Gobernadores que llevan a la quiebra a sus estados, funcionarios que amarran a su conveniencia los proyectos en favor de la sociedad y legisladores que aprueban o rechazan leyes si hay dinero de por medio, son el pan de cada día en un México rebasado por la impunidad y el contubernio de algunos grupos de poder.
La Asociación Civil Mexicanos Contra la Corrupción, dedicada a denunciar e investigar posibles redes de corruptelas en el país, evidenció un nuevo caso que involucra a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) con un proveedor de sistema de telepeaje.
Desde el 2014, el proyecto de licitación fue conocido mediáticamente por diversas denuncias de irregularidades en la evaluación técnica y económica, pero la ineficiente operatividad del servicio instalado en diversas carreteras federales y que ocasionó un caos en las casetas de peaje, fue determinante para iniciar una investigación profunda.
Mexicanos Contra la Corrupción solicitó a la Unidad de Transparencia de Capufe una copia del expediente del proyecto de licitación, que tuvo un costo de 3 mil millones de pesos. Dicha información, -que debe ser publicada de manera gratuita-, sería entregada a la Asociación Civil tras un pago de 29 mil pesos a la dependencia federal, pero finalmente, las 15 cajas de hojas que integran el oficio les fueron negadas.
Con los candados que la Unidad de Transparencia de Capufe ha puesto a la investigación sobre el tráfico de influencias entre la dependencia y la empresa de telepeaje -de la cual no se reveló su nombre-, el caso podría quedar en el olvido y ser uno más de la lista incalculable de contratos y licitaciones de obra pública que se adjudican mediante una negociación económica fuera de la legalidad.
Pero ésta, no es la primera acusación de corrupción a Caminos y Puentes Federales, pues a finales de 2015, la representación de la empresa Redisegno, que presta servicios de seguridad informática, reconoció haber ganado una licitación de Capufe por 75 millones de pesos a cambio de otorgar una comisión del 30 por ciento a funcionarios del organismo descentralizado; finalmente el contrato fue cancelado, pero la intención es la que cuenta.
Con la reciente aprobación de la “Ley 3 de 3”, las relaciones ventajosas entre funcionarios y empresarios podrían complicarse, aunque los políticos encargados de aprobar proyectos a favor de los mexicanos seguramente ingeniarán nuevas mañas para seguir con el millonario beneficio de los “moches”.
Por casos como éste, es que urge una nueva propuesta de ley, que también obligue a los empresarios a rendir cuentas de los recursos que reciben de cualquier instancia y orden de gobierno, pues en todo acto de corrupción hay dos caras: la que corrompe y la que accede.