Por Manuel Nava
Acapulco, Gro. Aun cuando el potencial geológico-minero de Guerrero es amplio y el territorio no ha sido suficientemente explorado ya que cuenta con grandes posibilidades para la localización de nuevos yacimientos, lo que representa un gran atractivo para la inversión nacional y extranjera, la problemática social que la actividad conlleva, amenaza en convertirse en un problema de carácter político.
El problema de seguridad pública que se vive, lo convierten en uno de los blancos del crimen organizado, además de que los representantes de las empresas mineras perciben una amenaza adicional: el precio internacional de los minerales impactan de manera negativa a la actividad.
Lo antes descrito, lleva a los representantes de empresas a explicar el por qué en los últimos cinco años, “varias minas” han cerrado en Guerrero y es que se han tensionado las relaciones entre los habitantes de diferentes comunidades aledañas a las zonas de explotación de minas y las empresas. En lo que va del primer semestre del año, se han registrado seis conflictos.
La industria minero-metalúrgica es la tercera actividad productiva más importante en el país después del petróleo y el sector automotriz, no obstante hay organizaciones que las observan como enemigos naturales y reclaman su salida de diferentes zonas guerrerenses.
Caso concreto fue el conflicto entre pescadores y habitantes de Nuevo Balsas y la Minera canadiense Media Luna, S.A. de C.V. Subsidiaria de Torex Gold Resources Inc. el cual se mantuvo entre el 31 de marzo y el 20 de abril del año en curso.
Los comuneros mantuvieron bloqueados los tres accesos de la mina en Cocula, en reclamo de un pago anual de 500 mil pesos por familia, por el daño al ecosistema que genera la empresa. Pobladores y pescadores consideran que la minera afecta particularmente al sector pesquero que subiste del caudal del río Mezcala-Balsas, que abastece a la presa El Caracol.
Ramón Navarrete Magdaleno presidente de la Comisión de Derechos Humanos dijo que el acuerdo de solución consistió en crear una fundación a través de la cual la empresa haría aportaciones por seis millones de pesos para obras y proyectos en beneficio de la comunidad.
En mayo, los indígenas Me’ phaa de la región de La Montaña, llevaron a juicio a las mineras Hochschild, de capital inglés y Zalamera que hace exploración para compañías como la canadiense Gold Corp y después de que un juez les dio la razón en 2014, la Secretaría de Economía pidió un recurso de revisión.
Interpusieron un amparo ante lo que consideraron una violación a sus garantías y pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer el caso con una petición que podría poner fin a la eterna lucha de los pueblos indígenas contra los proyectos mineros: declarar inconstitucional la Ley Minera.
Julio Peña Celso, del Consejo de Vigilancia del Comisariado Ejidal de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, argumentó que se presentan daños respiratorios, silicosis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, afectaciones nerviosas, gastrointestinales, motrices, dermatológicas, oculares, auditivas, cáncer, partos prematuros, malformaciones congénitas y abortos son los principales problemas de salud que registra la población, por el contacto con las sustancias tóxicas de la mina.
A su juicio dentro de algunos años los habitantes tendrán que abandonar el pueblo a causa de la contaminación provocada por la extracción minera. “Dentro de poco Carrizalillo no será más que un pueblo fantasma, conforme se agraven los problemas de salud la gente se tendrá que ir”.
A las agrupaciones de comuneros se han integrado agrupaciones como Tlachinollan entre otras, que a su vez se han conglomerado el Movimiento Popular Guerrerense.
Cárteles asolan a las mineras
Otro es el escenario que se teje a partir de la disputa entre los carteles del crimen organizado y que pone en el centro del conflicto a las mineras.
Guerreros Unidos batallan por territorios con el grupo rival de Los Rojos, y en zonas como Carrizalillo, donde han crecido los beneficios que la mina genera a los dueños de tierras, las familias se han aliado con uno y otro bando, desatando así un baño de sangre.
De acuerdo con algunas versiones, grupos de hombres enmascarados y armados suelen llegar al enclave montañoso cerca de la mina Los Filos asesinando y secuestrando, mientras exigen “una cuota” a quienes reciben regalías de la mina a cambio de perdonarles la vida.