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México no tiene los medios para hacer una investigación científica del delito.
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El nuevo sistema de justicia penal acusatorio
El próximo 18 de junio entrará en vigor en todo el país el nuevo sistema de justicia penal acusatorio como resultado de la reforma constitucional aprobada en 2008. Sin embargo, esto no necesariamente significa que mejorarán las ya de por sí frágiles condiciones de seguridad en nuestro país.
Estas modificaciones se dieron en el marco de una ola de reformas en América Latina, en las cuales se impulsaron principios de oralidad y publicidad para lograr una justicia más expedita, cercano al modelo norteamericano. En el corto plazo los resultados de estos ejercicios no fueron alentadores, en la mayoría de los países se incrementó el delito y disminuyó la eficacia para su persecución, aunque más tarde se observaron algunas mejoras.
En un país incendiado por la violencia, el desprestigio de las instituciones, un Poder Judicial anacrónico, secuestrado por el nepotismo y los intereses, sin una policía funcional, que para efecto práctico no persigue ni investiga el delito, y una corrupción generalizada, el nuevo sistema genera presiones adicionales a la procuración de justicia.
El Estado mexicano no se pudo adaptar a este sistema con oportunidad y hoy enfrentamos contradicciones que ponen en duda la credibilidad de las instituciones, como en el caso de Raúl Martínez Gutiérrez, alias el Santero, condenado a 60 años de cárcel por el delito de secuestro y que hace unos días fue liberado debido a que la quinta sala de un Tribunal Colegiado anuló dicha sentencia por “irregularidades en el debido proceso”. Un culpable sin duda, pero que está en libertad por la confusión derivada de la aplicación del sistema. Lo que pinta de cuerpo completo los riesgos de la aplicación del nuevo sistema y deja un antecedente doloroso de liberación de culpables, además de que constituye una herramienta poderosa para los criminales.
Desde su aprobación, diversas voces de académicos, organizaciones civiles y expertos en la impartición de justicia han hecho énfasis en que este cambio de paradigma es un reto importante no sólo en términos financieros, sino también en el ámbito institucional, sobre todo por el eterno tamiz de la corrupción que domina la escena de la impartición de justicia.
Las instituciones trabajan sobre la base humana, sin embargo, hoy, la mayoría de los policías investigadores, peritos, abogados, agentes del ministerio público y jueces de todo el país no cuentan con la preparación suficiente para implementar este sistema. La ecuación de ignorancia, negligencia, corrupción y falta de decisiones adecuadas puede ser una fórmula para una mayor descomposición en materia de seguridad.
Frente a las limitaciones de las instituciones, se suma un escenario complejo: bajo crecimiento económico (por lo tanto, menos posibilidades de empleo), disminución en los recursos presupuestales, una relación con Estados Unidos que estará marcada por el discurso de Trump, que, con independencia del resultado de la elección, tensará la relación con México. La suma de la falta de potencia y las presiones del entorno son un riesgo a atender.
La realidad es dura y clara, hoy México no tiene los medios para hacer una investigación científica del delito, de hecho, vale la pena la pregunta: ¿qué y cómo investigan las policías?
En estos momentos electorales, todos los candidatos han declarado su interés y compromiso por la seguridad, pero pocos le han entrado al tema de fondo, que es construir un diseño institucional funcional para que el Estado salvaguarde la vida y patrimonio de los mexicanos.
La justicia y la seguridad en México empeorarán antes de mejorar. El nuevo sistema penal puede ser un elemento disruptor, no sólo en la administración de justicia, sino en la gobernabilidad. Es urgente que el Estado tome conciencia de los riesgos y tome acciones.
@LuisHFernandez
Senador de la República