Con 94 votos a favor y 23 en contra el Senado aprobó la madrugada de este miércoles la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, conocida como Ley 3de3, la cual obliga a todos los servidores públicos a presentar su declaración patrimonial, fiscal y de intereses.
La propuesta de los partidos PRD y PAN de modificar el artículo 29 de esa misma ley, en la que el PRI y PVEM pidieron no hacer público los bienes y la evolución de las fortunas de burócratas, legisladores y candidatos si eso afecta su “vida privada”. Sin embargo, perdieron la batalla por la ausencia y abstención de nueve senadores del PAN, PRD y PT.
El articulo 29 establecía declarar posibles conflictos de intereses, en los que tenían que incorporar los datos de su cónyuge y dependientes económicos. Además, proponían la obligación de publicar la declaración fiscal, señalando el rango en el que se encuentra su ingreso por el servicio público y otras actividades, tarifa aplicable de ISR, deducciones autorizadas y personales.
El pleno aceptó modificar el artículo 32, la cual establece que están obligados a presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses ante la secretarías u órganos internos de control de conformidad con lo previsto en la actual ley. Los servidores públicos, cualquier persona física o moral que reciba o ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con entes públicos de la federación, en la entidades federativas y los municipales.
Las personas físicas que presten sus servicios o reciban recursos de las personas morales deberán presentar su declaración fiscal anual. Así mismo, los particulares deberán presentar las declaraciones ante el órgano interno de control de ente público.
El priísta Eduardo Robledo Rincón, indicó que obligar a la presentación de las tres declaraciones no es un acto de revancha o persecución, ya que no se tienen que publicar actas bancarias, nombres de dependientes y mucho menos la situación patrimonial del cónyuge como se había dicho.
Por su parte, Pablo Escudero representante de PVEM rechazó que se trate de una reforma “light”, al expresar que se incluyeron temas como sanciones a los “moches”. “Se ha dicho en esta tribuna que no teníamos un tipo administrativo para los moches o para la adquisición de lo muebles a un precio inferior. En el artículo 52 dice que incurrirá en el cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener por si o a través de terceros con motivo de sus funciones cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público que podría existir en dinero, valores, en bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación de precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado, donaciones, servicios, empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles, o para terceros con los que se tenga relación profesional”.
PF
