[gdlr_text_align class=”right” ][gdlr_heading tag=”h5″ size=”26px” font_weight=”bold” color=”#ffffff” background=”#2f2f2f” icon=” icon-quote-left” ]Surgió el negocio del narcotráfico como una actividad económica que devino en operación criminal. [/gdlr_heading][/gdlr_text_align]

Entrevista a Alfonso Molina | Analista político colombiano | Exclusiva Siempre!

Pocos saben que Colombia estuvo dividida en dos Estados: uno federal y legal, y otro delincuencial, controlado principalmente por líderes del narcotráfico. Este sector delictivo ha tenido una directa influencia en la vida política, social y económica del país.

Para Alfonso Molina, analista internacional independiente de origen colombiano, las redes se extendían incluso hasta el financiamiento popular y el apoyo a grupos rebeldes como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional.

“Hay zonas del país que fueron abandonadas por los gobiernos nacionales, donde la acción del Ejecutivo y otros poderes públicos ha sido prácticamente nula. Esta ausencia ha generado, entre otras razones igualmente importantes, el desarrollo de fuerzas políticas y económicas que han ocupado el vacío institucional con tres expresiones fundamentales: guerrilla, narcotráfico y paramilitares. Esto es historia”, dijo Molina, vía correo electrónico, a cuestionario expreso de Siempre!

“También en la misma época, surgió el negocio del narcotráfico como una actividad económica que devino en operación criminal, a través de los carteles de Medellín, Cali y del Caribe, entre otros, cuya expresión más poderosa fue la intensa personalidad de Pablo Escobar Gaviria, quien aún después de su muerte en 1993 sigue fascinando a los paisas, la gente de Medellín”, dijo.

Espiral en ascenso

Los gobiernos nacionales han tratado de dirigir una lucha frontal contra los grupos narcotraficantes, muchas veces, sin mayor logro ni eficiencia. En otras ocasiones, propiciando más bien una negociación con los dirigentes delictivos, los cuales se enraízan en la sociedad y la política a través de actos de corrupción que llegan a todos los niveles y socaban el sano desarrollo social del país.

“El Patrón, como llamaban a Escobar Gaviria, comprendió el rol de la política para su negocio y desarrolló una intensa actividad de penetración en los círculos del poder económico y político. Se dice que su mayor ambición era ser el presidente de la república”, comentó.

“Todos recuerdan con escándalo que la presidencia de Ernesto Samper estuvo severamente salpicada por su financiamiento. Desde luego, Escobar generó el enfrentamiento con las fuerzas políticas opuestas a sus funciones criminales. Los asesinatos del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla en 1984, de Guillermo Cano, director del diario El Espectador, en 1986, y del candidato presidencial Luis Carlos Galán, en 1989, constituyen tres momentos esenciales de ese enfrentamiento. Por supuesto, hay muchos más”, señaló.

El poder del tráfico de drogas en Colombia se ha visto desde los años ochenta como una espiral en ascenso, donde ha inducido a fomentar cambios turbios en la política colombiana. Los grupos narcotraficantes aprovecharon durante su boom en los ochenta, cuando recibían millonarias cantidades provenientes de la producción, distribución y venta de narcóticos procesados, principalmente de la cocaína.

Al inyectar dinero, buscaban controlar o incluso destruir el sistema judicial, favorecer la impunidad y manejar a los medios de comunicación, influir en las campañas políticas, en los partidos y hasta en la distribución del poder. Todo para que el negocio siga en pie.

“No es secreto para nadie que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) —los grupos paramilitares— surgieron para proteger la vida de los terratenientes y grandes propietarios rurales, pero también se dedicaron a controlar el negocio de la droga en Colombia. Para lograr el control absoluto del negocio se dedicaron a acabar con la guerrilla, la cual desde hacía ya algún tiempo venía financiando sus operaciones con este negocio”, explicó Molina.

“La influencia del narcotráfico en la vida política colombiana ha establecido distintas y amplias ramificaciones. Se ha acusado, incluso, al expresidente Álvaro Uribe Vélez de formar parte de la estructura política del negocio de la droga a través de las AUC. A pesar del Plan Colombia, impulsado por Estados Unidos desde el año 2000, que ha costado unos 5 mil millones de dólares, las actividades del narcotráfico no se ha reducido sino, más bien, se han incrementado”.

Entre estas organizaciones delictivas, las más fuertes son el llamado cartel de Medellín de Pablo Escobar o incluso algunos que formaban alianzas como el Cartel de Cali y el Cartel del Norte del Valle, todas ellas con una fuerte infraestructura de producción, distribución y venta de narcóticos, así como poseedores de grandes recursos económicos provenientes del lavado de dinero y de acciones delictivas como la extorsión y el secuestro.

La mano del narcotráfico se ha hecho sentir desde las campañas electorales hasta en la destitución o imposición de candidatos y presiones a mandatarios electos. Casos como el del político Luis Carlos Galán, quien fue asesinado cuando aspiraba a lograr la presidencia por el Partido Liberal Colombiano o los atentados contra la sede de las DAS, ocurrido en 1989, con un saldo de más de setenta muertos, eran el modus operandi de una política de terror cuyos efectos eran la superioridad armada y la impunidad político social. Esta situación se extendió hasta entrados los años dos mil.

Reformar el Estado

“La vía más estructural de combatir su influencia en la política de Colombia —además de combatirla policialmente— se halla en la necesaria reforma del Estado y su desarrollo en zonas que aún hoy siguen dominadas por las bandas criminales y las guerrillas”, indicó.

“Una reforma que fortalezca la presencia del Estado —sin impulsar el estatismo centralista— a través de políticas públicas en infraestructura —hay zonas que hoy no cuentan con energía eléctrica ni servicio de aguas— así como en educación, tierras productivas y vivienda”, puntualizó el experto.

Esta tendencia fue denominada narcodemocracia por la prensa tanto internacional como colombiana, y era un decreto abierto de la gran penetración que tienen los grupos criminales desde el Congreso hasta las instituciones federales e incluso en los más recónditos municipios de ese país sudamericano.

Incluso durante la administración del presidente Virgilio Barco, que fue una de las más duras contra la delincuencia (1986-1990), el narcotráfico logró superar las medidas restrictivas, en parte haciendo gala de violencia como fue el caso de la muerte del procurador general de la Nación Carlos Mauro Hoyos en 1987, y de otras acciones terroristas en represalia por la campaña lanzada por el gobierno para confiscar los activos de los traficantes.

“En este caso, era visible que el narcoterrorismo se había convertido en la clave para socavar la autoridad y ponerla a punto de negociación. Algunos de ellos lo hacían para evitar ser extraditados a Estados Unidos, donde serían juzgados con el rigor de la política antinarcóticos norteamericana”, comentó.

“En casos como éstos, los líderes delincuenciales ofrecían retirarse del negocio ilícito e incluso presionar a otros grupos independientes a disminuir sus operaciones, a cambio de que no incautaran sus fortunas y de una amnistía judicial”, concretó.