Con miras a lograr la acreditación de los centros federales de readaptación social para el año 2017 y de 387, entre federales y estatales, distribuidos en México, en un proyecto a largo plazo, el gobierno de Estados Unidos refuerza el apoyo a la administración mexicana a través de la Iniciativa Mérida, un acuerdo de cooperación bilateral en seguridad.
México recibirá fondos de alrededor de 2 mil 500 millones de dólares a través de la Iniciativa Mérida. Dese 2009, a través de esta estrategia, Estados Unidos ha aportado más de 25 millones de dólares en equipo, capacitación y asistencia técnica para la reforma de ceresos en México.
A Estados Unidos le urge que los mexicanos certifiquen sus cárceles (quizá por aquello de los escapes vía túneles VIP); de ahí que estableció la acreditación ACA, que obliga a los centros penitenciarios a cumplir 40 estándares obligatorios, y por lo menos con el 90 por ciento de otros 97 estándares en las áreas de seguridad ante hechos criminales, protección de la propiedad y de personas, orden, seguridad en términos de salud, derechos humanos y administración del centro.
La Embajada de Estados Unidos en México, es la institución que aterriza la Iniciativa Mérida, y que le permite a esa nación trabajar con las cárceles mexicanas para ayudar a alinear sus operaciones con estándares internacionales, con la meta de obtener la acreditación internacional otorgada por la Asociación de Correccionales de los Estados Unidos (ACA).
El trabajo norteamericano, dicen, es de apoyo y para complementar las medidas implementadas por el gobierno mexicano para garantizar un ambiente seguro para los internos, guardias y vigilantes, y las propias familias, a través de la incorporación de programas adecuados de rehabilitación y que las cárceles se conviertan en verdaderos centros rehabilitadores.
Desde 2009, la nación que pretende gobernar Donald Trump ha trabajado con 30 instituciones federales y estatales para lograr la acreditación ACA. Y esperan que para diciembre de este año, otros diez centros logren llegar a ese nivel.
Estados como Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, han tenido oportunidad de aplicar, unos, y conocer, todos, los alcances y beneficios de la Iniciativa Mérida. Los alcances, sin embargo, no son suficientes frente a la problemática global que enfrentan estos espacios.
Elena Azaola Garrido, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social del Sistema de Centros Públicos de Investigación del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, reveló el año pasado que en México, el 65 por ciento de las cárceles padecen autogobierno, están sobrepobladas y no existe una política penitenciaria adecuada para enfrentar la problemática que las define.
La publicación de Conacyt destaca que Azaola Garrido es doctora en Antropología y que ha desarrollado numerosos estudios sobre violencia, criminalidad y las instituciones carcelarias en México, con 180 trabajos publicados al respecto.
La realidad de las cárceles mexicanas es expuesta por la investigadora y contrasta en definitiva con los planteamientos de las estrategias que se pretenden implementar a través de la llamada Iniciativa Mérida.
Los programas en sí no son equivocados o “malos”; al contrario, hay casos de éxito que seguramente pueden ser altamente motivadores, pero la realidad es que la infraestructura y las condiciones en que habitan los presos de estos lugares; el tránsito de drogas, el autogobierno y los oros problemas que son cotidianos en dichas instalaciones, se convierten en grandes muros de contención que impedirán (o harán muy difícil), invariablemente, el que se concreten estas pretensiones bilaterales.