico?

 

Resistencia al cambio

Lo único que el pronunciamiento de la Iglesia hace es entorpecer un inminente y necesario proceso de apertura, y poner incluso más barreras de las que ya tienen que enfrentar estos sectores de la población. De acuerdo con Alejandro Brito, director ejecutivo de la ONG Letra S, los crímenes de odio cometidos en el país desde 1995 han sido mil 21 en contra de gays, 265 contra mujeres trans y 24 en contra de mujeres. Ello pone de manifiesto la existencia de una sociedad, una cultura que se muestra violenta en contra de aquéllos señalados como diferentes, y la postura de la Iglesia abona el reforzamiento de esa cultura.

Si la Constitución defiende la libertad de creencias, ¿por qué no también defender la verdadera libertad de establecer uniones? En tanto no afecten los derechos de terceros, no debería existir impedimento alguno para legalizar el matrimonio entre parejas homosexuales. Ahí empieza el problema con la postura eclesiástica, a la cual le resulta inevitable mezclar los elementos de fe que profesa en temas de orden civil.

Y es que en la realidad mexicana aquéllos que contraigan matrimonio, incluso una vez legalizado, serían señalados por la Iglesia y, extensivamente, por todos aquéllos que se encuentran alineados. No escaparían a la exclusión, a la discriminación y a la humillación, a pesar de mostrar una sordera selectiva. Todo por el simple hecho de que Dios, cuya existencia han sido incapaces de demostrar, “dice” que el matrimonio debe unir a un hombre y una mujer.

Sin duda alguna, la Iglesia sabe que la educación comienza desde pequeños y tanto el hogar como las instituciones educativas son los principales referentes para moldear una visión en los primeros años de vida, años que podrían traducirse en la transformación de la visión de las futuras generaciones. De ahí también su preocupación por el abordar una perspectiva de género en las escuelas, y que aluda al sentir de los padres de familia sobre el “envenenamiento” de sus hijos.

Lo que no quiere la institución es formar parte de un proceso de apertura y tolerancia, y no ha entendido que ya no se vive en la época de la Colonia, en donde “contradecir los mandatos divinos” era considerado un crimen. A sabiendas del poder que tiene, hace lo posible para imponer su voluntad y es que, dicho de manera coloquial, “tiene todas las de ganar”.

Cientos de miles de mexicanos criticaron al presidente Felipe Calderón por su fracaso en el combate al crimen organizado y las miles de muertes que se generaron durante su mandato. Cientos de miles reclaman a Peña Nieto su ineptitud para gobernar y su ineficiencia para rendir cuentas sobre el caso de Ayotzinapa. A la Iglesia nadie le exige cuentas, porque es imposible. Su promesa básica es una estancia en el Paraíso. Si alguien quisiera mostrarse revolucionario, podría responder: “Los caminos del Señor son inescrutables”. Voilà! El discurso haciendo maravillas.

La propuesta de Peña Nieto bien podría ser un intento para ganarse la simpatía de los ojos nacionales e internacionales, que lo vean como un gobierno de avanzada, después de los tropiezos que ha tenido su gobierno. Por otra parte, la Iglesia puede tener dos fines: demostrar que no ha perdido su poder, a la vez que representa los intereses de las alas conservadoras de la política, con quienes mantiene una estrecha relación de cooperación.