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Los militares estaban cumpliendo con su deber. Fueron agredidos por un grupo delictivo y, a partir de ahí, el verdadero infierno comenzó para ellos.
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De quienes las representan jurídicamente

¡Soldados asesinos! ¡Soldados represores! ¡Soldados violadores “sistemáticos” de derechos humanos!

Éstas y muchas cosas más son como los grupos identificados como contrarios a cualquier orden establecido califican al ejército mexicano.

Éstas y otras cosas más las utilizan organizaciones que solamente procuran sus propios intereses, para denostar a las fuerzas armadas.

Tlatlaya tenía madera para convertirse en el nuevo “2 de octubre”. Ninguna condición era mayormente ideal para encontrar en las fuerzas armadas el candidato perfecto para convertirlo en el asesino, en el represor; en el violador de derechos humanos.

Tlatlaya era la oportunidad que organizaciones como Human Rights Watch, Centro Pro DH, CNDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenían para encontrar un proyecto que les generara voz, impulso y, por supuesto, dinero, no importando que en ello se tuviera que mentir, fabricar, inducir y aleccionar.

Después de haber pasado más de dos años, quienes tenían que demostrarlo, no pudieron darles a los jueces las pruebas suficientes. No podía convertirse en el 2 de octubre del 68 debido a que esa madrugada de hace casi 50 años eran estudiantes los contrarios. En Tlatlaya, eran delincuentes.

Tlatlaya no fue un acto de represión por ideales. No fue un acto criminal, ni de injusticia, como fue el que los Zetas perpetraron al asesinar a 72 desafortunados migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010.

San Fernando es un ejemplo claro. El peritaje de mecánica de lesiones practicado a los migrantes asesinados, indicaba claramente —por el tipo de lesiones provocadas por la distancia donde fueron disparadas en su contra las armas de fuego— que fue una ejecución. El mismo tipo de peritaje efectuado a los 22 de Tlatlaya indicó que la distancia con la que recibieron los impactos correspondía a las que se efectúan en un enfrentamiento.

No hay impunidad en este caso. El pasado viernes 13 de mayo, con la liberación de los tres elementos militares que seguían presos, se acabó la impunidad; fueron liberados por falta de pruebas. ¿Son víctimas?

Esa madrugada, los militares estaban cumpliendo con su deber. Fueron agredidos por un grupo delictivo y, a partir de ahí, el verdadero infierno comenzó para ellos, ya que fueron detenidos y procesados, para que al final nadie haya podido comprobarles nada.

¿Qué pasa con sus esposas e hijos? ¿Quién les devuelve el tiempo vivido en reclusión?

¿Las tres testigos de Tlatlaya?

Esa madrugada, al terminar el enfrentamiento, tres mujeres comenzaron a gritar a los soldados: “¡Nos tenían secuestradas!” No fueron los soldados quienes las llevaron ante el ministerio público, ya que ésa no es parte de sus labores.

El Centro Pro DH las llama “sobrevivientes”, por la razón de seguir generando la inercia de “¡ejército asesino!” No son ni testigos ni sobrevivientes, y se debe a que en el momento del enfrentamiento estaban dentro de tres camionetas, tiradas en el piso. Imposible que pudieran haber visto algo. Ellas no agredieron a los militares.

Donde se ha hecho más evidente la manipulación y aleccionamiento al que fue sometida es en la testigo Clara Gómez, mamá de Erika, la única mujer que participó en el enfrentamiento contra el personal castrense.

La tiene sometida el Centro Pro DH. Esta ONG es quien le presta la defensa jurídica para convertirla a ella y a su hija en víctimas; de hecho lo hicieron al momento de descubrir su verdadera personalidad, es decir, cuando la presentaron ante los medios de comunicación el año pasado, y en esa presentación el Centro Pro DH informó que aproximadamente la Sedena debía indemnizar a las “víctimas de Tlatlaya” con 80 millones de pesos, la propia Clara comenzó a recibir extorsiones por parte de la delincuencia que todavía trabaja en esa zona, para que entregara el dinero recibido.

Lo que es un hecho es que el Centro Pro DH ya recibió dinero por parte del gobierno debido a que representan a las supuestas víctimas. De esto, surge una interrogante: si no se comprobó la culpabilidad de quienes se supone que asesinaron a 22 personas, entonces no hay víctimas y, por lo mismo, deberían devolver el dinero recibido.

Las tres mujeres que estaban esa madrugada en la bodega donde ocurrió el enfrentamiento solamente son víctimas de quienes las están representando jurídicamente y exhibiendo en los medios de comunicación.

Ni a Human Rights Watch, ni al Centro Pro DH, ni a la propia CNDH les importan las tres mujeres. Eso es claro. Sólo importa crear una confusión tal, que el provecho de sus efectos sea para ellos.

¿Cuándo se han preocupado por defender a quienes han sido verdaderas víctimas de la delincuencia? El confuso y sensible tema de los derechos humanos hace que eventos como el de Tlatlaya expongan, como ya pasó, no solamente a los 8 efectivos militares que participaron esa madrugada, sino a toda una institución. Por cierto, la institución en la que más confían los mexicanos.

 

jibarrolals@hotmail.com

@elibarrola