Adornado por la recién aprobada Ley “Anticorrupción”, que fue rasurada a modo por los senadores del PRI y PVEM para reiterar su opacidad y sesgo a la rendición de cuentas y acompañadas de múltiples ejemplos de ignorancia de operadores del mismo, este próximo sábado entrarán en vigor las últimas reformas al Código Penal Federal que pongan en marcha en su totalidad el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en todo el país.
Leyes secundarias ridículas, liberación de delincuentes por violaciones al debido proceso y falta de recursos en los estados para infraestructura adecuada de las salas de oralidad, también flanquean la llegada del SJPA.
La Procuraduría General de la República informó que desde el pasado martes entró en vigor el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en los estados de Jalisco, Tamaulipas y Baja California.
En Guerrero también se adelantó la fecha para el 14 de junio y con ello se cierra el círculo por zonas para dar pie a la “justicia alternativa”, “mecanismos alternativos”, “atención a víctimas” y “acuerdos reparatorios”, entre otras nuevas figuras jurídicas.
Si en algo se puede coincidir con la PGR, es en el mensaje que resalta la conversión hacia el Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), que representa un desafío para todos y cada y uno de los operadores del sistema en el ámbito federal y en las entidades federativas.
También hay total acuerdo en que los retos en particular para la PGR se destacan tanto los cambios y adecuaciones a los modelos de gestión y de trabajo de las unidades de investigación y control de procesos, así como el desarrollo de la profesionalización y competencias necesarias de los operadores sustantivos, sin dejar de lado los ajustes y reacomodos de infraestructura, equipamiento y tecnologías de la información.
Hasta aquí, todo suena bien y se podría esperar que las cosas funcionarán de manera que la justicia en México no tenga tantos ápices y resquicios para ser burlada tan fácilmente.
Ahora, cómo explicar lo apenas sucedido en Veracruz, donde policías del municipio de Martínez de la Torre, asesinaron a tiros a dos miembros de una familia y lesionaron a dos más, presuntamente “al confundirlos con criminales”.
Según la nueva justicia, los elementos policiales son operadores de este nuevo modelo, por lo que debieron estar capacitados en los protocolos, respeto a los Derechos Humanos e investigadores; incluso deben tener la preparación para iniciar una Carpeta de Investigación e iniciar indagatorias.
¿Entonces, qué pasó?, porqué ahora serán presuntos inocentes y tratados con respeto irrestricto a sus garantías constitucionales, mientras las víctimas de estos nuevos operadores, ahora son, sin presunción, muertos y lesionados confirmados.
Por si fuera poco, los senadores de la República aprobaron fast track el Mando Mixto para los municipios, que no es otra cosa que el otrora modelo Mando Unificado, que mezcla el trabajo en conjunto del Mando Único y Fuerzas Federales con los municipales.
Podrá igual sonar prudente pensar en que esta decisión fue tomada por los representantes de la Cámara Alta para darle continuidad a la cercanía de los alcaldes con su propio cuerpo policial.
Sin embargo el fenómeno de cooptación del crimen organizado a las instituciones y gobierno de esos niveles es tal, que el presidente municipal y las direcciones de Seguridad Pública, seguirán al servicio del narco.
Cuestionado de otra manera, ¿quién los defenderá del poder que ha adquirido el crimen organizado, a falta de instituciones de seguridad y de procuración de justicia sólidas?
Los mismos senadores rasuraron la propuesta ciudadana y aprobaron a modo la Ley Anticorrupción, que es vulnerable ante las exigencias de transparencia, ya que de acuerdo a sus términos establecidos, los funcionarios podrán ocultar datos de su declaración patrimonial e información de interés públicos, ya que argumentaron “afecta su vida privada”. ¿Qué tal?
Lo rescatable, pero no absoluto para mermar las operaciones del hampa, son las reformas al Código Penal Federal en el que se establece que ahora el narcomenudeo, el contrabando y el uso de moneda falsificada, ya serán tipificados dentro del delito de Delincuencia Organizada.
Pero es de todos sabido que no es una manera de fortalecer una estrategia antinarco, que verdaderamente golpee y debilite en realidad las finanzas del crimen organizado, a través de mecanismos enfocados a la delincuencia y no al ciudadano de a pie, que es el más vulnerable ante decisiones débiles o amañadas de las autoridades.
Esta reforma también establece que los agentes de la fuerzas del orden público que participen en investigaciones encubiertas, con base en las circunstancias del caso, se les proporcionará una nueva identidad, dotándolos de la documentación correspondiente.
La pregunta del millón: ¿quién garantizará entonces que estos agentes no abusarán de su poder y del anonimato para violar, asesinar, secuestrar y extorsionar con la facilidad legal de esconderse bajo otra identidad?
El horno no está para bollos y en México, actualmente, unas de las instituciones más repudiadas y menos confiables para la ciudadanía son las policías y las procuradurías, repudio que tienen bien ganado y que difícilmente van a cambiar, porque están constituidas con podredumbre y corrupción que no va a terminar de un días para otro.