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La jerarquía de la Iglesia romana suele intervenir en los más variados asuntos políticos sin que hasta ahora sepamos de alguna sanción.
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Iglesia y diferencia sexual

Medio centenar de muertos y decenas de heridos fue el saldo de lo ocurrido en un bar gay de Orlando, Florida, donde un fanático religioso, presunto partidario del Estado Islámico, disparó su fusil ametralladora contra los asistentes.

Tragedias como esa parecen lejanas, pero ningún país, religión ni persona tienen el monopolio de la homofobia. En México, para no ir más lejos, se suscitó una fuerte reacción de los dignatarios eclesiásticos, real o falsamente indignados por la iniciativa de Enrique Peña Nieto para legalizar las uniones entre personas del mismo sexo.

Por supuestos, los jerarcas católicos e incluso ciertos sectores del PRI atribuyen la derrota de este partido al anuncio presidencial, aunque tal aserto no ha sido probado. Lo comprobable, eso sí, es la abierta intervención del episcopado en asuntos políticos, la que llega incluso a la patanería, como en el caso de Jonás Guerrero, obispo de Culiacán, quien se atrevió a sugerir que Peña Nieto “anda buscando gavioto en lugar de gaviota”. Bajezas semejantes y aun peores se dijeron de Marcelo Ebrard cuando éste propuso legalizar el llamado matrimonio gay, la adopción por parejas de esa orientación sexual y el aborto.

Por supuesto, todo grupo religioso tiene derecho a decidir quiénes y con qué características han de formar parte de su grey. Las Iglesias son sociedades de particulares que como ocurre con un club social o un equipo de futbol puede autoimponerse reglas de acatamiento obligatorio para sus miembros, desde luego mientras no violen el marco jurídico de la nación.

Pese a expresiones lumpen como la del obispo culiacanense, lo más sano es permitir que personas de todas las religiones opinen libremente sobre las políticas públicas. Lamentablemente, una legislación poco sensata contiene prohibiciones que suelen ignorarse, pues la jerarquía de la Iglesia romana suele intervenir en los más variados asuntos políticos sin que hasta ahora sepamos de alguna sanción.

Lo mejor sería modificar la ley y permitir las opiniones eclesiásticas, pero dejando en claro que una ley como la propuesta por Peña Nieto es para propiciar la convivencia, pero a nadie obliga a ejercer la homosexualidad, que parece ser el temor de los hombres de sotana (los hombres, porque las monjas, que ocupan un lugar inferior, hasta ahora no se han manifestado en torno al asunto).

Las leyes que dan derechos a las personas del mismo sexo unidas por el amor o la conveniencia —eso es cosa de ellas—- no implican que todo el mundo tenga que contraer matrimonio ajeno a la heterosexualidad. Pero las Iglesias pueden manifestar que lo consideran indeseable, pues desde el punto de vista moral nada lo impide.

Lo que no pueden hacer, porque eso lleva a la comisión de actos delictivos, es fomentar la homofobia ni incitar a la violación de las leyes, pues eso le ha costado a México décadas de guerras civiles, dolor, despojo y muertos, muchísimos muertos, sin que el fanatismo haya logrado echar atrás nuestro marco legal.

Diversos funcionarios públicos han hecho declaraciones condenando el activismo político de la institución católica. Por supuesto, como en otros casos, no pasará nada, pues lo último que quieren los gobernantes es un pleito con los jefes de la religión mayoritaria, pese a que hoy está muy disminuida su influencia. Sin embargo, hay que exigir a las autoridades una mayor vigilancia. En México, en los últimos veinte años, suman más de 1300 los asesinatos por odio a la diferencia sexual. Orlando no se halla tan lejos.