EDITORIAL
El perdón del Presidente de la República por la llamada Casa Blanca tuvo como propósito recuperar la aceptación y popularidad que han perdido él y su gobierno.
Un error de párvulos —que debió corregirse de manera inmediata— tuvo inmensas consecuencias para la credibilidad de este gobierno. El mismo Enrique Peña Nieto lo reconoció al promulgar el Sistema Nacional Anticorrupción: “En carne propia sentí la irritación de los mexicanos. Lo entiendo perfectamente; por eso con toda humildad les pido perdón”.
Un perdón, debe decirse, esperado por la nación desde hace mucho y que todos los servidores públicos deberían entender en su profundidad y magnitud.
El perdón en política tiene su propia dimensión social. Es una virtud pública, supone una toma de conciencia sobre el daño que se causó, hay en él la búsqueda de reconciliación y, sobre todo, exige saber si la otra parte, la sociedad, ya ha perdonado.
Trasciende, sin embargo, que ese perdón forma parte del cambio de imagen que promueven los estrategas en mercadotecnia y comunicación de la Presidencia de la República para vender una imagen más humana del Ejecutivo federal y elevar así los índices de popularidad.
Para variar, se invierte el orden de los factores, lo que, en este caso, altera y pervierte el producto. No son las redes sociales ni la fotografía o el spot los que van a lograr, por sí solos, que el Presidente vuelva a tener la aceptación de antes.
El problema central es de credibilidad, y la credibilidad no necesita de maquillaje, de costosa y relumbrante parafernalia, de spots y reflectores. La credibilidad requiere de decisiones claras, contundentes y de congruencia, lo cual al final del día es lo más importante.
Lo que hoy espera la sociedad, después de la promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción, es que se deje de proteger a gobernadores, empresarios, altos y medianos funcionarios, líderes sindicales involucrados en actos de corrupción.
Investigarlos y procesarlos judicialmente sin importar que esos gobernadores, secretarios de Estado o funcionarios sean priistas o no priistas; panistas o no panistas; perredistas o no.
Vienen para el gobierno varias pruebas de fuego. Las más inmediatas son el nombramiento del fiscal anticorrupción y la sustitución de la Procuraduría General de la República por una fiscalía autónoma que no esté supeditada al poder presidencial.
No debe haber duda sobre la independencia de ambas; lo mismo de partidos, que de gobiernos o grupos de interés.
Si hay duda o sospecha; si en lugar de nombrar a un abogado profesional y éticamente acreditado se elige como fiscal anticorrupción al compadre; o se lleva a la Fiscalía General de la República al socio, amigo o cómplice, la lucha contra la corrupción y la impunidad se verá como una farsa. Para decirlo de otra manera: el Sistema Nacional Anticorrupción habrá nacido muerto.
Y nadie, ni un genio en redes sociales o mercadotecnia, podrá salvar la imagen del gobierno a 24 meses de las elecciones federales y cuando la ciudadanía está ansiosa de emitir su voto para castigar excesos y simulación.
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