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Lo que propone el presidente, estemos o no de acuerdo, es darle a una minoría un derecho reconocido por la Corte.
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Es de sabios cambiar de opinión
En un país con sistema político presidencial, la opinión y decisión del presidente desempeñan un papel esencial, de tal suerte que los gobiernos y sus resultados son fundamentalmente evaluados en función de la conducta del titular del Ejecutivo; por eso es muy importante entender las líneas que traza con sus percepciones y conductas.
Enrique Peña Nieto, quien ha sido mal evaluado por la opinión pública y cuya popularidad, según los encuestólogos, ha descendido sensiblemente, tiene una indudable cualidad que hay que reconocerle y que consiste en “leer”, con acierto, los vientos que mueven a la opinión pública y, ha tenido la capacidad —más allá de sus opiniones personales o de sus preferencias amistosas— de tomar decisiones que coinciden con las expresadas por líderes de opinión de signos políticos distintos.
Esta constante se refleja en muchas acciones políticas y jurídicas, como ejemplos: la nominación de Eruviel Ávila como candidato a gobernador del Estado de México, la destitución de Moreira como presidente del PRI, el alejamiento con Elba Esther Gordillo, la flexibilidad para aceptar, dentro del Pacto por México, límites al poder de los monopolio televisivos, y muchas acciones más; quizá la última, en materia de política internacional, fue la de sustituir al embajador en Washington.
En el orden legislativo acaba de dar dos golpes mediáticos formidables, impulsando iniciativas en las que seguramente no está de acuerdo en su fuero íntimo, pero las cree oportunas para bien de la república. Me refiero a la iniciativa para aceptar la marihuana para fines terapéuticos y aumentar hasta 28 gramos la dosis de consumo no punible; y por otra parte —para sorpresa de la sociedad—, la iniciativa que permite —en concordancia con la estructura garantista constitucional y de derechos humanos de las minorías— el matrimonio igualitario, proponiendo una reforma al artículo 4 de nuestra Carta Magna.
Al respecto, desde el punto de vista jurídico constitucional, las reformas al artículo 4 de nuestra ley fundamental y al Código Civil Federal son correctas. Dejar como un derecho constitucional consagrado este tipo de matrimonio impide que los códigos civiles de los estados contravengan dicha disposición, que además ya ha sido considerada en resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otras palabras, lo que propone el presidente, estemos o no de acuerdo, es darle a una minoría un derecho reconocido por la Suprema Corte.
En el caso de la cannabis, es aceptar una necesidad de salud pública, que tendrá como efecto la salida de la cárcel de miles de internos que, al obtener su libertad, se concretará un acto de justicia.
La nación espera que esta percepción sea acertada. Es de sabios cambiar de opinión.