El pasado 18 de junio, el presidente Enrique Peña Nieto formalizó la entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en México. Luego de una intensa labor de 8 años, a fin de dar cumplimiento a la reforma constitucional publicada el 18 de junio de 2008. En este nuevo sistema no todo serán juicios orales, el proceso también contempla otras medidas de solución de conflictos, como la justicia alternativa o los procesos abreviados. Pero, sin duda, la policía junto con los ministerios públicos tendrán un papel relevante.
Bajo el nuevo Sistema de Justicia los casos podrán empezar de dos formas: con la presentación de la denuncia o querella; o bien, con la detención del imputado en flagrancia, es decir, cuando está cometiendo el delito. ¿Cuándo terminan? Hasta la audiencia de explicación de sentencia, donde el juez determina si el imputado es inocente o responsable de haber cometido el delito.
Es así como dentro de este nuevo sistema, en el proceso penal existirán tres rutas: investigación, etapa Intermedia y el juicio oral. Cada una a su vez, será supervisada por un juez distinto, es por ello que el reto más grande al que nos enfrentaremos en este nuevo sistema de justicia serán los operadores, quienes en palabras de Sergio García Ramírez, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ-UNAM), serán los encargados de hacer una observancia cuidadosa de la ley.
En entrevista con Siempre!, el investigador señala que para lograr que este nuevo sistema de justicia penal prospere es necesario que todos los actores que intervengan “cumplan con pulcritud, competencia profesional y con probidad sus tareas. De esa manera vamos a tener una mejor justicia que la que teníamos. Pero si no cumplen lo que vamos a tener va a ser una gran frustración”.
“La policía puede ser el talón de Aquiles. Es decir, la policía puede ser el factor de éxito o de frustración, porque hay que recordar que los asuntos llegan a los jueces después de pasar por otras etapas, y en ésas están la policía y el ministerio público”, sentencia el experto en temas jurídicos.
A pregunta expresa sobre si el nuevo sistema de justicia penal habrá de ayudar a combatir la impunidad, García Ramírez es categórico: “seamos juiciosos, seamos objetivos o razonables, distingamos para que sirve este nuevo sistema. Por un lado, puede servir para una mejor justicia pero, por otra parte, el tema de la delincuencia, la criminalidad, la impunidad y la corrupción, son temas diferentes que tienen que atacarse de alguna otra manera”.

Sergio García Ramírez, Profesor-Investigador del IIJ-UNAM.
Reforma no estuvo diseñada para acabar con impunidad
El sistema oral es la nueva forma de impartir justicia en México. Este modelo, que entró en vigor el pasado 18 de junio en todo el país, favorece la presunción de inocencia, el acceso equitativo a la justicia para las partes involucradas y el debido proceso. Antes funcionaba un sistema penal mixto que se caracterizaba por ser inquisitorio y dependía de procesos escritos.
Para Javier Cruz Angulo, abogado penalista y Director de la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), todos estaban muy enojados con el anterior sistema de justicia penal y esto dio pautas para que hubiera una transformación en 2008.
“La reforma no estuvo diseñada para acabar con la impunidad. En el viejo sistema todos estábamos muy enojados: abogados defensores, imputados, víctimas, ministerios públicos, jueces, policías. ¿Por qué? Porque el sistema no funcionaba. El juicio por sí mismo se debía transformar. La impunidad es una cuestión que le toca sí y solo sí a las secretarías de seguridad pública de los estados y procuradurías”.
-¿Cuáles son las expectativas que tiene del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio?
La primera expectativa es que exista justicia de juez. Cualquiera que haya asistido a un juzgado penal lo primero que se percibe es el desastre físico y material del juzgado, esto nos demuestra el desastre de la justicia. Expedientes tirados por todas partes, cientos de hojas regadas, el Ministerio Público parece que tiene el don de la ubicuidad, pasa de una audiencia a otra, el juez encerrado en su escritorio, no recibe a nadie. La propia escena física nos demuestra lo que era el desastre de la justicia escrita que teníamos antes de la reforma del 2008. El simple hecho de que el juez presida la audiencia y transitemos a una justicia ágil, transparente, republicana, es un gran avance.
-¿Percibe errores o contradicciones en el nuevo sistema de justicia penal?
El diseño constitucional estuvo muy bien realizado. Los errores están en la implementación, en los recursos. Es decir, existen instalaciones de 10 metros cuadrados de juicio oral en el estado de Guerrero. Querétaro empezó a marchas forzadas el año pasado. Por otro lado, ¿quién capacitó a los jueces? Hay que pensar si en verdad se dará una reelaboración institucional del proceso penal en México y si los jueces cambiarán de chip para administrar mejor la justicia.
-En los spots oficiales se presume que habrá una justicia más eficaz, ¿qué opina?
Eso es cierto. Hace poco participé en una audiencia en el estado de Guanajuato, y en un solo día se resolvió la situación jurídica del procesado. Defendí a la víctima y ese mismo día se decidió la reparación del daño, a mi representada se le realizó el pago económico. El procesado fue sentenciado, se le impuso la pena privativa de la libertad y ese mismo día acabo todo el juicio. En el sistema anterior hubiera llevado por lo menos 9 meses.
-Entonces, ¿el lado “flaco” del nuevo sistema de justicia está en la política y ministerio público?
Estuvo bien diseñada desde el punto de vista constitucional, pero el problema es la capacitación de las policías que nadie las ha volteado a ver. La policía es la que va a investigar, directamente ya no lo hará el MP. Ahora, la denuncia la va a tomar la policía. La gran pregunta es quién volteó a ver a los MP, porque toda la reforma ha estado encaminada a capacitar jueces, abogados, magistrados, en abrir salas de juicio oral. ¿Quién volteó a ver a la policía cuando es ella quien van a tener contacto con el nuevo sistema, quien va a hacer cadena de custodia, cercar el área, tomar las cosas más precisas para que alguien que sea culpable no pueda evadir la justica? ¿Quién capacitó a la policía, quién certificó que pueden realizar ese trabajo, quién los evaluó? Nadie.

Javier Cruz Angulo, abogado penalista y Director de la Clínica de Interés Público del CIDE.
*Ambas entrevistas puedes leerlas completas en la versión impresa del próximo domingo. Edición de Aniversario.