Entrevista a Jesús A. Vera Jiménez | Rector de la Universidad Autónoma de Morelos | Exclusiva Siempre!

“Las fosas de Tetelcingo son una manifestación de la descomposición en la que nos encontramos como sociedad y de la colusión de algunas instancias encargadas de la procuración de justicia con la delincuencia y el crimen organizado”, afirmaba en su mensaje del 23 de mayo el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Jesús Alejandro Vera Jiménez, durante la apertura de las fosas clandestinas en el predio El Maguey.

En entrevista exclusiva con Siempre!, el rector Vera Jiménez asegura que en el periodo del gobernador Graco Ramírez Abreu “se han incrementado los índices de criminalidad y la impunidad es la que la alimenta de manera considerable, solamente el 3% ha estado sujeto a un proceso penal; de éstos, 10% han recibido sentencia, es decir, que sólo 10% del 3% ha recibido castigo. La impunidad es altísima y por lo tanto en Morelos estamos ante un estado incapaz de procurar justicia a las víctimas, tal parece ser que las autoridades están coludidas con el crimen y de lo que se trata es de esconder los cuerpos para que no se develen los crímenes. Es una situación atroz, por eso el gobernador tendrá que enfrentar cargos por encubrimiento, por negligencia criminal y, por supuesto, también por impedir la procuración de justicia en favor de las víctimas”.

La posición que ha asumido el gobernador Graco Ramírez en este caso de las fosas de Tetelcingo “es lo propio de una persona que ha ejercido el poder en este estado de una manera autoritaria, imponiendo un modelo policial de seguridad y un sistema de procuración de justicia arrodillado, como tiene arrodillados también a los diputados. En lugar de llamar a cuentas al exfiscal, entonces procurador —Rodrigo Dorantes Salgado—, por el entierro irregular de los cuerpos no identificados en las fosas, el gobernador gestiona para que le den un cargo como delegado de la PGR en Durango”.

Además, en lugar de llamarlo a que comparezca, “el Congreso Estatal lo que hace es ordenar que se nos audite especialmente para ver de dónde estamos pagando los universitarios los procesos de exhumación, porque nosotros estamos llevando la carga financiera de todos estos procesos en relación con los peritajes que van a hacer los peritos que llevan las víctimas y también toda la asistencia que le estamos dando a las mismas aquí en el estado. Por tanto, es un gobierno irresponsable que no quiere darle la cara a las víctimas, que no quiere enfrentar su responsabilidad y que lo único que hace es pagar medios para denostar y para demandar —porque, de hecho, quiere demandar—; es el único estado en donde el ministerio público demando a una víctima por sabotaje y por no permitir que exhumaran esas fosas sin la participación de sus peritos”.

En estos momentos, el mandatario estatal está más preocupado por su aspiración al 2018 y quiere tapar el sol con un dedo en este asunto tan grave, “negando y pagando en los medios que puede pagar, porque evidentemente hay medios que no lo permiten, que tienen un buen código de valores, pero tratando él además de hacer gestiones políticas para que esto no salga a la luz pública. Espero que ahora sí el Estado mexicano aplique todo el rigor de la ley y que veamos que somos capaces de castigar a los delincuentes y que no podemos y que ya no vamos a someter la justicia a la política y ese tipo de política de tráfico de influencias; ojalá la procuradora, ojalá los jueces, ojalá los magistrados y todos vean la gravedad del asunto y apliquen la ley a estos responsables que tienen nombre y apellido”.

 

El gobernador decía que todo estaba bien

Aquí —apunta Vera Jiménez— “es un golpe al Estado mexicano porque se dice que se está buscando a las 30 mil víctimas de desaparición forzada, que están ayudando, y aquí vemos que no es así, que el Estado lo único que hace es ocultar, y no los está buscando, entonces sí es muy preocupante que no se castigue, ojalá, ojalá, ahora sí veamos que el Estado es capaz de castigar, capaz de sancionar y de poner ante la justicia y la opinión a estos responsables, que van desde el gobernador hasta la ministerial que llevó los cuerpos, porque el gobernador no puede decir que no sabía, se le informó, las víctimas le solicitaron que abriera las fosas, él decía que todo estaba bien, que estaba conforme a los protocolos, que no había delito que perseguir, que eran fosas comunes; y ahora nos damos cuenta de que nada de eso era cierto y, por lo tanto, él se convierte también en un criminal junto con la agente del ministerio público que llevó los cuerpos pasando por el procurador que entonces defendía al gobernante”.

Cabe señalar que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos ha estado participando activamente en la apertura de las fosas clandestinas de la Fiscalía General de Morelos, ubicadas en el predio El Maguey, de la comunidad de Tetelcingo, municipio de Cuautla, Morelos, junto con los equipos técnicos periciales de la Procuraduría General de la República, la División Científica de la Policía Federal y la Fiscalía General de Morelos, así como en el rescate de los cuerpos y el análisis de ADN de éstos y de la gente que ha llegado de varios estados de la república con la esperanza pero a la vez con la amargura de encontrar, durante este proceso de identificación de los más de cien cuerpos que se encuentran ahí depositados desde 2014, a su familiar desaparecido.

