[gdlr_text_align class=”right” ][gdlr_heading tag=”h3″ size=”26px” font_weight=”bold” color=”#FFFFFF” background=”#000000″ icon=”icon-quote-left” ]
La prioridad está en concluir satisfactoriamente el actual ciclo escolar en todas las entidades del país y la libertad de los dirigentes magisteriales presos.
[/gdlr_heading][/gdlr_text_align]
CNTE
Justo en los momentos en que el gobierno de Enrique Peña Nieto vive los niveles más bajos de aprobación que se recuerden en tiempos de democracia, cuando el PRI acaba de perder siete gubernaturas, el gobierno decide actuar en contra de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), encarcela y gira órdenes de aprehensión en contra de sus principales dirigentes.
Rubén Núñez y Francisco Villalobos, representantes de la CNTE detenidos en días recientes, deben ser puestos en libertad y ser juzgados mediante el debido proceso. Lo mismo para los integrantes de esta agrupación, a los cuales la Procuraduría General de la República o las autoridades locales hayan girado órdenes de aprehensión. Para el bien del Estado de derecho y las instituciones responsables de la impartición de justicia en nuestro país, las imputaciones a miembros de esta organización deben ser transparentes.
Estamos por el respeto y la aplicación de las leyes, es decir, por una utilización de las normas que garanticen plenamente los derechos humanos de los imputados, las garantías que establece la Constitución y las leyes. Consideramos el debido proceso como un precepto jurídico fundamental, el cual establece que toda persona posee el derecho a las garantías para asegurar una conclusión justa, permitiéndole ser escuchado y ejercer sus pretensiones ante la autoridad juzgadora. Los dirigentes de la CNTE tienen derecho a un proceso justo. Un régimen político mide su nivel de evolución en el trato que da a sus opositores políticos.
No comparto los métodos de movilización de la CNTE. Los intentos para bloquear vías de comunicación, como aeropuertos y carreteras, marchas y plantones que afectan la movilidad de las ciudades en donde se manifiestan, dañar bienes e inmuebles públicos y afectar a terceros no ganan simpatías para su lucha. A todos indignó que personas ligadas a una organización social cercana a la CNTE humillara a profesores y profesoras al trasquilarlos y obligarlos a portar carteles, acusándolos de traidores, por no compartir sus posiciones. ¿Estos hechos constituyen un delito? Esto es algo que tendrá que acreditar la autoridad.
Sin embargo, los hechos imputados a los dirigentes de la CNTE son otros. Por esta razón rechazo el uso discrecional de la justicia y la probable existencia de órdenes de aprehensión con fines políticos. A la propuesta de diálogo de la CNTE, ni éste ni ningún gobierno puede responder con órdenes de aprehensión. El gobierno de la república no puede, no debe renunciar al diálogo con la CNTE. Los dirigentes magisteriales detenidos son presos políticos, en tanto que sus detenciones se dan por la oposición a la aplicación de la reforma educativa y las críticas al gobierno de presidente de la república.
Criminalizar la disidencia política puede ser una fuerte tentación para cualquier gobierno. No sería la primera ocasión en que las instituciones del Estado se utilizan para vendettas políticas, golpear adversarios o eliminar enemigos. Rechazamos la criminalización de la protesta social, exigimos el diálogo con el magisterio y nos pronunciamos por la liberación inmediata de los dirigentes magisteriales presos.
En la democracia el diálogo es una de las herramientas fundamentales para su funcionamiento. Plenamente consciente de los papeles de autoridad y de opositor, el gobierno y la CNTE deben retomar el sendero del diálogo y la negociación. En nada beneficia una guerra de vencidas y, mucho menos, una batalla jurídica y legal. La CNTE está en su derecho de manifestarse en contra de la reforma educativa, pero no a afectar el proceso educativo en varias entidades del país. En este momento, la prioridad consiste en terminar satisfactoriamente con el actual ciclo escolar.
La CNTE debe mantener sus protestas y acciones en la legalidad, por medio de actos pacíficos, respetando los derechos de la ciudadanía y de terceros. Estos tiempos son especialmente complicados. Comprendemos las circunstancias por las cuales atraviesa la CNTE, con dos de sus principales dirigentes presos; sin embargo, su radicalización no serviría ni a la liberación de sus compañeros, ni a ganar simpatías para su causa.
En estos años las formas de movilización social han cambiado. Las formas de expresión pública se han diversificado y alcanzado otros ámbitos, como los medios digitales, particularmente Internet. Las protestas de los profesores en calles, plazas y sitios públicos se inscriben en una tradición del pasado que no provoca apoyos, ni genera simpatías.
La prioridad está en concluir satisfactoriamente el actual ciclo escolar en todas las entidades del país y la libertad de los dirigentes magisteriales presos.
@MBarbosaMX
Coordinador parlamentario del PRD
en el Senado de la República.