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Bastante sangre de mexicanos se ha vertido ya, para que se dilucide este conflicto por medios violentos.

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Nochixtlán-Oaxaca

El escalamiento del conflicto magisterial por la negativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de aceptar en sus términos la denominada reforma educativa instrumentada a inicios del sexenio obliga a todos los actores político sociales a replantear una solución negociada de este enfrentamiento que ocasionó la muy lamentable pérdida de vidas humanas.

Expresaba en mi entrega anterior en estas mismas páginas de nuestra revista Siempre! que la dirigencia de la coordinadora había perdido la brújula al llevar el diferendo a una postura de todo o nada; y hoy agrego que, también desde la Secretaría de Educación Pública, plantear que para dialogar se requería que los maestros abandonaran sus protestas, regresaran a las aulas y aceptaran la reforma, configuraba en los hechos un reduccionismo similar.

Es cierto y nadie en su sano juicio puede negar que en los últimos tres años, ante la las protestas de la CNTE, en repetidas ocasiones se instalaron “mesas de diálogo” y que los acuerdos terminaban siempre incumpliéndose en razón de que al consensuarse con las “bases”, éstas expresaban su negativa y en varias ocasiones llegaron a desconocer a sus líderes por haber llegado a esos acuerdos.

Es cierto también que las conductas violentas de los contingentes magisteriales en los estados donde tienen mayor fuerza generaron la perdida de la simpatía popular con los docentes e incluso se truncó en franco repudio por sus acciones, que perjudicaban incluso patrimonialmente a terceros ajenos al conflicto, y se le reprochaba al gobierno permitir el trastocamiento del orden social y se le exigía que hiciera cumplir el Estado de derecho.

Y es cierto también que otro sector social acusaba al gobierno de represor y de buscar la privatización de la educación, de lesionar los derechos de los profesores y especialmente que la reforma educativa no era tal, sino una de corte laboral para afectar a los maestros en sus derechos adquiridos.

Al respecto, cabe aclarar que los maestros son servidores públicos, con un régimen especial de acceso y permanencia en el servicio, al igual que todos los servidores públicos, y que las evaluaciones previstas para ellos no implican darlos de baja, sólo retirarlos de la tarea de dar clases frente a grupo.

Más allá de intentar revisar los contenidos específicos de los cambios que causan escozor al grupo de profesores integrantes de la CNTE y del propio SNTE, mi intención es llamar a las autoridades y a los profesores a la serenidad, a la prudencia, a la mesura y a que obren con inteligencia; se requiere destensar el enfrentamiento. Un extraviado preguntaba que a quién convenía la violencia y los hechos lamentables de Nochixtlán, la respuesta debe ser contundente: a nadie.

El país viene saliendo de una “guerra” irracional contra el narcotráfico que empapó de sangre casi todo el territorio nacional y cuya inercia no ha parado; bastante sangre de mexicanos se ha vertido ya, unos como sicarios de los narcotraficantes y otros uniformados como soldados y policías, para que se dilucide este conflicto por medios violentos.

El gobierno federal está obligado a agotar todas las posibilidades de solución del conflicto, a actuar con tolerancia e insistir en que mediante el dialogo se busque una resolución pacífica, debe privar una visión de Estado. Hacerlo, no implica transigir, rendirse o perder, para ninguna de las partes. Estoy planteando que se construya una nueva relación entre autoridades y mentores de la CNTE, convenciéndolos de que no es posible mantener el perverso statu quo que por décadas estuvo vigente.