Senadores del PRI y PVEM justificaron su voto en contra de la Ley 3de3, que impulsaba la rendición de cuentas. Ningunearon las 634 mil 143 firmas de ciudadanos que se manifestaron a favor de transparentar el servicio público.

Luego de que se aprobara la versión light de la Ley 3de3, y se expusiera la lista de senadores que votaron a favor y en contra de la propuesta realizada por el PRI y PVEM en la cual propusieron que servidores públicos de los tres niveles de gobierno no tengan obligación de hacer una declaración patrimonial de manera abierta, el presidente de la Comisión Anticorrupción de la Cámara Alta, Pablo Escudero, manifestó que la iniciativa privada también debe presentar una declaración: “la corrupción no es un problema exclusivo de los servidores públicos. Para que haya corrupción tiene que estar la otra parte, y ellos tienen que comprometerse también. Por eso, desde antes de que se presentara la reserva, ya teníamos un capítulo para sancionar también a las personas físicas o morales que contraten con el gobierno”.

Por su parte, la senadora priísta Cristina Díaz resaltó los beneficios de la reforma. Explicó que contempla responsabilidades administrativas no sólo para servidores públicos, sino también para las personas físicas o morales que vulneran la ley, de modo que la corrupción se combata desde todos los frentes sin dar lugar a la impunidad.

Fuentes del Senado de la República revelaron a Siempre! que los senadores del PAN Gabriela Cuevas, Ernesto Cordero, Luisa María Calderón, Mariana Gómez del Campo y José Luis Lavalle Maury acordaron con el PRI lanzar la “bomba nuclear” y así “inventar” el artículo 32 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, el cual obliga a las personas físicas y morales a presentar su 3 de 3 cuando firmen contratos para obras o servicios con el sector público, esto con el fin de hacer “enojar” al sector privado con respecto a lo que estaba exigiendo (publicidad de las declaraciones patrimoniales), y así forzarlos a que compartan el costo político de la reforma anticorrupción.

Organizaciones como Transparencia Mexicana, así como el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), expusieron a través de sus cuentas de twitter los nombres de los senadores que votaron en contra de la reforma.

En entrevista para Siempre! Marco Fernández, investigador de México Evalúa, manifestó que los servidores públicos están sujetos a la rendición de cuentas. También explicó su total rechazo a las modificaciones de la ley: “la ciudadanía, al haber apoyado con esas 634 mil firmas, había optado por la vía institucional para tratar de cambiar las instituciones en un tema fundamental como es combatir la corrupción y, con todo eso, la clase política les dijo ‘tengo oídos sordos, para otra ocasión, ahí nos vemos’. Con esta decisión, en un futuro, ¿qué probabilidad existe que haya una movilización ciudadana?”. Además, destacó que estuvo bien que se contemplara el catálogo de faltas administrativas graves en las plataformas digitales que va a tener el Sistema Nacional Anticorrupción, “hay una dedicada a las conservaciones públicas. Sin embargo, los detalles de cómo va a operar no están en esa ley, se tiene que definir”, concluyó.

 Comparación del documento original y las modificaciones realizadas a la Ley 3de3