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Condenamos la represión en Nochixtlán y respetamos el derecho a la disidencia, pero la tensión social debe distenderse.

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Privilegiarlo y profundizarlo

Mediante el diálogo, en Oaxaca y Chiapas debe restablecerse plenamente el Estado de derecho. Las poblaciones de estas importantes entidades del sur-sureste del país, poseedoras de grandes tradiciones libertarias y de lucha social, merecen gozar de todas las libertades y derechos que establece la Constitución y las leyes locales y federales.

A la brevedad, el actual conflicto entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el gobierno federal debe privilegiar y profundizar el camino del diálogo, para que hechos tan lamentables y condenables como los de hace unos días no vuelvan a repetirse, y que en las regiones donde se presentaron estos acontecimientos vuelvan a su cotidianidad.

En estados como Oaxaca y Chiapas, la disidencia magisterial posee una importante base social. En un gran número de familias oaxaqueñas y chiapanecas, al menos uno de sus integrantes pertenece al magisterio. Además un número importante de organizaciones sociales apoyan a los maestros, no me refiero únicamente a aquéllas que protagonizan hechos violentos o de agresión a personas que no comparten sus planteamientos, sino a padres de familia, líderes comunitarios, médicos, entre otros. De ninguna manera se debe pretender minimizar la presencia social en la lucha de la disidencia magisterial.

Sin embargo, los otros sectores de la sociedad que se han mantenido ajenos a este conflicto han sido afectados; me refiero a los empresarios que han visto caer dramáticamente sus ingresos, los prestadores de servicios, los profesionistas y pequeños empresarios. Todos ellos también merecen que sus derechos sean respetados.

Resulta inaceptable que los bloqueos en Oaxaca y en Chiapas persistan. Estas expresiones deben separarse del tema educativo. Por supuesto que condenamos la represión en Nochixtlán y respetamos el derecho a la disidencia, pero la tensión social que se ha instalado en estas entidades debe distenderse. Pongámonos en su lugar, pensemos por un momento en la situación que se vive en esas zonas. Más de un mes de conflicto, de bloqueos, de marchas, de plantones y de mítines, la población comienza a sentir los estragos. Cancelación de vuelos y de reservaciones de hotel, desabasto y aumento exorbitante de algunos productos como el kilogramo de huevo y el litro de gasolina.

Debe insistirse en que la CNTE busque nuevas formas de expresión política y de manifestación pública; nadie piensa que baje sus banderas, porque éstas son legítimas, pero sus formas de expresión, de manifestación han llevado a la ruptura del orden social en varias zonas del país, una situación que debemos mencionar y pedir que termine. Nadie insinúa el uso de la fuerza, mucho menos la imposición del orden, pero la situación debe resolverse. Ya conocemos cómo puede terminar el uso de la fuerza; puede terminar en mayor violencia y en una mayor polarización social.

En los lamentables y condenables hechos de Nochixtlán, la fuerza pública falló en sus protocolos de disciplina y de inteligencia. Debe haber justicia y los responsables de estos asesinatos deben pagar por sus actos. Resulta positivo que el diálogo de la CNTE y el gobierno se haya restablecido, a pesar de sus complejidades. Por supuesto que el gobierno debe escuchar a los padres y a los familiares de las nueve personas muertas. Debe terminarse con el escenario de confrontación y pasar a una ruta del acuerdo político. Esto tiene sus complicaciones, sí, pero a favor del diálogo debemos estar prudentes, haciendo llamados a la búsqueda de acuerdos. ¿Cuál es el límite que debe de haber en esos bloqueos? Garantizar la paz social, que pueda mantenerse una convivencia en la vida social de las comunidades y los derechos humanos de todas las partes involucradas.

El gobierno federal cifró su estrategia en las reformas estructurales; la principal, la reforma educativa. Desde el principio, la reforma energética tuvo mala suerte, la caída de los precios del petróleo y del gas hicieron que la proyección de inversión privada nacional y extranjera no se cumpliera; la reforma en telecomunicaciones rendirá sus frutos en el mediano y largo plazo, por eso la relevancia de la reforma educativa en esta etapa del actual gobierno. Desde mi perspectiva, ninguna ley debe ser absolutamente intocable o cerrada; deben adaptarse a la realidad.

En este momento, no me pronunciaría por una revocación de la reforma educativa; lo que procedería sería un análisis, una evaluación, establecer los mecanismos para una capacitación permanente, en todo caso, pero no me pronuncio por la cancelación de la reforma educativa. Tampoco estaría por una especie de estado de excepción de la reforma educativa en Oaxaca y Chiapas. Sería una decisión arbitraria de la autoridad, porque no puedes dejar de aplicar la ley en donde tú quieras. La ley se aplica de manera general en todo el territorio nacional si es una ley federal, por esta circunstancias debe fortalecerse la ruta del diálogo, el consenso y paz social.

@MBarbosaMX

Coordinador parlamentario del PRD en el

Senado de la República.