Finalmente la verdad se impone ante un problema de gran magnitud, que exige soluciones claras, como el caso “Ayotzinapa”.
La desconfianza de los familiares de los 43 normalistas hacia las autoridades mexicanas tiene un alto costo político, pero también económico: el gobierno federal financiará una nueva intervención del Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes (GIEI).
En su primera etapa de investigaciones sobre el caso Ayotzinapa, realizadas de abril de 2015 a marzo de 2016, el GIEI solicitó a las autoridades un financiamiento “voluntario” de 2 millones de pesos para cubrir sus gastos de representación.
Tras un acuerdo entre el Estado mexicano, los familiares de las víctimas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), el GIEI se comprometió a dar asistencia técnica para la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos en Guerrero.
En abril pasado, a poco más de un año de entrar en funciones, el GIEI entregó su último informe sobre las conclusiones de su intervención en las pesquisas para localizar a los desaparecidos, pero los familiares de las 43 víctimas exigieron su permanencia indefinida. Este miércoles, la Secretaría de Gobernación anunció que el grupo de especialistas retomará sus investigaciones.
Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, informó que en breve los padres de los normalistas, autoridades federales e integrantes del grupo de especialistas, se reunirán a fin de establecer una fecha para el arranque de las visitas del GIEI.
Una de las condicionantes de la CIDH para el regreso de los peritos fue que el gobierno de México financiará los costos de la estadía de los integrantes del grupo investigador, del que se prevé realice visitas bimestrales de 5 días cada una por tiempo indefinido.
De abril de 2015 a marzo de 2016, el gobierno federal destinó 2 millones de pesos para costear la permanencia e investigaciones del grupo interdisciplinario.
En lo que aspira a ser una muestra de sensibilidad, solidaridad y aplicación de la justicia, el gobierno de México atendió la petición de los padres de los normalistas que exigían una nueva intervención de la CIDH, al considerar que no existía una voluntad del Estado para esclarecer la desaparición de los jóvenes.
Y es que algunas de las conclusiones a las que llegó el equipo de especialistas, evidenciaron las irregularidades en las investigaciones de la Procuraduría General de la República, como la versión de que los cuerpos de los 43 normalistas habrían sido incinerados en un basurero de la localidad de Cocula.
En su primer reporte presentado en septiembre de 2015, el GIEI cuestionó la “verdad histórica de los hechos” que meses atrás dio a conocer el entonces procurador Jesús Murillo Karam, lo que abrió nuevas líneas de investigación sobre la supuesta incineración de las víctimas.
Ante las irregularidades en las indagatorias, el GIEI solicitó un nuevo estudio en el basurero de Cocula por no existir evidencias sobre la quema de los cuerpos; después de analizar las comunicación telefónica de los 43 jóvenes, se llegó a la conclusión de que la hora de su supuesta incineración no correspondía con los últimos minutos en que algunos de ellos mantuvieron activas sus líneas telefónicas.
Parte del trabajo de los especialistas extranjeros derivó en la localización de fosas clandestinas en esa región, que comprobaron los alcances de la operatividad del crimen organizado en esa zona del estado de Guerrero.
Otra de las aportaciones del GIEI fue la conciliación de reuniones entre familiares de los desaparecidos y autoridades de la PGR, en especial, con la procuradora Arely Gómez.
La nueva investigación operará bajo un “Mecanismo Especial de Seguimiento a las Recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes”.
Pero más allá de la colaboración de un equipo especializado que abone a esclarecer el paradero de los 43 normalistas y el grado de culpabilidad de los detenidos relacionados a este caso, se requiere un compromiso real de las autoridades mexicanas para dar continuidad y acatar las recomendaciones del grupo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
Desmarañar los hechos que ocurrieron el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, que dejaron un saldo de 43 jóvenes desaparecidos, podría ser un imposible.
A casi dos años de la incertidumbre, hay respuestas inconclusas y dudosas versiones; pero la verdad no saldrá a flote aun con el apoyo de organismos internacionales, si el Estado no asume su responsabilidad y no se atreve a destapar las cloacas más sucias del caso Ayotzinapa, que es solo uno de muchos que a diario suceden en el país.
Habrá que preguntar lo que sucede en Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Sinaloa, y recientemente Morelos y Quintana Roo, para saber que entonces en México se requieren de muchos equipos de expertos que ayuden solo a esclarecer los móviles de asesinatos, pero que no acabarán con la infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas que tienen de cabeza al país con tanta violencia.
