[gdlr_text_align class=”right” ][gdlr_heading tag=”h5″ size=”26px” font_weight=”bold” color=”#ffffff” background=”#FA5858″ icon=” icon-quote-left” ]
Se tiene que hacer una investigación y sancionar al responsable que permitió que el cuerpo del joven haya llegado a la fosa común.
[/gdlr_heading][/gdlr_text_align]

Entrevista a Gabriel Regino | Abogado penalista

El país está a punto de estallar ante la brutal ola de violencia que se registra. Todos los días nos desayunamos con la noticia de hallazgos de fosas clandestinas o de personas que desaparecen y que son buscadas por sus familiares, sin tener respuestas cabales por parte de gobiernos federales y estatales. Actualmente enfrentamos un grave problema de inhumaciones clandestinas que se han visto multiplicadas ante la lucha entre organizaciones de narcotraficantes y de los altos índices de homicidios, robos, secuestros, así como de gran cantidad de bandas criminales que operan ante la vista de las autoridades.

Estamos inmersos en una serie de problemáticas que, ante la falta de sensibilidad de las autoridades, nos pueden llevar hasta una crisis de gobernabilidad, como en el caso de las fosas de Tetelcingo en Morelos, en donde se dio un manejo erróneo del procedimiento, advierte el abogado penalista Gabriel Regino, exsubsecretario de Seguridad Pública del Distrito Federal.

Muchos analistas señalan que la guerra emprendida por el expresidente Felipe Calderón en contra del narcotráfico es el detonante de esa explosión violenta; sin embargo, existen datos de que esa administración recibió un país destruido por parte de su antecesor, Vicente Fox. Lo importante es atender la necesidad de miles de mexicanos que realizan esperas interminables en procuradurías o en fiscalías en busca de respuestas y que deben salir a las calles a buscar, por sus propios medios, a sus familiares.

Actualmente México no cuenta con una regla general para tratar el tema de los desaparecidos, y algunos ministerios públicos y la Procuraduría General de la República (PGR) —instancias encargadas de reconocer la justicia de las víctimas— exigen esperar 72 horas para registrar una denuncia.

 

Las cifras no mienten

En su informe anual, Amnistía Internacional informa que en México hay más de 27 mil personas que permanecen desaparecidas o en paradero desconocido. Señala que persiste la impunidad por violaciones graves de derechos humanos, como la tortura y otros malos tratos, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales.

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de la ONU reveló que en México se reportaron 545 casos de desapariciones forzadas o involuntarias entre 1980 y 2015, años con mayor índice de sucesos que coinciden con los periodos en los que las Fuerzas Armadas han intervenido en tareas de seguridad y orden interno.

De acuerdo con los datos ofrecidos por la ONU, en México han desaparecido más de 6 mil 700 niños y adolescentes en los últimos dos sexenios, en su mayoría a manos del narcotráfico.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas reporta que los estados que registran mayor cantidad de personas extraviadas y relacionadas con averiguaciones del feudo federal son Guerrero, Tamaulipas y Veracruz. La mayoría corresponde a jóvenes: 56.2 por ciento son personas que van de los 20 a los 49 años y 19.5 por ciento de ciudadanos entre los cero y los 19 años.

La PGR destacó que de agosto de 2006 a octubre de 2015 se han encontrado fosas en 16 entidades federativas, en donde se han localizado 662 cuerpos en 201 fosas, relacionados con crímenes del fuero federal.

Detalló que logró la identificación del 18% de las 662 víctimas halladas enterradas. La dependencia explicó que el estado de descomposición de 380 cuerpos, que son 57.4% de los casos, no ha permitido saber su sexo.

 Prolifera la inhumación clandestina

“México tiene un grave problema de inhumación clandestina derivado de esta irracional lucha entre diferentes organizaciones dedicadas al crimen en nuestro país, y que, desgraciadamente, donde las autoridades reciben informaciones anónimas de que hay entierros, se encuentran con fosas ilegales, que tiene que ver con el tema del crimen organizado”, señala Gabriel Regino García, abogado penalista, en entrevista para Siempre!

Destaca que no solamente existen las llamadas fosas comunes —es a donde van a dar todos los cuerpos que no fueron reclamados o identificados por sus familiares—, también están las “cocinas” que “son áreas, principalmente, encontradas al norte del país en lugares descampados donde se llagan a localizar una gran cantidad de tambos, de tinacos con perforaciones en cuyo interior se pueden encontrar solamente dientes”.

Refiere que estas “cocinas” han sido localizados hasta por docenas pero lo que hace más escalofriante el hallazgo es que: “en cada tambo llegan a meter a una, dos y hasta tres personas para disolverlas, estos casos son muy recurrentes en Nuevo León, por ejemplo”.

Al hablar sobre el manejo oscuro que se le ha dado a las fosas, el abogado penalista señala que el término de fosa común es un expresión forense correcta, explica que en todos los estados de la república existen fosas comunes; ahora, ¿para quién son y quién autoriza que existan?

“Las diferentes legislaciones civiles de cada estado —esto puede variar en cada entidad— ponen un limite de plazo en el que un cuerpo debe de ser inhumado. En la Ciudad de México, por ejemplo, la ley civil determina que un cuerpo que no ha sido identificado y que no ha sido inhumado tiene que serlo en un periodo máximo de 12 meses, pasado ese tiempo deberá ser inhumado forzosamente, ¿por qué este tiempo? pues porque se estima que es el adecuado para que alguien lo haya reconocido, lo haya identificado, además para evitar afectaciones a la salud pública. Durante ese tiempo los servicios forenses de todos los estados deberán tener en sus refrigeradores, en sus gavetas, una gran cantidad de cadáveres que los van a guardar dependiendo de las instrucciones que les de el ministerio público”.

