La hipótesis o línea de investigación más fuerte a seguir de la PGR sobre el Caso Iguala, es que para el grupo criminal “Guerreros Unidos”, el robo de vehículos y la movilización de los estudiantes de la Escuela Normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, fue una provocación para calentar la plaza en su territorio.
Inverosímil, pero real la versión basada en supuestas declaraciones y detenciones que la dependencia del gobierno federal ha dado a conocer en voz de Eber Omar Betanzos Torres, subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR.
El histórico acontecimiento de violento, como muchos que ocurren de manera similar en el país y que no se denuncian, dejó en el camino 43 normalistas agredidos y privados ilegalmente de su libertad, así como 6 personas privadas muertas y otro número alto de personas, víctimas de diversos delitos.
En un contexto de desvirtúo e incredulidad, la Procuradora General de la República, Arely Gómez González, por fin entregó a los familiares de los normalistas “el Informe sobre el Caso Iguala: Estado que guarda la investigación de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero”.
La PGR también dio a conocer de la designación de Alfredo Higuera Bernal como nuevo titular de la Oficina de Investigación del Caso Iguala, en sustitución de José Aarón Pérez Carro.
Este informe contiene un recuento de las acciones realizadas desde el inicio de la indagatoria el 4 de octubre de 2014, hasta el 30 de abril de 2016, encaminadas al esclarecimiento de los hechos, determinar el paradero de los jóvenes estudiantes y aprehender a los responsables.
El libro blanco fue descrito a grandes rasgos por Betanzo Torres quien reconoció que estos lamentables eventos alertaron a las autoridades sobre fallas, abusos de poder, corrupción e infiltración de organizaciones criminales en algunas corporaciones policiales municipales en la zona norte de Guerrero.
El reclamo ciudadano ha sido contundente: que los culpables sean llevados ante la justicia y se les imponga el castigo que señala la ley, considera Eber Omar; sin embargo ese solo serpia un paso, pues es urgente desmembrar, desarticular y reducir hasta su desaparición a los grupos del crimen organizado, salido de control en el estado de Guerrero, para este caso.
En este contexto, se dijo que el “Informe del Caso Iguala”, conjuntamente con la versión pública del expediente describe las principales actuaciones que el Ministerio Público de la Federación ha llevado a cabo en el marco de las atribuciones constitucionales, explicó el funcionario de la PGR.
El expediente referido en este informe, recoge la contribución de todas las áreas de la Procuraduría General de la República; la investigación está abierta.
Betanzo considera pues, que además, desde una perspectiva de derechos humanos, se muestran las acciones encaminadas a atender las observaciones formuladas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y las peticiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a fin de cumplir con los más altos estándares de investigación en la materia.
Detalló que para la elaboración de este informe, la Procuraduría General de la República utilizó múltiples documentos, testimonios, declaraciones, peritajes, entre otros, todos ellos documentados en el expediente, a efecto de ilustrar la debida diligencia con la que se ha conducido esta investigación.
Refirió que el informe inicia con los antecedentes que dan competencia a esa dependencia y establece una cronología de acciones en torno a la investigación a partir de que la PGR tomó conocimiento de la indagatoria de la Fiscalía General de Guerrero.
Betanzo precisó que las evidencias recabadas hasta el momento, pudieron conocer que el grupo delincuencial autodenominado “Guerreros Unidos” tejió una red de complicidades, especialmente en Iguala, Cocula y municipios aledaños y se infiltró en los cuerpos de seguridad municipal.
Resaltó que la penetración criminal alcanzó a diversos servidores públicos de ese orden de gobierno, quienes recibían de manera regular importantes cantidades de recursos; dinero que era destinado presuntamente, entre otras cosas, al control de la policía municipal.
Agregó que en el informe sobre el “Caso Iguala”, se podrá observar, entre otras cosa, una narrativa de los hechos desde la salida de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ubicada en el municipio de Tixtla; así como de las principales actuaciones emprendidas por la PGR en los rubros de búsqueda y localización, así como atención a víctimas.
En función de lo anterior, la Procuraduría General de la República enumeró lo que consideró avances de las investigaciones hasta el 30 de abril de 2016:
- Consignaciones. 168 personas por el delito de delincuencia organizada.
- Detenciones.130 personas han sido detenidas. Se trata de elementos de las policías de los municipios de Iguala y de Cocula, así como de la organización delictiva “Guerreros Unidos”.
- Resoluciones judiciales. 422 resoluciones judiciales de las cuales 209 corresponden a órdenes de aprehensión libradas por diversos delitos.
- Actuaciones periciales. 1,651 intervenciones en 24 especialidades diversas.
- Declaraciones. Sobresalen 850 declaraciones que corresponden a estudiantes normalistas de Ayotzinapa; integrantes del equipo de futbol “Los Avispones de Chilpancingo”; miembros de la organización “Guerreros Unidos”; elementos policiales; elementos militares, y testigos diversos, las cuales fueron tomadas en presencia de los defensores y abogados.
- Acciones de búsqueda. Más de 850 acciones de búsqueda y localización de los estudiantes normalistas.
- Respeto a la salvaguarda de los derechos de las víctimas. Con la finalidad de que las víctimas y sus familiares tuvieran acceso a los servicios de asistencia que en su beneficio proporciona la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de conformidad con la Ley General de Víctimas, su Reglamento y el Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se solicitó el reconocimiento de los 43 estudiantes normalistas, de los integrantes del equipo de futbol “Los Avispones de Chilpancingo”, y a diversas víctimas entre familiares y otras personas quienes han recibido los servicios de atención.
- En materia de transparencia y rendición de cuentas. El pasado 13 de mayo, se publicó la tercera parte de la versión pública del expediente, que consta de 37,215 fojas contenidas en 47 tomos; que fueron agregadas a las dos primeras partes, conformadas por 102,583 fojas en 154 tomos y 14 anexos.
La citada versión pública puede ser consultada en la página electrónica de la Procuraduría General de la República.
- VIDEO PRESENTADO POR EL GIEI. Por otra parte, es importante mencionar que con motivo de la publicación del segundo informe de asistencia técnica del GIEI, el 24 de abril pasado, en el que se plantean señalamientos sobre posibles irregularidades cometidas por servidores públicos de la Procuraduría General de la República en la sustanciación de la investigación y demás diligencias realizadas para el esclarecimiento de los hechos, la sanción de los responsables, y la satisfacción de los derechos de las víctimas y la sociedad; la Visitaduría General y el Órgano Interno de Control de esta institución, desde el 27 de abril, han iniciado las investigaciones respectivas para determinar lo que conforme a derecho corresponda.
Finalmente, Betanzo señaló que el pasado 17 de mayo, la Procuradora General de la República se reunió con los padres de los estudiantes donde presentó y entregó el informe, del cual aquí puede consultar cualquier ciudadano los documentos:
www.gob.mx/pgr/documentos/informe-del-caso-iguala