Por Manuel Nava
Acapulco, Gro.- La ola violencia criminal de que son objeto las autoridades locales en Guerrero, es una escalada desarrollada a lo largo de los últimos años y evidencia que constituyen el órgano de gobierno más débil en cuanto a competencias, facultades, potestades y recursos financieros para enfrentar a los cárteles del crimen organizado o de grupos de ciudadanos armados que deciden hacerse justicia por mano propia.
La pérdida del principio de autoridad y del estado de derecho, son las consecuencias inmediatas.
El asesinato de los primeros ediles plantea una disyuntiva: si fueron privados de la vida por no ceder a las presiones de los grupos delincuenciales, es un mensaje para doblegar a los que se resisten. Si su muerte tiene como origen el incumplimiento de compromisos con dichos grupos, es grave, demuestra la penetración de estos grupos en las estructuras del poder.
En Guerrero, las autoridades locales comenzaron a estar bajo asedio desde el 2008, aunque las expresiones más crudas se dieron a partir del 2011. El 26 de septiembre de 2008 Marco Antonio Leyva Mena, entonces dirigente estatal del PRI, denunció que al menos 10 candidatos a alcaldes y diputados locales de su partido recibieron amenazas de muerte para que abandonen sus aspiraciones políticas y mencionó a los candidats a alcaldes de Arcelia, Cocula, Pungarabato; Coyuca de Catalán; Coahuayutla, Petatlán, Atoyac, y el de Tlapa, entre otros.
Amenazan de muerte y lo cumplen
La historia se repite en las elecciones locales del 2011, donde candidatos de los diferentes partidos políticos dijeron haber recibido amenazas en las regiones Tierra caliente, Norte, Centro y Costa Grande.
En 2015, el panorama obligó a concluir que para ser candidato a alcalde o diputado, había que ser temerario. Los municipios de Iguala, Chilapa, Acapulco y Tlapa, figuraron con mayor riesgo para cualquiera que se postulados.
El primer caso fue el de Aidé Nava González, candidata para la alcaldía de Ahuacuotzingo, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 10 de marzo en la región de La Montaña junto con un narcomensaje. Se sumaron los secuestros express de candidatos a diputación federal y presidencia municipal, Silvia Romero Suárez, secuestrada el 11 de mayo, y de Juan Mendoza, que el 5 mayo se contradijo al ofrecer distintas versiones de lo que su familia reportó como secuestro.
Algunos medios locales aseguraron que previo a candidatura oficial para la gubernatura, Beatriz Mojica, recibió un par de llamadas amenazantes.
El PRI, en coaliciones con PANAL y el PVEM, denunció el 10 de marzo, el homicidio de Ulises Fabián Quiroz, candidato en Chilapa y el asesinato de cuatro militantes de Nueva Alianza, el 3 de mayo.
El 20 de abril, Movimiento Ciudadano sufrió la amenaza más agresiva, cuando una veintena de hombres que portaban armas de alto calibre encañonaron a Luis Walton, candidato a gobernador y ex presidente municipal de Acapulco.
Morena dijo que la única amenaza recibida fue el 7 de marzo, por miembros de la CNTE del estado de Guerrero, cuando impidieron al candidato a gobernador, Pablo Amílcar Sandoval, realizar un acto de campaña en el municipio de Tlapa.
La droga, motivo de la ira
Guerrero es el área de producción de droga más rentable del país. En su territorio, se origina entre el 40 y 60 por ciento de la amapola y mariguana y la siembra de enervantes se encuentra extendida a lo ancho y largo del territorio suriano.
En los últimos 15 años el ejército mexicano logró detectar y destruir 335 mil 555 plantíos de mariguana, que en conjunto tenían una superficie superior a las 30,910 hectáreas, así como un millón 79 mil 879 plantíos de amapola, equivalentes a 129,146 hectáreas, así como decenas de laboratorios en donde se procesa heroína y metanfetaminas.
De los cien municipios con mayor densidad de cultivos de droga en México, 28 son guerrerenses.
De acuerdo con ciertas fuentes militares, una cosecha de enervantes puede generar 23 millones de dólares y puede representar un ingreso anual de 69 millones de dólares, la cruel disputa del control territorial de Guerrero está más que impulsada.
El problema de la inseguridad pública requiere más que armamentos y policías, mucho más que estratagemas bélicos. Su reducción implica la desarticulación de las organizaciones criminales que operan en el estado, Identificar y remover a los funcionarios públicos que trabajan para el crimen organizado, bloquear las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales, la reducción del cultivo de drogas en la región.
Los operativos efectuados desde la instrumentación de Guerrero Seguro con Felipe Calderón a la fecha, dieron pobres resultados.
Los días violentos continuarán en la entidad.