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos explica que el tema de las fosas de Tetelcingo se ubica en un contexto de un Estado en donde se tienen los índices más altos de criminalidad; en el semáforo de delictividad estamos en el lugar con mayor incidencia delictiva, tenemos cinco señales rojas. Es un estado en donde el secuestro, a partir de la administración de Graco Ramírez ha crecido en un 366% entre otros delitos, y a las autoridades se les ha hecho muy fácil no investigar los delitos, no procurar la justicia de las víctimas y llevarlas a fosas clandestinas, como es el caso de las fosas de Tetelcingo, donde se encuentran dos fosas, y, presumiblemente, por una averiguación y una acta ministerial, existe otra fosa de esas mismas características”.

En realidad —precisa el rector— son tiraderos donde llegan, depositan los cuerpos sin hacerles necropsia, sin abrir carpetas de investigación, sin cumplir con ningún protocolo forense y sin ningún apego a la legalidad. Las dejan, las sellan con tierra y lodo y ahí se olvidan de los casos, y tal parece ser que estamos ante un crimen de Estado, porque la delincuencia los asesina, el Estado los levanta y oculta los crímenes en lugar de investigarlos.

Es un caso muy grave, “todo se detona justo por el secuestro y asesinato de una persona, de Oliver Wenceslao, a quien su familia empieza a buscar; un mismo agente ministerial les dice que en esas fosas seguramente lo pueden encontrar, entonces ellos exigen que se abra, el gobierno no reconoce la existencia de las fosas, ellos apelan a la justicia y una orden judicial ordena se haga la exhumación del cuerpo, y ahí encuentran 150 cuerpos más, 150 cuerpos que fueron tirados, literalmente, con bolsas de basura, algunos con ropa, algunos todavía con signos de tortura, de ejecución, tiros de gracia, hay que esperar a ver todo lo que saldrá, ya los peritos nos estarán informando, pero lo más preocupante es que no hay en algunos carpeta de investigación”.

 

Son fosas clandestinas, no comunes

Para Alejandro Vera, estas fosas realmente sí entran en la clasificación de clandestinas a pesar de que el gobierno se empeña en decir que son comunes, pero no cumplen con la normatividad, de hecho están en un terreno privado, están en un terreno particular, no son panteones, son literalmente fosas clandestinas en donde depositaron cuerpos sin abrir carpetas, sin realizar las pruebas de identificación humana y sin ningún protocolo forense; entonces son literalmente fosas clandestinas. Las familias están llegando de Nuevo León, de Michoacán, de Guerrero, de Chihuahua, de Tamaulipas, de Chiapas, de Veracruz, de todas partes del país para que les hagamos las pruebas de ADN y podamos cruzar la información con los cuerpos que se están exhumando de estas fosas.

Aunque no niega que se han cometido una serie de irregularidades al no seguir los protocolos forenses que se deben seguir en este tipo de casos, “ya el comisionado hizo un pronunciamiento en el sentido de que es el caso más grave en donde no se cumple ningún protocolo forense y en donde hay una clara violación a derechos humanos y que son delitos. No son irregularidades, son delitos, porque en un estado de emergencia como el que vivimos, es obligación hacer las pruebas de identificación, subirlas a las bases de datos nacionales e internacionales, generar también un sistema de procuración de justicia para que se castigue a los criminales y aquí se obvió todo eso y simplemente se les enterró como bolsas de basura”.

Sin embargo, “lo peor de todo es que ordenan la no inhumación, porque ahí no hay ningún protocolo de inhumación, ordenan que tiren esos cuerpos en esos botaderos, el 28 de marzo, cuando se está conmemorando el día de las víctimas; es decir, es una afrenta hacia las víctimas y por eso las víctimas del país se han congregado, están presentes, y lo más lamentable es que no sean capaces ni siquiera de ofrecerles un vaso de agua, que las criminalicen como agitadores y que las demanden como saboteadores, por eso creo que este gobierno se ha caracterizado por violar sistemáticamente los derechos humanos con su estrategia policiaca”.

 

Gobernador imperial y gabinete pirrurris

En este sentido, el rector Alejandro Vera Jiménez destaca que “hay una campaña de denostación en nuestra contra, en contra de la universidad, en contra de nuestra labor; quiero decirles a las víctimas de todo el país —porque están llegando desde de muchas partes— que en lo personal no estoy buscando ningún posicionamiento político de cara al 2018, como lo ha dicho la esposa del gobernador, que no tengo aspiraciones políticas, no me interesa entrar en ese negocio sucio de la política que hay aquí en Morelos, que lo único que quiero es que se abran espacios de participación ciudadana y de procuración de justicia a todas y cada una de las víctimas, que son muchas, en nuestro estado y en el país”.

Por eso hacemos “responsables al gobierno y a la Fiscalía del Estado de Morelos de cualquier atentado en contra de los familiares, de las víctimas, de sus abogados, de sus peritos, de los representantes de sus organizaciones, de los integrantes de la comunidad universitaria y de los especialistas que están trabajando en esta diligencia”.

“No he conocido a un gobernador más imperial y con un gabinete más pirruris que éste, la verdad es que es un gobierno burgués, un gobierno que no representa los intereses del pueblo y de la gente y de tantas víctimas”.

No obstante, “estamos listos para acompañar a las víctimas que quieren que este tema se lleve a las cortes internacionales, a las cortes de justicia, para juzgarlos por crímenes de lesa humanidad, creo que se encuadran perfectamente bien y, por el otro lado, que sí tengamos ya en claro que estos criminales no quedarán impunes, como ha pasado en este país. Es una desgracia lo que estamos viviendo y ya es justo que las víctimas empiecen a recibir justicia”.