Las mujeres detenidas en México sufren abusos sexuales habituales a manos de las fuerzas de seguridad.
Una investigación realizada por Amnistía Internacional (AI) a 100 mujeres recluidas en prisiones federales revela que sufrieron tortura u otros malos tratos. Las mujeres afirmaron haber sufrido algún tipo de acoso sexual o abuso psicológico durante su arresto e interrogatorio a manos de policías municipales, estatales o federales, miembros del Ejército y la Marina.
Según el relato documentado por AI, 72 mujeres habían sufrido abusos sexuales durante su arresto o en las horas posteriores, y 33 habían sido violadas y fueron semiasfixiadas con bolsas de plástico. Detallaron que hubo tocamientos, manoseos y otros abusos sexuales así como palizas y descargas eléctricas durante el arresto y el interrogatorio.
Un total de 66 dijeron que habían denunciado los abusos ante un juez u otra autoridad, pero sólo en 22 casos se habían abierto investigaciones.
La mayoría de las mujeres torturadas son procedentes de entornos marginales, de ingresos bajos y, por tanto, hay menos probabilidades de que pueda costearse una defensa efectiva, suelen considerarlas objetivos fáciles.
Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, destacó que “los casos de estas mujeres dibujan un cuadro absolutamente escandaloso que refleja el nivel de tortura que sufren las mujeres en México, incluso para lo que se acostumbra en la región. La violencia sexual usada como tortura parece haberse convertido en parte habitual de los interrogatorios”.
Prácticamente todas han sido acusadas de delincuencia organizada o de delitos relacionados con drogas. Muchas fueron presentadas ante los medios de comunicación como “criminales” inmediatamente después de haber sido obligadas a “confesar” los delitos.
La mayoría de las mujeres que han sufrido violencia sexual no son sometidas a una revisión adecuada ni reciben la atención médica debida.
Según datos de las comisiones local y nacional de derechos humanos, sólo en 2013 se presentaron más de 12 mil denuncias de tortura y otros malos tratos ante estos organismos en todo el país, donde 8 mil 943 de las posibles víctimas eran hombres y 3 mil 618 eran mujeres.
Entre 2013 y 2014 se duplicaron las querellas por tortura presentadas ante la Procuraduría General de la República en México (PGR), pero sólo se ha abierto un número limitado de investigaciones.
El Ejército informó por escrito a AI que ni un sólo soldado había sido suspendido del servicio por violación o abuso sexual entre 2010 y 2015. Según la Marina sólo cuatro elementos habían sido suspendidos en el mismo periodo.
“No realizar investigaciones adecuadas ni llevar a los responsables ante la justicia transmite el peligroso mensaje de que violar a mujeres o utilizar otras formas de violencia sexual para obtener confesiones es admisible y está permitido en la práctica. Las autoridades mexicanas parecen decididas a mantener oculto este asunto”, dijo Erika Guevara-Rosas.
La Organización reveló que las autoridades negaron el acceso a información crucial en el curso de su investigación. La Secretaría de Gobernación (Segob) impidió a la delegación de AI el acceso a un gran número de mujeres bajo custodia y, en algunas ocasiones, la entrada en un centro penitenciario. Además, representantes del Ejército y la Marina rechazaron las solicitudes de Amnistía Internacional para tener reuniones.
PF