La carta abierta que dirigen medios de comunicación, -tanto impresos como electrónicos-, en la que exigen se frene el acoso que enfrenta el periódico Vanguardia, de Saltillo, es apenas la punta del iceberg que amenaza resquebrajar la cuestionada base de la relación prensa-estado.
El cansancio agota y ahí está la prueba de ello, aunque seguramente más de alguno cederá en sus comentarios y reclamos, lo cierto es que el grueso de los medios informativos, en lo público y en privado, resienten las restricciones a que son obligados.
El temor a sufrir episodios como el de La Vanguardia, no es cualquier cosa: el pasado seis de mayo, en un acto sin precedente, un comando especial de élite formó un cerco de más de dos kilómetros para resguardar las diligencias del actuario de un juzgado civil y poder así despojar al director del diario, Armando Castilla Galindo, de sus propiedades.
En la carta abierta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto; al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; a la procuradora Arely Gómez González y a la opinión pública, los medios que se han solidarizado con el grupo de Castilla Galindo, refieren que existe en el país una gran preocupación por la situación de violencia que se ha volcado sobre medios de comunicación impresos y electrónicos, pero fundamentalmente, sobre quienes ejercen el oficio periodístico.
Tienen razón cuando dicen que desde hace una década, las estadísticas de periodistas asesinados y de medios violentados, ha crecido de manera inédita, ubicando a México como uno de los países en donde la libertad de expresión está permanentemente bajo fuego.
Hay indignación y profundo malestar ante hechos consumados, como es la escalada violenta contra compañeros lo mismo de Veracruz que de Guerrero u Oaxaca, lo que ha generado decenas de muertos en las filas periodísticas.
La acusación que crece en redes sociales y medios electrónicos, y que ahora alcanza a los principales medios del interior del país; esa que se expresa desde distintas trincheras y que amenaza explotar en cualquier momento, está sustentada en la indignación lacerante que genera en cualquier orden de nuestra cotidianidad, la impunidad, la que desgraciadamente suele acompañar a hechos criminales como los que hoy día padecen los comunicadores.
“Estamos convencidos de que los cotos a la libre expresión y a la libertad de prensa no sólo provienen de los cárteles y delincuencia organizada, sino por igual, de gobiernos y políticos de piel sensible a la crítica y al escrutinio mediático”.
La Vanguardia, fundado en 1975 y considerado un diario líder en la plaza de Saltillo, es hoy el sacrificado, pero desde fines de abril pasado, sus directivos y trabajadores denunciaron los ataques cibernéticos y de intimidación de que son objeto y se ha documentado una serie de actos de difamación, espionaje, acoso y vigilancia, por motivos desconocidos.
Los hechos ya fueron enérgicamente condenados por la Sociedad Interamericana de Prensa y de a poco, más medios y comunicadores se unen a la condena y exigen a las autoridades mexicanas actuar en consecuencia, para que se frenen los ataques a la prensa que desde la administración gubernamental federal pasada y en ésta, con mayor fuerza y frecuencia, se han recrudecido.
Prevalece pues la gran incongruencia en el discurso de respeto al clima de libertades que garantiza la Carta Magna, a menudo tomada en el entorno de los derechos humanos, por el gobierno federal: hay atropellos del poder público, inequidad en el trato que reciben, violencia, ataques, etcétera.
El Consorcio de Medios, integrado por comunicadores de Reynosa, Tampico, San Luis Potosí, Coatzacoalcos, Puebla, Morelia, Cancún, Sinaloa, Campeche, Los Cabos, Monterrey, Nuevo Laredo, Villahermosa, Saltillo, Tuxtla, Aguascalientes, Oaxaca, Tulancingo, León y Acapulco, tiene razón cuando afirma que sin libertad de expresión ni prensa libre, la democracia, así sea incipiente, es una mera ficción.