La desaparición de las juntas de Conciliación y Arbitraje en el ámbito federal y de los estados, son parte de las reformas constitucionales propuestas por el presidente de la República Enrique Peña Nieto en materia de justicia cotidiana y que van encaminadas a que los litigios laborales se resuelvan en tribunales autónomos.
En este momento, como está la ley y el sistema de litigio laboral, regularmente un trabajador que demanda en lo particular a un patrón es favorecido con el resolutivo o sentencia cuando de exigir sus derechos laborales se trata.
Si bien lo que el presidente Peña Nieto plantea con estas reformas es la construcción de instancias de conciliación para que los conflictos se resuelvan de forma amigable, también es cierto que ahora, con la entrada en vigor de esta reforma, el trabajador se tendrá que enfrentar al deficiente y burocrático sistema judicial, tanto de los estados como de la federación.
Un juicio laboral llega a tardarse incluso varios años en las actuales juntas locales y federal de Conciliación y Arbitraje; ahora un trabajador se someterá al doblemente tardío y engorroso actuar del Poder Judicial respectivo.
Hasta aquí a grandes rasgo las juntas de C y A eran benéficas directamente para el trabajador, para el empleado y que ahora se tendrá que enfrentar, como siempre, a lidiar con el embate del poderoso patrón que puede pagar prestigiados abogados y soportar la tramitología de un juez de causa.
La exposición de motivos de la iniciativa presentada por Enrique Peña Nieto, advierte que 18 millones de mexicanos se incorporaron a la población económicamente activa, luego de la estadística refiere que de 1995 a 2015 los conflictos individuales se incrementaron 132 por ciento, al pasar de 125 mil 510 a 291 mil 548.
Empero, la otra arista es que desaparecerán –relativamente- estos entes que actualmente dependen del Poder Ejecutivo en turno y que son utilizadas por la administración pública para resolver mediante acuerdos facciosos sus conflictos y los de las poderosas empresas con los sindicatos.
Y es que la iniciativa contempla la construcción de Centros de Conciliación especializados, que operarán autonomía técnica, operativa y presupuestaria, así como la creación crear un organismo descentralizado, pero no independiente de la administración pública para atender el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales, ya que el titular será propuesto mediante terna al Senado.
Por tanto, la autonomía no será tal y permanecerá como el mismo poder fáctico dependiente desde su creación y dirección de nombramientos del Poder Ejecutivo y de los acuerdos que se tomen entre los partidos políticos para la construcción y designación de quienes encabezarán este nuevo modelo de justicia.
Entonces, aquí la pregunta obligada es ¿quién va a garantizar que el nuevo nombre de este poder fáctico no va a atender los compromisos políticos que se generen entre los poderes del Estado y que las resoluciones no atenderán a los intereses de la clase dominante?…