Entrevista a Javier Cruz Angulo | Director de la Clínica de Interés Público-CIDE
Por Moisés Castillo
El sistema oral es la nueva forma de impartir justicia en México. Este modelo, que entró en vigor el pasado 18 de junio en todo el país, favorece la presunción de inocencia, el acceso equitativo a la justicia para las partes involucradas y el debido proceso. Antes funcionaba un sistema penal mixto que se caracterizaba por ser inquisitorio y dependía de procesos escritos.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, sin embargo, aceptó que no está claro que las autoridades involucradas en el nuevo sistema penal cumplirán con sus obligaciones.
“En este nuevo sistema —dijo— la responsabilidad histórica y social va a caer, para bien o para mal, especialmente en los jueces; todas las autoridades lo sabemos, están obligadas a cumplir y respetar los derechos de las personas y hacer sus actividades en ese marco”.
Desastre
Para Javier Cruz Angulo, abogado penalista y director de la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), todos estaban muy enojados con el anterior sistema de justicia penal y esto dio pautas para que hubiera una transformación en 2008.
“La reforma —dijo— no estuvo diseñada para acabar con la impunidad. En el viejo sistema todos estábamos muy enojados: abogados defensores, imputados, víctimas, ministerios públicos, jueces, policías. ¿Por qué? Porque el sistema no funcionaba. El juicio por sí mismo se debía transformar. La impunidad es una cuestión que solo le toca a las secretarías de seguridad pública de los estados y procuradurías”.
¿Cuáles son las expectativas que tiene del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio?
La primera expectativa es que exista justicia de juez. Cualquiera que haya asistido a un juzgado penal lo primero que se percibe es el desastre físico y material del juzgado, esto nos demuestra el desastre de la justicia. Expedientes tirados por todas partes, cientos de hojas regadas, el ministerio público parece que tiene el don de la ubicuidad, pasa de una audiencia a otra, el juez encerrado en su escritorio, no recibe a nadie. La propia escena física nos demuestra lo que era el desastre de la justicia escrita que teníamos antes de la reforma del 2008. El simple hecho de que el juez presida la audiencia y transitemos a una justicia ágil, transparente, republicana, es un gran avance. Ahora el juez realmente impartirá justicia y no el secretario, que es lo que sucedía en el otro sistema.
¿Percibe errores o contradicciones en el nuevo sistema?
El diseño constitucional estuvo muy bien realizado. Los errores están en la implementación, en los recursos. Es decir, existen instalaciones de 10 metros cuadrados de juicio oral en el estado de Guerrero. Querétaro empezó a marchas forzadas el año pasado. Por otro lado, ¿quién capacitó a los jueces? Hay que pensar si en verdad se dará una reelaboración institucional del proceso penal en México y si los jueces cambiarán de chip para administrar mejor la justicia. El diseño constitucional está muy bien construido, pero los problemas están en la implementación.
¿En audiencias qué es lo que no queremos ver? Que la oralidad se vuelva a transformar en una cuestión escrita. En varios estados sucede que abogados y ministerios públicos leen sus argumentos, y cuando tienen que responder rápido una pregunta del juez, no saben qué decir y piden un receso; ingresan con una hoja que escribieron a mano para revirar al juez. Hay graves problemas de implementación.
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Ahora el juez realmente impartirá justicia y no el secretario, que es lo que sucedía en el otro sistema.
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Camina, pero tropieza
En los spots oficiales se presume que habrá una justicia más eficaz, ¿qué opina?
Eso es cierto. Hace poco participé en una audiencia en Guanajuato, y en un solo día se resolvió la situación jurídica del procesado. Defendí a la víctima y ese mismo día se decidió la reparación del daño, a mi representada se le realizó el pago económico. El procesado fue sentenciado, se le impuso la pena privativa de la libertad y ese mismo día acabo todo el juicio.
En el sistema anterior, ¿cuánto tiempo hubiera tardado todo el proceso?
Esto hubiera llevado en el sistema anterior por lo menos nueve meses. El gran reto es que haya capacidades institucionales para que puedan ser replicadas en todos los estados y no sólo en Guanajuato. Sin embargo, hubo un tropezón en ese sistema de justica por el caso Lucero, en septiembre de 2013. El sistema está caminando y aprendiendo de sus errores. Guanajuato sí puede ser un referente nacional.
En todo el país hay corrupción de jueces, fugas y riñas en las cárceles…
Lo primero que hay qué hacer es evaluar a los jueces. Ha habido una capacitación de jueces, han sido capacitados una y otra vez en distintas materias: derechos humanos, transparencia, derecho constitucional, nuevo sistema, derecho penal de género. ¿Cuál es el problema? Es que no los hemos evaluado, no sabemos qué aprendieron de esos cursos.
Problema, capacitación de policías
Es que no se cuenta con una policía investigadora…
Exacto. Nadie está diciendo dónde están nuestros ministerios públicos defendiendo a la sociedad. Parece que siempre los culpables son los jueces: están liberando culpables, y el debido proceso es malo. En este fenómeno han salido con una gran impunidad los ministerio públicos, está la idea de “perdón, yo lo acusé, pero fue el juez quien lo liberó”. ¿Pero en qué términos se acusó al presunto delincuente?
Entonces, ¿el lado “flaco” del nuevo sistema de justicia está en la política y ministerio público?
Estuvo bien diseñada desde el punto de vista constitucional, pero el problema es la capacitación de las policías que nadie las ha volteado a ver. La policía es la que va a investigar, directamente ya no lo hará el MP. Ahora, la denuncia la va a tomar la policía. La gran pregunta es quién volteó a ver a los MP, porque toda la reforma ha estado encaminada a capacitar jueces, abogados, magistrados, en abrir salas de juicio oral. ¿Quién volteó a ver a la policía cuando es ella quien va a tener contacto con el nuevo sistema, quien va a hacer cadena de custodia, cercar el área, tomar las cosas más precisas para que alguien que sea culpable no pueda evadir la justica? ¿Quién capacitó a la policía, quién certificó que puede realizar ese trabajo, quién la evaluó? Nadie.
Desde esta perspectiva, el nuevo sistema corre ese gran riesgo, porque una obligación que tenía el ministerio público ahora se desdobló en dos pasos: del ministerio público a policía y después a cualquier elemento de las fuerzas, llámese policía municipal, federal, que tenga el primer contacto con el delito. Esto puede ser un lado flaco de la reforma que destruye un caso con una mala cadena de evidencia.
Cada quien será responsable de sus actos
¿Su labor cotidiana mejorará?
Mi trabajo cotidiano cambiará a favor. Pongo dos ejemplos: el otrora presidente municipal de Silao, Benjamín Solís Arzola, agredió —desde mi óptica— a la reportera Karla Silva en septiembre de 2014. Logramos procesar, primero, a los cuatro autores materiales en justicia oral, ya están sentenciados y tuvieron penas privativas de la libertad. Con lo que ellos señalaron, se le dictó ya un auto de vinculación a proceso y está en prisión preventiva el expresidente municipal. Los juicios han sido muy fluidos. En menos de dos años hemos logrado esta parte de justicia para la reportera. Y en el caso de defensa de imputados también han sido procesos mucho más rápidos, porque la ley obliga a que el juez esté presente, el juez hable, la audiencia está videograbada. ¿Qué es lo que sucede? El juez queda inhibido de cometer actos irregulares o de hacer torpezas. En caso de que el juicio salga mal, tengo mi CD y subo la audiencia. Ahora cada quien se hará responsable de sus actos y de sus palabras. El juez ya no estará escondido en su escritorio y tendrá que rendirle cuentas a la sociedad.