Apenas se asimilaba el adverso clima político y social que generó la serie de denuncias entre las dirigencias nacionales de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional en torno al uso de presuntos grupos armados para que diferentes expresiones partidistas se unieran –obligadas por el poder fáctico de la criminalidad- a uno de los candidatos a la gubernatura de Tamaulipas, cuando en el estadio de Tampico Madero se protagonizaba otra batalla campal.
Los tamaulipecos no salen de una cuando ya están en otra. El saldo fue de al menos 40 lesionados, luego de que aficionados del equipo local de segunda división se liara con tal brutalidad a golpes con fanáticos de la escuadra rival de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAETM), que finalmente ganó el título.
Además de lo reprochable que puede resultar que en recintos deportivos sea cada vez más frecuente este tipo de agresiones en espectáculos familiares, es aún más condenable que la policía local no haya podido contener un disparate de esta naturaleza.
Tuvieron que intervenir las fuerzas federales y armadas para dispersar el conflicto que ya se había extendido varias calles a la redonda de ese estadio representativo para la historia del deporte y en especial del fútbol en México. Lo que le faltaba a Tamaulipas.
De ahí parten, entonces, serias dudas de quienes consideraban exacerbada la suspensión de las elecciones que están a punto de realizarse este próximo 5 de junio, aun con todo lo que implicaría, como nombrar un gobernador interino y que la federación se haga cargo de la gobernabilidad de esa entidad.
Las acusaciones de delincuencia organizada entre los candidatos a la gubernatura, son otro escenario que deberá servir de indicador para las autoridades electorales y gubernamentales, si en realidad quieren evitar una tragedia.
Si bien fue osado y hasta absurdo la vinculación de una fotografía de las autodefensas de Michoacán, manipulada mediante un programa de edición gráfico para soportar una acusación del PRI en contra de un adversario político, al final del camino el sustentado vínculo de Francisco García Cabeza de Vaca con el Cartel del Golfo, es definitivamente un foco rojo y una clara señal de alarma.
Es decir, no hay condiciones con este escenario para que un proceso electoral se lleve a cabo, porque las instituciones siguen siendo débiles.
Surgen pues más dudas de qué es lo que se quiere en Tamaulipas, que hoy en día representa una de las entidades con mayor atención de los institutos electorales rectores y del gobierno federal, solicitado para blindar una elección por demás compleja y temeraria.
Por ejemplo;
– Si el primer filtro para el registro de la candidatura de Cabeza de Vaca fue el partido político que lo postuló, ¿dónde estaba el órgano interno del PAN para evitar tener aspirantes con estos señalamientos? ¿o fue su cómplice?
– ¿Y entonces la autoridad electoral también estuvo de acuerdo para permitirle el registro?
– ¿quién le extendió la carta de no antecedentes penales que debió haber entregado?
– ¿Por qué no lo ha detenido la PGR?
– ¿Le guardaron el pecado para utilizarlo en la elección?
No sería lo deseable pensar a estas alturas que en resumen, los poderosos representantes de la partidocracia en México siguen utilizando la justicia para deshacerse de los enemigos políticos y ganar elecciones; mientras los criminales siguen en las calles esperando su turno, para ser, tal vez, los próximos alcaldes, gobernadores o diputados.
Tal parece que todos, pero todos los partidos políticos tienen la urgente necesidad de jugar limpio al renovar sus cuadros, de ganar credibilidad de la ciudadanía y hacer una limpia al interior de sus estructuras.
Si no lo hacen, seguramente se verán dominados por el narco y envueltos en acusaciones como las que hoy se viven en Tamaulipas y que hundieron a Michoacán, Veracruz y más recientemente a Guerrero, donde quién gobernaba eran los grupos del crimen organizado y la carne de cañón eran los políticos, que después, pasaron de ser víctimas a victimarios de miles de inocentes.