Parece ser que el caso Ayotzinapa está por cerrarse y desaparecer de la agenda mediática, pero no la nacional. La entrega del reporte y recomendaciones por parte del GIEI, fue el cierre de una ríspida y atropellada “cooperación” con las autoridades nacionales, derivada de la entrega de un informe que contradecía la versión de la PGR. Como asegura Francisco Cox, miembro del grupo, “ellos aún creen que habríamos tenido que sostener su versión de los hechos”.

La negación de la prórroga al GIEI para coadyuvar en el caso, ha puesto un nuevo tema sobre la mesa. Claudia Paz y Paz, miembro del grupo, considera que la creación de un mecanismo, símil de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, es necesario para que en el país se dé la justicia que tantos casos, el de Ayotzinapa entre ellos, exigen. No hay que perder de vista que esta recomendación, es consecuencia de la remoción del GIEI del caso.

Las ventajas que Paz y Paz considera un mecanismo similar tiene frente al GIEI, es que se trata de una “institución mucho más robusta”, y con mayor grado de independencia para actuar. Mientras su labor en el caso Ayotzinapa se ceñía en todo momento al actuar de la PGR, el organismo tiene entre sus mandatos “un mandato específico para demandar investigar funcionarios, e incluso para demandar la destitución o nombramientos, para iniciar procedimientos internos”.

La idea de un mecanismo que combata la impunidad y persiga a los funcionarios que la propician y ejecutan, no suena nada mal para un país como en el que vivimos. Sin embargo, habría que preguntarse lo que implicaría su accionar, y en específico, si existen las condiciones propicias (o pueden darse) para que cumpla los objetivos que se plantea.

La investigación de Ayotzinapa fue un claro ejemplo de la no cooperación que existiría entre un organismo externo y las autoridades nacionales. Si una contradicción en los reportes derivó en un quebrantamiento de las relaciones, un organismo con facultades para demandar investigaciones y destituciones, no sería bien recibido. Además, su autonomía y margen de acción, podría significar una violación de la soberanía nacional, y la tutela que tiene el gobierno federal en los asuntos de orden penal.

Ello pone también de relieve la necesidad de cuestionarse el papel que juegan las ONG; si en verdad se trata de organizaciones sin fines de lucro, o si utilizan una fachada para hacerse de beneficios económicos e incluso políticos. Al ser instituciones que se extienden a lo largo de todo el mundo, resulta fácil elegir un lugar para ejemplificar los alcances y el tipo de labor que pueden desempeñar.

África es su continente predilecto. Las condiciones de pobreza extrema, violencia e inseguridad, lo colocan como un espacio en el que quienes viven bien, puede disminuir su sentimiento de culpa y redimirse, aunque sea por un momento. Quienes tienen los recursos para montar una ONG, cuentan con una considerable cantidad de dinero, por lo que de entrada, es un círculo bastante elitista. Aunado a ello, en el continente se da el fenómeno del “turismo solidario”: ayudan a pintar una escuela durante 3 días, y los 7 restantes están de vacaciones en alguna playa.

Además el continente ha demostrado su eficiencia: con 30 años de políticas solidarias, ha mantenido su status de país en vías de desarrollo. No ha avanzado nada. Sí, la entrega de vacunas y cosas por el estilo sirven para paliar ciertas carencias, pero la situación sigue igual. La publicidad utiliza las mismas imágenes de niños descalzos en comunidades marginales, para lograr que las emociones de la gente firmen un cheque. Venden mártires para recibir financiamiento público. Lo mismo podría pasar en México (si no es que ya sucede). Aprovecharse de la desgracia ajena para recibir fondos, mientras se intenta dar solución a tal o cual problema.

La creación de una institución que tenga como objetivo prevenir la impunidad, debe tener en cuenta el contexto actual. Es necesario sentar las bases para que las instituciones nacionales den cabida a estos mecanismos, y se garantice un accionar imparcial. Asimismo, la vigilancia tanto por parte de las autoridades como por parte de la sociedad debería ser minuciosa.

Ahora bien, habría que cuestionar a Paz y Paz acerca del por qué propone implementar tal mecanismo, cuando se dio un aumento de la violencia en Guatemala, en su ejercicio como Fiscal. La violencia por “la lucha energética” pasó de estar concentrada en el suroeste del país, a abarcar prácticamente la totalidad, en tan solo 4 años (2010-2014). ¿Quiénes protagonizaron la rampante propagación? Se presume que fue un conflicto entre milicias armadas que se autodenominaban “grupos de derechos humanos”, mismas que presuntamente operaron con las garantías que les otorgaba la ONU, el gobierno de Estados Unidos, y la Fiscalía de Paz y Paz.