Como ejemplo ofrece el de las personas indigentes que al ser conocidas como tal, al no tener familiares y al fallecer de causas naturales en donde no hay necesidad de una investigación, de un hecho delictivo, pues son cuerpos que se van directo a la fosa común. El Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México lleva ahí, para ser inhumados, los cuerpos que nadie reconoció, porque la investigación no logró prosperar y porque el ministerio público dio su visto bueno al no haber más que investigar en el caso.

Precisa que los panteones tienen que tener destinados como cuota para el gobierno, un cierto espacio para las fosas comunes, “todos los panteones estatales, principalmente, porque los municipales no llegan a tener tanta capacidad; pero los estatales o de municipios importantes tienen que dar una cuota de terreno al estado para este tipo de efectos de las fosas comunes. En el caso de la Ciudad de México, el panteón de Dolores tiene una gran cantidad de terreno destinada a las fosas comunes, ahí están, desgraciadamente, los restos de nuestros paisanos que fallecieron en el sismo del 85”.

A pregunta expresa de si existe alguna laguna jurídica en materia de fosas comunes, Regino García declara que no, puesto que está perfectamente previsto en todas las legislaciones estatales, “la legislación es clara es muy concreta en ese sentido, pero también se presentan estos errores procedimentales terribles e imperdonables, como el caso de Tetelcingo”.

Nada más como referencia menciona el caso de la Ciudad de México, en el que en promedio anual “a las fosas comunes se mandan de 400 a 500 cadáveres, lo cual es altísimo, es una tragedia. Hay mucha gente que muere y que nadie va a reclamar, incluso, hay casos en que los cuerpos son reconocidos, se le habla a la familia para comunicarles el deceso, la respuesta es que ahí se quede, pues les sale muy caro llevárselo, y pues ni modo, se va a la fosa común”.

El caso Oliver y la fosa de Tetelcingo

Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, joven comerciante y habitante del municipio de Cuautla, Morelos, fue privado de su libertad por un grupo de siete hombres armados el 24 de mayo de 2014. Días más tarde su cadáver fue encontrado en una barranca de la región, de donde fue sacado y llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense del estado; incluso después de haber sido reconocido por su madre, el cuerpo fue sepultado en una fosa común en el panteón de Tetelcingo; pese a que el gobierno estatal se negaba a abrir las fosas, ahora los 150 cuerpos que se encuentran ahí son exhumados y, tras una orden judicial, se logró que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos participara en las maniobras.

Frente a los hechos en Tetelcingo, Regino García asevera que estamos ante un grave escándalo, en donde debido a la falta de sensibilidad y el manejo erróneo del procedimiento —pues los cuerpos se enterraron en condiciones ajenas a cualquier protocolo forense— se tiene que hacer una investigación y sancionar al responsable que permitió que el cuerpo del joven haya llegado a la fosa común.

“Creo que hubo una falla en la comunicación. Al ser Morelos una entidad víctima, desgraciadamente, de la delincuencia, de la violencia criminal, considero que antes de hacer un envío tan masivo en estas condiciones se debieron redoblar los esfuerzos de comunicación con todos los estados con avisos de familiares que tuvieran desaparecidos, con estas unidades de desaparecidos para poder hacer los cotejos de ADN genéticos y de esa manera lograr conocer la identidad, una vez agotado los mecanismos, y entonces sí decidir enviarlo a la fosa común”, subraya.

Señala que este procedimiento estuvo plagado de errores: “por un lado Oliver, quien ya había sido reconocido, fue enviado a esa fosa —dicen que por una doble acta, y pues hay que ver quién hizo la doble acta—; por el otro, también se debe checar que los 100 o 150 cuerpos que están junto con el cuerpo de Oliver se les haya tomado la muestra genética para una eventual comparación”.

Importancia de las carpetas de investigación

Asevera que lo que se debe investigar en todas las fosas comunes es si existen carpetas de investigación por cada cuerpo que es inhumado en ese lugar. “Con las carpetas de investigación o los oficios que autorizaron que el cuerpo se vaya a una fosa común, se puede determinar que cada cadáver tenga un expediente que acredite la causa fehaciente de la muerte; si esta causa era natural y nadie lo reclamó, entonces su envío a la fosa común está más que justificado. Si en la carpeta de investigaciones se establece que la persona murió de forma violenta pero no se logró establecer la autoría de los responsables, esa investigación debe de seguir abierta. Cuando un cuerpo no es reclamado, no tiene que permanecer necesariamente en el Instituto de Ciencias Forenses, puede ser enviado a la fosa común, pero es necesario ver en conclusión cuales fueron los argumentos que tuvo la fiscalía o el ministerio público a cargo para decidir enviar esos cuerpos a la fosa común, pero uno por uno no en bloque, se debe determinar cuál es la justificación de que cada cuerpo haya terminado en ese lugar”, indica.

“En este tipo de casos lo que se debe tener es sensibilidad y que esto nos sirva de experiencia para todo el país, que está lleno de fosas clandestinas. Le corresponde al gobierno hacer un manejo pulcro de estas actividades de inhumación, porque de no hacerlo, y así como está la sensibilidad a flor de piel, con todo el derecho que tienen las víctimas y ofendidos, va a pasar lo mismo que está sucediendo en Morelos, lo que puede traducirse hasta en una crisis de gobernabilidad”.