[gdlr_text_align class=”right” ][gdlr_heading tag=”h3″ size=”26px” font_weight=”bold” color=”#ffffff” background=”#000000″ icon=” icon-quote-left” ]
La Iglesia católica se volvió enfurecida, olvidando los amplísimos criterios que, en éste y otros temas, ha desplegado el papa Francisco.
[/gdlr_heading][/gdlr_text_align]

 

Viola abruptamente la Constitución

En México la Iglesia católica, desde siempre, ha constituido uno de los factores reales del poder, incluso durante la Conquista, la Colonia y la Independencia fue una religión obligatoria y hegemónica, y su poder económico y político el más importante.

La Independencia que iniciaron Hidalgo y Morelos se consumó con el movimiento del canónigo Matías Monteagudo, de la iglesia de la Profesa, quien consolidó, con Iturbide, ese histórico acontecimiento que, entre otros objetivos, protegía las prebendas y privilegios de los peninsulares y del clero; el documento fundacional resultante de 1824 reconoció la religión católica como única.

Es en 1857 cuando, después de una cruenta guerra, se definieron las fronteras entre el poder del césar y el poder de Dios; aun así, 10 años después de votada la constitución de 1917 surgió un nuevo movimiento armado propiciado por el clero católico que conocemos como la Guerra Cristera.

La Constitución de 1917 estableció las reglas de la separación Iglesia y Estado, que fueron debilitadas por la contrarreforma salinista; pese a esto, sigue vigente en el texto constitucional que expresa:

“Artículo 24. Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión… Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política”.

“Artículo 130…

“…La ley reglamentaria respectiva, que será de orden público, desarrollará y concretará las disposiciones siguientes:

“e) Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios”.

La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público ratifica y sanciona dichos actos.

Sin embargo, para el ensoberbecido clero político estos textos jurídicos son letra muerta, y su conducta es de reto permanente al estado laico; el ejemplo más claro es su participación antes, durante y después del proceso electoral de este año, del que se enorgullece parte de la Iglesia e intenta hacernos creer que su perniciosa influencia fue definitiva.

El tema que “justifica” esas acciones de injerencia es, supuestamente, la iniciativa presidencial en materia de “matrimonio igualitario”, aun cuando en la realidad social y jurídica dicha iniciativa sólo le da uniformidad al reconocimiento de los derechos humanos de minorías, para incluirlos en el artículo 4º constitucional, los cuales ya fueron interpretados favorablemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una resolución; es decir, con aprobación o sin ella, las minorías homosexuales están protegidas por la decisión de la Corte, y en aquellos estados donde no se reconozca este contrato matrimonial igualitario, bastará con promover un amparo, donde los quejosos obtendrán resultados satisfactorios, derivados del precedente.

No obstante la condición de católico del primer mandatario, la Iglesia católica se volvió enfurecida contra él, olvidando los amplísimos criterios que, en éste y otros temas, ha desplegado el papa Francisco.

El asunto de fondo es la lucha por el poder político y la injerencia en las decisiones electorales y políticas de 2018, por eso, la Secretaría de Gobernación no puede dejar pasar inadvertida esta situación.

El presidente Peña Nieto no debe dejarse amedrentar, por el contrario, sostener con mano firme la voluntad de la república, expresada a lo largo de la historia que deja en claro la separación de la Iglesia y el Estado.